ICTJ in the News

March 19, 2005

Entrevista con Juan Méndez, asesor especial de Kofi Annan

Radio Nederland

por Mabel González Bustelo y Nieves Zúñiga García-Falces

'Quienes más se quejan de la ineficacia de la ONU son los mismos que toman acciones que minan su eficacia'.

Juan Méndez es consejero de Naciones Unidas para la prevención del genocidio, cargo propuesto por Kofi Annan al Consejo de Seguridad en julio de 2004. Abogado y preso político en Argentina durante los años setenta, Méndez es el primero en ocupar un puesto cuyo objetivo es evitar tragedias como el genocidio en Ruanda en 1994.  Posee una larga trayectoria de trabajo en relación con la defensa de los derechos humanos en la que destacan sus quince años de trabajo con Human Rights Watch. En la actualidad dirige el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés). En esta entrevista Méndez reflexiona sobre su mandato y sobre cuestiones de la actualidad internacional como la situación en Darfur, la política de EE.UU. ante la Corte Penal Internacional, los ataques y reforma de Naciones Unidas o la colaboración internacional en materia de justicia respecto a los casos de las dictaduras militares de Argentina o Chile.

P. ¿Qué significado tiene la creación de un cargo de asesor del Secretario General de la ONU para la prevención del genocidio? ¿Cuáles son sus objetivos?

R. Lo primero es la creación de un sistema de alerta y respuesta tempranas para que la comunidad internacional esté en condiciones de actuar a tiempo en situaciones con riesgo de deterioro hacia el genocidio, con el fin de impedirlo. Es una respuesta a situaciones como Ruanda o Srebrenica y se inspira en la base de que la disponibilidad de información hará posible la acción temprana. Se puede discutir si existía o no información en estos dos casos pero, ahora, tanto el Secretario General como el Consejo de Seguridad insisten en que, si se tiene información en el momento adecuado, se puede actuar.

P. Pero, ¿cuál es el momento adecuado?

R. Si uno anticipa por años y hasta décadas lo que puede llegar a pasar en algún lugar, lo más probable es que nadie lo escuche, ningún órgano político querrá anticiparse en tanto tiempo. Pero si se espera demasiado, puede ser tarde. Eso es lo más difícil de mi tarea. No tanto la información (lo que es bastante difícil en sí mismo porque hay mucha pero no bien organizada) sino cómo poder utilizarla para prevenir un genocidio. Otro desafío es cuál es la acción oportuna. Yo tengo la responsabilidad no sólo de dar alertas, sino de sugerir qué medidas se pueden tomar para impedirlo. Eso es tan contingente, tan relacionado con el contexto de cada país y con la historia del conflicto, que requiere disposición al análisis y a la información. Por eso estoy tratando de asesorarme por gente que conoce bien estos conflictos, lo que me permite determinar qué va a funcionar y qué no.

P. ¿Cuáles son los límites de su acción? ¿Hasta dónde puede llegar?

R. La posibilidad más clara es enviar una nota al Secretario General y al Consejo de Seguridad con alerta y sugerencias para la acción, pero de ninguna manera estoy limitado a eso. Al contrario, se me ha alentado a que hable públicamente y diga todo lo que tenga que decir, aunque luego ellos puedan distanciarse de mis afirmaciones. Y creo que también hay posibilidades de algún tipo de diplomacia silenciosa. Todo ello está sujeto a mi criterio y juicio político. El único criterio fundamental es si creo que va a ayudar o a empeorar las cosas. Mi instinto, viniendo del mundo de la defensa de los derechos humanos, es que cuanto más claro hablemos, con más firmeza y claridad, mejor. Sin embargo, en algunos casos se requiere la cooperación de ciertas autoridades y es mejor que reciban la información a través de uno mismo y no por la prensa. Hay que elegir el momento y lugar oportuno.

P. La denominación de genocidio fue muy problemática en el caso de Ruanda. Se ha denunciado que la comunidad internacional no lo calificó como tal para evitar la obligación de intervenir. ¿Sólo puede calificarse un genocidio a posteriori? ¿Cómo se distingue de una violación grave y masiva de los derechos humanos?

