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Desde 2005, como resultado del proceso de negociación del gobierno colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia, alrededor de 35 mil paramilitares se desmovilizaron. Como mecanismo para la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las diferentes estructuras del paramilitarismo, el Congreso de la República aprobó la Ley 975 de 2005. Esta ley crea un mecanismo especial de persecución penal, establece la obligación de la reparación a las víctimas y condiciona el beneficio de pena alternativa a la contribución al esclarecimiento de la verdad.

Diferentes mecanismos para el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se han puesto en marcha desde entonces. Sin embargo, se ha tratado principalmente de esfuerzos dispersos que no han correspondido al diseño de una estrategia de justicia transicional.

La presente línea de tiempo presenta las normas, leyes y decretos, así como los autos y sentencias de las Altas Cortes que establecen los parámetros de las medidas de justicia transicional que hasta ahora ha adoptado el Estado colombiano. Así mismo, incluye las medidas, los mecanismos y las instituciones diseñados e implementados hasta ahora. La descripción que aquí se hace de estos mecanismos refleja los objetivos trazados por el Estado al crearlos, y no incluye ningún análisis o valoración de los mismos por parte del ICTJ. Análisis sobre algunos de estos mecanismos pueden encontrarse en las diferentes publicaciones y artículos de prensa escritos por el ICTJ.

Esta presentación de los mecanismos de justicia transicional adoptados en el país espera ser una contribución a la reflexión acerca del modelo más adecuado para Colombia. La experiencia internacional ilustra la importancia de contar con una política comprehensiva de justicia transicional que contribuya a la transformación política y social de los países en transición de regímenes autoritarios a la democracia o de la guerra a la paz. Sólo así se podrá superar el legado de violaciones de derechos humanos, reconocer la verdad de lo ocurrido y sentar bases sólidas para la no repetición.

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Foto por: Camilo Aldana Sanín
 

2005

 

Ley 975 o "ley de Justicia y Paz"

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Ley 975 o "ley de Justicia y Paz"

Justicia Penal
Desmovilización de grupos paramilitares en 2003. Foto: Getty Images Desmovilización de grupos paramilitares en 2003.
Foto: Getty Images

La Ley 975 de 2005, más conocida como ley de Justicia y Paz, fue aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe para facilitar la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. Dicha ley regula la investigación, el procesamiento y la sanción de las personas que deciden desmovilizarse, y les otorga beneficios judiciales bajo la condición de cumplir con medidas como la verdad, la reparación de las víctimas y una adecuada resocialización.

El texto original de la Ley aprobada en el Congreso fue modificado por las sentencias de constitucionalidad emitidas por la Corte Constitucional y principalmente por la sentencia C-370 de 2006. En 2012 fue aprobada la Ley 1592 que reforma la Ley 975.

 
 

Creación de la institucionalidad para el proceso penal de Justicia y Paz

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Creación de la institucionalidad para el proceso penal de Justicia y Paz

Justicia Penal
Creación de la institucionalidad para Justicia y PazEs Audiencia de Justicia y Paz contra guerrilleros desmovilizados..
Foto ICTJ

Para poner en marcha el mecanismo especial de justicia penal creado por la Ley 975, se crearon salas de Justicia y Paz en los Tribunales Superiores de Medellín, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. Estas salas están conformadas por magistrados encargados de juzgar a los desmovilizados que han sido postulados por el gobierno al proceso de Justicia y Paz, siguiendo los pasos establecidos en la Ley: versión libre, imputación de cargos, legalización de cargos, incidente de reparación y lectura de sentencia. Así mismo, se crearon áreas especializadas en otras instituciones como: la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar e imputar cargos a los postulados; el área de Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación, que representa a las víctimas indeterminadas y vela por el debido proceso en todas las etapas del proceso judicial; y el área de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, que dispone defensores públicos tanto para los postulados como para la representación judicial de los derechos e intereses de las víctimas.

