ICTJ in the News

August 16, 2008

Deslindes. Verdugos sin refugio (Spanish only)

La Republica

Eduardo González Cueva

El pasado 11 de febrero, en una corte de Miami, Telmo Hurtado se encontró cara a cara con dos sobrevivientes de la masacre que encabezó, en Accomarca, 23 años atrás. El encuentro se desenvolvió sin dramas, discretamente. En realidad, quienes asistimos no nos percatamos al principio de la aparición de Hurtado en la sala: dos gigantescos guardias lo empequeñecían, y salvo por el ruido de las cadenas que delataban su presencia, hubiera sido imperceptible. De hecho, no se quedó más de 15 minutos en la sala, puesto que se rehusó a declarar o siquiera a escuchar los testimonios de sus víctimas.

Igual medroso comportamiento ante la justicia ha tenido el antiguo teniente Juan Rivera Rondón, jefe de una de las cuatro patrullas que asaltaron Accomarca. Rivera tiene una orden de deportación, pero el pasado 30 de junio, cuando se le escoltó a un avión comercial que lo llevaría de Estados Unidos al Perú, se debatió a golpes con sus guardias, gritó y maldijo con tal escándalo que la línea aérea se rehusó a embarcarlo. Rivera Rondón, cuya deportación es -de todos modos- inminente, parece preferir la soledad de una celda americana que enfrentar a las víctimas.

Un tercer oficial, David Castañeda, cuya tarea en Accomarca fue cerrar las vías de escape a las mujeres y niños atrapados por Hurtado y Rivera, también será deportado. El pasado 30 de julio, un juez federal confirmó la orden y liquidó toda posibilidad de asilo, debido a que Castañeda mintió repetidamente al relatar los hechos de Accomarca. Con fotos satelitales y mapas militares en mano, el servicio de inmigración estadounidense demostró que Castañeda no pudo -como pretendía hacer creer- haber estado lejos de la masacre, sin enterarse de lo que ocurría.

Los tres perpetradores enfrentan, junto a los jefes que diseñaron el operativo en Accomarca, un proceso abierto en la justicia peruana. Para ellos, luego de años tratando de pasar desapercibidos en los Estados Unidos, ha de haber sido una sorpresa que las autoridades norteamericanas decidieran buscar su deportación. Ignoraban que la agencia de inmigración de los EEUU tuviera una unidad especializada en derechos humanos, llevando procesos de deportación contra más de 800 personas, de 85 distintas nacionalidades, por su participación en crímenes de guerra.

Hurtado, Rivera y Castañeda, asimismo, ignoraban que existen diversos instrumentos legales en EEUU diseñados para castigar a criminales de guerra presentes en territorio estadounidense. Así, por ejemplo, bajo la Ley sobre Daños a Extranjeros (Alien Tort Statute - ATS) y la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, víctimas en cualquier lugar del mundo pueden llevar un juicio civil contra personas presentes en los EEUU. Hurtado fue juzgado bajo la ATS y condenado a pagar 35 millones de dólares a los sobrevivientes de la masacre; bastante más que la multa de 800 dólares a que lo condenara un espurio proceso en el fuero militar, luego de la matanza.

Los criminales que viven o, incluso, meramente visitan territorio estadounidense tienen que lidiar, entonces, tanto con el riesgo de juicios ruinosos como con la posibilidad de ser deportados a su país de origen. Estas "pinzas" legales debieran preocupar a otros acusados viviendo en Estados Unidos, pero son definitivamente una buena noticia para las víctimas y su clamor de justicia.

Eduardo Gonzalez is Director Adjunto para las Américas. Centro Internacional por la Justicia Transicional, Nueva York. egonzalez@ictj.org

"Deslindes. Verdugos sin refugio" was originally published by La Republica.