R. Mi tarea es la prevención. Por tanto, si espero a que se den objetivamente todos los elementos de la definición internacional del genocidio, la consecuencia es que llego tarde. Yo no voy a dejar de actuar ante riesgos reales para la vida y la integridad física de mucha gente porque no esté claro que va a ser un genocidio. Ante estas situaciones, que si se dejan seguir podrían llegar a ser genocidio, yo puedo actuar. Esto me libera de algunas responsabilidades, pero también me obliga a actuar sólo en situaciones que tienen un componente racial, étnico o religioso claro, donde hay poblaciones en riesgo definidas por esos componentes, y donde hay un alto nivel de violencia, no necesariamente de hecho sino potencial. Una de las notas que envié al Consejo de Seguridad se relacionaba con Costa de Marfil, donde tropas extranjeras separan al Gobierno y las fuerzas rebeldes. En noviembre hubo expresiones de odio racial que podían resultar en violencia desenfrenada y actuamos para impedirlo denunciando que la instigación a cometer delitos contemplados por el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI), era considerada también un delito por el Estatuto y los actores podrían ser sometidos a ese tipo de juicio penal. Afortunadamente, no sólo por mi intervención sino por otras razones, esa amenaza se frenó.

P. ¿Cómo podrían calificarse los acontecimientos en Darfur, Sudán?

R. Lamentablemente hemos quedado atrapados en una discusión sobre si es igual a Ruanda o no. Y peor aún, algunos medios de prensa creían que si no se determinaba que era genocidio no se podía actuar. Eso no es cierto. La comunidad internacional tiene obligación de actuar en forma de prevención y de castigo no sólo con relación al genocidio sino a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Mi tarea en Darfur tenía que ver con medidas de prevención para el futuro, no con lo que había pasado en 2003 y principios de 2004. Eso se le encargó a la Comisión Internacional de Investigación, que acaba de presentar su informe. Esta comisión ha concluido que no ha habido una política de genocidio definida de forma oficial, pero no descarta la intención genocida por parte de algunos funcionarios y dirigentes de los "Janjawid". También sostiene que esto debe determinarlo una corte jurídica que tenga a su cargo la investigación y sanción de los episodios, ya que la comisión sólo ha hecho una investigación general. Estas conclusiones van a causar polémica porque muchos, incluso algún gobierno como el estadounidense, habían llegado a la conclusión de que era genocidio. Puede haber diferencia de opiniones respecto a lo ocurrido en Darfur, pero quienes sostienen que es genocidio tienen también la obligación de argumentarlo. Yo creo que la comisión tiene razón, y que los crímenes que se han cometido, que son crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, son de todas formas gravísimos y justifican la intervención de la comunidad internacional.

P. ¿Cuál sería su propuesta para juzgar estos crímenes: CPI o tribunal especial como los de la ex Yugoslavia o Ruanda?

R. Yo creo que la comisión tiene razón cuando afirma que éste es un caso previsto en el Estatuto de Roma y recomienda que el Consejo de Seguridad, aplicando el capítulo VII de la Carta de la ONU, refiera el caso a la CPI. Crear un tribunal nuevo y nombrar el fiscal, dar tiempo a contratar personal, etc., sería una demora excesiva y no justificada existiendo una instancia que ya está en funcionamiento y que tiene una oficina del fiscal bien constituida y en condiciones de comenzar hoy a trabajar.

P. La CPI fue vista como un gran avance en el principio de justicia universal. Los ataques de EE.UU. contra ella, primero tratando de limitar sus competencias, luego firmando acuerdos bilaterales de inmunidad para sus ciudadanos con numerosos gobiernos, etc., ¿minan su capacidad? ¿Qué futuro tiene frente a estos ataques?