 
 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR

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Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR

Reparación
Creación de la institucionalidad para Justicia y PazMiembros de la CNRR
Foto: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR-, creada por la ley de Justicia y Paz y conformada por representantes de entidades gubernamentales, órganos de control y representantes de la sociedad civil fue la primera entidad encargada de construir el modelo de reparación de las víctimas e iniciar su implementación. Elaboró varias publicaciones sobre criterios para la reparación de las víctimas y la construcción de memoria. La CNRR terminó sus funciones en diciembre de 2011, tras la aprobación de la "Ley de víctimas", que creó una nueva institucionalidad para la reparación de las víctimas y la construcción de la memoria histórica.

 
 

Grupo de Memoria Histórica

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Grupo de Memoria Histórica

Verdad y Memoria
Programa de reintegración de desmovilizados. Foto: Diego Zamora Foto: Grupo Memoria Histórica--

El Grupo de Memoria Histórica fue creado en 2005 como un ente vinculado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y estuvo conformado principalmente por académicos. El Grupo tuvo como fin elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identificara las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como las distintas memorias de la violencia, con una opción preferencial por las voces de las víctimas. El Grupo de Memoria Histórica publicó informes sobre la verdad y la memoria del conflicto armado en varias regiones del país, Tras la creación de la "Ley de víctimas", las actividades del Grupo de Memoria Histórica fueron asumidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Encuentreaquí todas las publicaciones del Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica

 

2008

 

Decreto 1290, mecanismo para la indemnización de las víctimas

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Decreto 1290, mecanismo para la indemnización de las víctimas

Reparación
Petronila Mendoza en su casa en Barranquilla. Foto: Camilo Aldana Sanín. Documental Y sin embargo, crecen flores, ICTJPetronila Mendoza en su casa en Barranquilla.
Foto: Camilo Aldana Sanín. Documental Y sin embargo, crecen flores, ICTJ

El Decreto 1290, aprobado en abril de 2008, establece la indemnización por vía administrativa para las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley. La medida, que fue puesta en marcha desde julio de 2009, entregó alrededor de 18 millones de pesos a familias de víctimas que hubieran sufrido violaciones de los derechos a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y la libertad sexual. En este decreto las víctimas de agentes del Estado fueron excluidas.

 

 

 

2010

 

Ley 1424, o Acuerdos de la Verdad

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Ley 1424, o Acuerdos de la Verdad

Verdad y Memoria

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica Foto: Centro Nacional de Memoria HistóricaLa Ley 1424, sancionada en diciembre de 2010, establece un mecanismo no judicial de contribución a la verdad que concede beneficios jurídicos a miembros de los grupos organizados al margen de la ley por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos y transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Estos beneficios se conceden con la condición de suscribir un Acuerdo de contribución a la verdad con el Estado.

Este mecanismo se ha denominado Acuerdos de la Verdad, y es implementado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

 

 

2011

 

Ley 1448 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras"

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Ley 1448 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras"

Reparación
Ley 1448 o ley de víctimas y de restitución de tierrasComunidad de Mampuján en acto de memoria.
Foto: Rosángela Roncallo. Imágenes para resistir al olvido

La Ley 1448, aprobada en junio de 2011, establece un conjunto de medidas para la reparación integral de las víctimas, que incluye la definición del universo de beneficiarios, medidas de asistencia, de compensación económica, de rehabilitación, de restitución de tierras y medidas de satisfacción, entre ellas la creación del Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas, que desde entonces se celebra el 9 de abril. Para desarrollarla, creó tres instituciones: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la "Unidad de Tierras" y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió dos documentos Conpes: el 3712, que establece el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448, y el 3726, que define los lineamientos, el plan de ejecución de metas, el presupuesto y el mecanismo de seguimiento correspondientes al Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

 
 

2012

 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

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Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Reparación

Unidad de VíctimasLa Unidad de Víctimas presenta en las regiones su plan de reparación individual.
Foto: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conocida como la Unidad para las Víctimas, comenzó a funcionar en enero de 2012. Esta entidad, creada por la "Ley de víctimas", tiene a su cargo la creación e implementación de la política pública de atención y reparación a víctimas, así como la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV), compuesto por un conjunto de entidades públicas del orden nacional y territorial. La "Unidad de Víctimas" se encarga también del Registro Único de Víctimas, de las acciones de asistencia humanitaria, de la indemnización de las víctimas y de los planes de reparación individual y colectiva.