R. Los ataques significan por sí mismos una merma de la legitimidad y eficacia de la Corte, pero no creo que sean fatales porque cuenta con más de 100 ratificaciones sobre 191 países y en un periodo de cuatro o cinco años. La suerte de la Corte no está determinada por lo que haga EE.UU. Lo más importante es que la ratifican los países democráticos del mundo, con excepción de EE.UU. La mayoría de ellos son sus aliados, por lo que tarde o temprano esta hostilidad estadounidense puede llegar a aminorarse. El problema es que el desinterés de EE.UU. ha ido mucho más allá: ha tratado de influir en otros países para que no ratifiquen, ha amenazado con recortes en la ayuda militar, ha hecho firmar acuerdos bilaterales, etc., y todo ello puede limitar la eficacia futura de la Corte. Sobre el caso de Darfur, la única manera de que la Corte tenga competencia es a través de una acción del Consejo de Seguridad, y la posición de EE.UU. siempre fue favorable a que la única forma de que actuara la Corte fuera a partir de una medida del Consejo. Si EE.UU. está interesado en evitar la impunidad y castigar a los responsables de Darfur, este caso podría crear precedente porque no necesita ratificar, sino que puede, si no votarlo, al menos abstenerse y dejar que actúe la CPI.

P. EE.UU. ha atacado en los últimos años el Derecho Internacional y el sistema multilateral. Organizaciones y sectores de defensa de los derechos humanos afirman que se está debilitando la protección de los derechos humanos en todo el mundo, en la medida en que muchos Gobiernos se amparan en la lucha contra el terrorismo tal y como la promueve EE UU y se sienten legitimados para hacer lo mismo, y utilizan un discurso equivalente para justificar su propia represión interna. ¿Estamos yendo hacia atrás en la protección de los derechos humanos, en lugar de avanzar como creíamos en los años noventa?

R. Como activista de derechos humanos y académico he afirmado que la política de la Administración Bush, tanto en sus prácticas en el ámbito interno como en su relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es perjudicial para el futuro del  movimiento de derechos humanos. Pero debemos ser conscientes de que en otros aspectos EE UU sigue jugando roles positivos. Por ejemplo, independientemente de estar o no de acuerdo con su posición en Darfur, el discurso del secretario de Estado Colin Powell cuando lo llamó genocidio tuvo un mérito indiscutible al movilizar a la opinión pública internacional. Además, en EE UU también hay una respuesta de su sociedad civil, muy contundente y seria, a los excesos en la lucha contra el terrorismo. Y los tribunales estadounidenses, después de su tibieza a partir del 11-S, están comenzando a responder. Hay que tener esperanza en que sea un fenómeno pasajero.

P. ¿George W. Bush, Tony Blair, eventualmente José María Aznar, podrían ser enjuiciados por lanzar una guerra ilegal contra Irak o por la muerte de entre 25.000 y 100.000 iraquíes, dependiendo de las fuentes, desde que comenzó la invasión?

R. Dependería de bajo qué foro. En el caso del Reino Unido hay un argumento muy serio y es que todas sus acciones en Irak están sujetas a las obligaciones contraídas al firmar el Estatuto de Roma y ante la Corte Europea de Derechos Humanos. El caso de EE UU es un poco más complicado porque el régimen que se aplica es exclusivamente el derecho interno estadounidense (EE.UU. es signatario de las Convenciones de Ginebra pero éstas no tienen un órgano de aplicación). Supuestamente sus delitos deben ser juzgados por ellos mismos. Hay alguna actividad en ese sentido, juicios contra ciertos funcionarios menores en el caso de Abu Ghraib y las torturas a prisioneros. No abrigo muchas esperanzas de que estas investigaciones sean tan serias como deberían, pero tampoco descarto que alguien las promueva en su momento. Lo que no veo son posibilidades de juicio a nivel internacional para EE UU. Se podría pensar en aquellos países que tienen normas sobre jurisdicción universal, pero creo que después de los éxitos iniciales con el caso Pinochet y otros, está muy cuestionado y presenta serias dificultades políticas, así que no espero que porque a alguien se le ocurra presentar un caso en Bélgica vayamos a tener justicia sobre Irak.