 
 

Unidad de Restitución de Tierras

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Unidad de Restitución de Tierras

Reparación
Unidad de Restitución de Tierras Aniversario del desplazamiento de la comunidad de Chengue.
Foto: Diana Maldonado. Imágenes para resistir al olvido.

La Unidad de Restitución de Tierras comenzó a funcionar en enero de 2012 como la institución encargada del procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y el abandono forzoso en el marco del conflicto armado interno. Entre otras funciones, la "Unidad de Tierras" está encargada de crear un registro de tierras abandonadas y despojadas, de recibir las reclamaciones de las víctimas, estudiar cada caso, acumular las pruebas y preparar la demanda que luego presenta al juez de tierras. Cuando no sea posible restituir el predio, el Estado paga a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar.

 
 

Jueces de tierras

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Jueces de tierras

Reparación
Jueces de TierrasEncuentro Nacional de Jueces de Tierras, 2012.
Unidad de Restitución de Tierras

El 15 de junio de 2012 se presentó la primera demanda ante los jueces de restitución de tierras. Estos son jueces civiles del Circuito especializados en restitución de tierras, según ordena la "Ley de víctimas y restitución de tierras". Ellos conocen y deciden, en única instancia, los procesos de restitución de tierras y los procesos de formalización de títulos de personas que han sido despojadas o forzadas a abandonar sus predios.

 
 

Centro Nacional de Memoria Histórica

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Centro Nacional de Memoria Histórica

Verdad y Memoria
Centro Nacional de Memoria Histórica  Entrega del informe de memoria en El Salado.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado a comienzos del año 2012, según lo estableció la Ley 1448. Es la entidad encargada de promover procesos que garanticen el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la reconstrucción de la memoria histórica. Para ello, entre otras funciones, el Centro debe "reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones", y crear y administrar un programa de derechos humanos y memoria histórica y un museo de la memoria. El Centro tiene también a su cargo el desarrollo de los Acuerdos de contribución a la verdad.

Encuentreaquí todas las publicaciones del Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica

Informes:

 
 

Acto legislativo 01 de 2012 o "Marco jurídico para la paz"

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Acto legislativo 01 de 2012 o "Marco jurídico para la paz"

Justicia Transicional
Marco jurídico para la paz Marcha por la paz el 9 de abril, día de las víctimas.
Foto: ICTJ

A mediados de 2012 fue aprobada, después de grandes debates en el país, la reforma constitucional de justicia transicional conocida como el Marco Jurídico para la paz (Acto legislativo 01 de 2012). Esta reforma constitucional autoriza la creación de mecanismos extrajudiciales de justicia, el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos, la suspensión de la ejecución de la sanción, la renuncia a la persecución penal para los hechos no seleccionados, y la creación de una comisión nacional de verdad, entre otros temas.

 
 

Ley 1592 de 2012 o "Reforma de Justicia y Paz"

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Ley 1592 de 2012 o "Reforma de Justicia y Paz"

Justicia Penal
Marco jurídico para la paz Audiencia de Justicia y Paz en el caso contra Hernán Giraldo. Bloque Resistencia Tayrona.
Foto: ICTJ

En 2012 entró en vigencia la Ley 1592, que reforma la Ley 975 de 2005. En la reforma se adopta un enfoque de investigación a partir de la identificación de patrones de macro-criminalidad. Se incorpora el concepto de daño colectivo y se sustituye el incidente de reparación por el incidente de identificación de afectaciones. Así mismo, se determinan las causales de exclusión del proceso de Justicia y Paz -como la no entrega de bienes-, y los criterios para otorgar la libertad a los postulados una vez cumplido el tiempo de privación de la libertad definido por la ley.