P. Como activista de derechos humanos, jurista y argentino, ¿cómo está viviendo el juicio al militar Adolfo Scilingo en la Audiencia Nacional española?

R. Con mucha anticipación e interés. Scilingo es un personaje complicado, porque por un lado contribuyó bastante al conocimiento de la verdad, con las entrevistas que el periodista Horacio Verbitsky publicó en un libro pero, por otro lado, merece ser castigado y condenado si se le declara culpable. Aunque ahora él la niega, creo que su participación se puede comprobar. No quiero adelantarme a las evidencias, que además no conozco porque no tengo acceso a las pruebas, pero creo que este juicio hay que considerarlo parte de un universo más grande de acciones contra la impunidad. Esto incluye acciones que se están desarrollando en Argentina y que son apoyadas por el trabajo que se ha hecho en las instancias internacionales de protección, por ejemplo decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que han ayudado a la sociedad civil argentina a superar los obstáculos de las leyes de obediencia debida y juicio final y a promover una acción más seria. Hay que reconocer que lo que está pasando en Argentina tal vez no hubiera ocurrido sin el impulso que dieron los tribunales españoles a la investigación de aquellos sucesos. En este sentido, también el caso Pinochet ayudó a que haya menos injusticia y menos impunidad en Chile, bastante menos de lo que había en 1998. No quiero decir que los chilenos nunca lo hubieran hecho pero hay una relación dialéctica clara entre ambas cosas, y lo mismo ocurre en Argentina.

P. Se dice que las sociedades civiles de Chile y Argentina han hecho más por el avance de la justicia universal que muchas instancias jurídicas y políticas. ¿Es  esta combinación de sociedad civil desde abajo y determinadas instancias desde arriba la mejor opción para hacer avanzar este principio?

R. El mérito de las sociedades civiles y las organizaciones de víctimas fue, en primer lugar, no bajar nunca la guardia y, en segundo, impulsar el uso adecuado y legítimo de las instituciones del Estado. Los tribunales por sí solos nunca lo hubieran hecho, pero las sociedades civiles por sí solas, sin jueces honestos y también imbuidos de su papel y su responsabilidad para la implantación de un verdadero Estado de derecho, tampoco lo hubieran conseguido. Podemos tener instituciones realmente valiosas, pero la responsabilidad de hacerlas eficaces es nuestra, de cada ciudadano y ciudadana.

P. La ONU está siendo sometida a un fuerte ataque desde EE UU y desde otros Gobiernos y sectores que la acusan de ineficaz. El asesor especial de Bush, Richard Perle, la llamó jaula de grillos. ¿Qué impacto pueden tener estos ataques sobre su legitimidad y capacidades? ¿De qué forma se puede plantear el futuro?

R. Tienen mucho impacto sobre la eficacia de la ONU, y lo más grave es que quienes más se quejan de su ineficacia son también quienes toman acciones que minan su eficacia. Es un juego perverso: primero le impido a la ONU hacer su tarea y luego digo que no sirve para nada. Pero, hasta los países más poderosos y sin competencia, como EE UU ahora, tarde o temprano tendrán que reconocer que no siempre pueden actuar solos, y que el orden jurídico internacional requiere un organismo como NN UU, que si no existiera habría que inventar. Esto no quiere decir que en el diseño y la conformación, y hasta la propia experiencia de la ONU, no haya cosas que replantear, revisar y autocriticar. No es un órgano perfecto. Pero no hay que olvidar que no es ni más ni menos que lo que los Estados miembros quieren que sea. Es injusto echarle a la ONU la culpa de sus limitaciones, cuando los Estados miembros no quieren que esas limitaciones se superen.

P. ¿Qué posibilidades hay de democratizar o al menos ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad? ¿O de incluir, como piden diversos movimientos sociales, una representación de la sociedad civil?

R. Temo que toda la discusión sobre la reforma de Naciones Unidas se centre en el Consejo de Seguridad porque es lo más urgente. El Consejo tiene muchísimo poder y su composición ha dejado de ser representativa del mundo de hoy. No sé cuáles son las posibilidades reales de que la reforma sea mejor que lo que tenemos, porque una vez que se abren las puertas, el resultado no está garantizado. Pero creo que habrá una discusión seria sobre la reforma del Consejo y ojalá vaya más allá de eso porque en el informe del Panel de Alto Nivel hay otras ideas muy interesantes que harían a la ONU mucho más eficaz.

P. ¿Cuál es su opinión acerca de la campaña contra Kofi Annan?

R. Responde a ciertos sectores de la opinión pública estadounidense, que siempre tuvieron una tendencia aislacionista y anti-internacionalista y que últimamente tienen más poder y están mejor representados en la Administración Bush. No quiero decir que toda la Administración se reduzca a esta ideología, pero ahora está mejor representada a nivel gubernamental que en los últimos cincuenta años. Han tendido a personalizar en Kofi Annan su desconfianza y temor al resto del mundo y a la internacionalización. La ideología va más allá, es anti-multilateralista y aislacionista, pero al tiempo dispuesta a que EE UU imponga su voluntad. No es aislacionista y prescindente, sino aislacionismo con acción, con pretensiones imperiales. Esto es lo más peligroso. Personalizarlo en Annan es una manera de tener un chivo expiatorio,  porque los argumentos en su contra no son muy fuertes. No pretendo hacer una defensa cerrada de un funcionario internacional que debe estar sujeto al escrutinio público, pero creo que al menos en cuestiones de derechos humanos ha tenido una actitud personal muy valiosa y ha sabido enfrentarse, a veces pagando costes políticos, a los poderes internacionales. Pienso que, como no hay mucha sustancia en las acusaciones, esto no irá mucho más allá y que podrá completar el periodo de dos años que le queda. Lo que temo es que, objetivamente, estos ataques tienden a obstaculizar e impedir un funcionamiento mejor de su oficina. Tal vez ése sea el objetivo real.

P. En estos días, con la reunión de donantes de Cartagena a principios de febrero y el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia, asistimos de nuevo al eterno debate entre justicia o paz. Como director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ¿cómo se puede lograr ese equilibrio y qué recomendaciones hacen para el caso de Colombia?

R. En este caso la discusión entre justicia y paz es un poco falsa. Incluso si se desmovilizaran por completo los paramilitares, Colombia no lograría la paz, porque sigue la guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No estamos en la situación de tener que aceptar condiciones de impunidad como paso previo para obtener una paz completa y duradera porque no es eso lo que va a ocurrir. La desmovilización es un objetivo importante y los paramilitares han sido una fuerza muy peligrosa, negativa y hasta mortal para los colombianos, por lo que uno no puede dejar de apoyar que de alguna forma se los neutralice y desmovilice. El problema es que, si la desmovilización se da con completa impunidad, la posibilidad de recreación de nuevas fuerzas paramilitares se hace más posible. Creo que es lícito que amplios sectores de la opinión pública colombiana y del mundo exterior insistan en que la desmovilización se apoye pero no en condiciones de impunidad. Hace falta un marco legal transparente y correcto que implique no sólo darles la oportunidad de desmovilizarse sino obligarlos a confesar crímenes, entregar bienes y tierras usurpados, y también pagar con prisión alguno de los crímenes cometidos. No se puede esperar que una persona que ha vivido de la violencia abandone las armas sino hay una cierta promesa de clemencia en la aplicación del Derecho, pero el Derecho hay que aplicarlo. Nuestro centro está trabajando y apoyando a sectores de la sociedad civil colombiana, e impulsando un proyecto de desmovilización que implique un cierto nivel de responsabilidad penal con distintas graduaciones según el grado de responsabilidad, para que no sea un ejemplo de completa impunidad. Es difícil decir si se va a conseguir o no, pero en este momento, gracias a la presión de Europa y en parte también de EE UU, el gobierno de Uribe está dispuesto por lo menos a discutir en el Congreso un marco legal.

Mabel González Bustelo y Nieves Zúñiga García-Falces (investigadoras del Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM)