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July 18, 2004

Juan Méndez: "La sociedad argentina dio una lección"

La Nacion

Nombrado por Kofi Annan asesor en la prevención de genocidios, el abogado se convirtió en el argentino más destacado en la lucha mundial por los derechos humanos; asegura que el acceso a la verdad de las víctimas es fundamental y que la sociedad civil argentina supo mantener vivo el tema más allá de lo que el Estado quería decretar

Por Alberto Armendáriz

NUEVA YORK-Las últimas han sido semanas muy ajetreadas para el abogado argentino Juan Méndez, activo defensor de los derechos humanos. No se había cumplido todavía un mes desde que lo designaron director del Centro Internacional de Justicia de Transición, organismo especializado en establecer las bases legales en países que han atravesado períodos de graves conflictos violentos, cuando ya estaba recibiendo, la semana pasada, una llamada del secretario general de Naciones Unidas para pedirle ser su asesor en la prevención de genocidios.

"No termino de leer un informe que ya tengo tres nuevos sobre el escritorio", comentó a LA NACION Méndez, de 59 años, en su oficina del distrito financiero de Manhattan.

Encarcelado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón por su defensa de los presos políticos, el joven Méndez se convirtió entonces en uno de los tantos "prisioneros de conciencia" adoptados por Amnistía Internacional. Así se mantuvo en los primeros años de la dictadura militar hasta que, gracias a la presión internacional, fue dejado en libertad en 1977 con la condición de dejar el país. Lo que no abandonó fue su lucha: durante los 15 años siguientes continuó defendiendo los derechos humanos en América latina desde la organización norteamericana Human Rights Watch, luego al mando del Instituto Interamericano para los Derechos Humanos de Costa Rica, y más tarde como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA.

Ahora, con el nuevo nombramiento, Méndez se convirtió en el argentino más destacado en la lucha por el respeto de los derechos humanos en todo el mundo.

-¿Qué se considera hoy genocidio?

-En Derecho Internacional el genocidio está definido en la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio de 1949, uno de los primeros instrumentos de derechos humanos, como una serie de actos graves cometidos en forma masiva o sistemática con la intención de destruir en todo o en parte una comunidad designada por sus características étnicas, religiosas o de origen nacional.

-¿Lo que sucedió en la Argentina durante la dictadura puede ser tomado como genocidio?

-Lo que pasó en la Argentina fue una tragedia con múltiples crímenes de lesa humanidad, pero no constituyó genocidio según la definición universalmente aceptada. Hay que entender que en 1949 la definición no incluyó la matanza o acciones cometidas con intención de destruir a una comunidad definida por la ideología o las ideas políticas. Dicen que Stalin se opuso a incluirla. Desde entonces se ha discutido si la definición no debería ser más amplia. De hecho, cuando España confirmó el pedido de extradición de Pinochet, se pronunció por la acusación de genocidio aduciendo que la definición había evolucionado y debía incluir el genocidio político o ideológico. Esa decisión, sin embargo, es válida para el derecho español, pero no un principio jurídico de aplicación universal.

-¿Cuáles son las violaciones masivas de derechos humanos más graves hoy en el mundo?

-No tengo determinado todavía un mapa ni una lista porque precisamente ésa es la tarea que me han encomendado: hacer un seguimiento de tales situaciones, incluyendo las que no estén en el radar de la comunidad internacional y que merecen atención. Mis primeras conversaciones indican que Sudán va a requerir una atención casi inmediata.

-El Centro Internacional de Justicia de Transición ya ha enviado un par de misiones a Irak ¿Qué se puede hacer allí hoy para que haya justicia sobre los crímenes de Saddam Hussein?

-Creemos que Saddam debe ser juzgado por los crímenes que cometió a lo largo de los años contra el pueblo iraquí, especialmente el caso de genocidio contra los kurdos. Como en todos los casos, insistimos en que un juicio de responsabilidad penal tiene que hacerse con las más amplias garantías de un juicio justo y de defensa. Tenemos algunas dudas con la creación de este tribunal un poco ad hoc, especialmente con el interés que tienen en la pena de muerte. Creemos que el derecho internacional requiere abjurar de la pena de muerte y aplicar algún otro castigo que la comunidad internacional reconozca como legítimo.

-¿Podría Saddam terminar ante un tribunal internacional especial, como Milosevic?

-Para ello se necesitaría una intervención del Consejo de Seguridad para crear un nuevo tribunal o ampliar la competencia del existente en La Haya para la ex Yugoslavia. Y Estados Unidos no va a consentir una transferencia de competencias a la Corte Penal Internacional cuando ha estado tratando de destruir esa nueva institución. Nosotros, igual que todos los grupos de derechos humanos, insistimos en que la mejor solución sería un tribunal híbrido, de jurisdicción interna, nacional, pero con apoyo internacional. Eso hubiera sido lo mejor.

-¿Apoya la idea de reparaciones a las víctimas, como ya adelantó Estados Unidos?

-Las reparaciones a las víctimas son un ingrediente fundamental de cualquier política de justicia de transición. Y es una obligación también del Estado cuando se cometen violaciones de los derechos humanos a nombre del Estado. Lo que no estamos del todo seguros es que el programa de reparaciones que Estados Unidos anunció sea lo más conveniente. En primer lugar, no se ha dicho quiénes son las víctimas ni cuánto será el monto reparatorio; nosotros pensamos que la reparación no puede ser solamente monetaria, tiene que incluir información. Está íntimamente ligado con lo que llamamos el derecho a la verdad, el derecho a saber todas las circunstancias que se puedan establecer sobre cómo ocurrió la violación de derechos humanos y por qué se repara ese daño.

-¿Cómo ve la experiencia de los dos tribunales especiales para Ruanda y la ex Yugoslavia?

-Lo importante de esos ejemplos fue que la comunidad internacional tomó en sus manos la responsabilidad de impulsar la justicia de transición cuando los Estados locales no querían o no podían hacer justicia. Y aunque esa idea estaba implícita en los instrumentos de derechos humanos desde después de la Segunda Guerra Mundial, nunca se había intentado. Es un gran logro de la comunidad internacional. Lo que pasa es que está limitado a momentos críticos. Por eso es que apoyamos firmemente la creación de la Corte Penal Internacional. Ahora la gran tarea es hacerla funcionar.

-¿Hay alguna diferencia en el trato que se tiene con las víctimas hoy de lo que se tenía con las víctimas de las dictaduras militares de América latina?

-Nosotros usamos el mismo principio: la perspectiva de las víctimas tiene que estar siempre bajo consideración. Eso lo aprendimos en América latina. Nuestras sociedades insistieron, a veces con éxito, otras sin, en que el Estado no puede disponer del derecho que tienen las víctimas a conocer lo que pasó, a obtener justicia o por lo menos tener el acceso a la justicia y obtener reparaciones. En ese sentido, como principio rector lo aplicamos en todos lados, especialmente en Afganistán e Irak. La diferencia muy grande, francamente, es que las víctimas no están ni tan organizadas como lo estaban en América latina, ni han logrado un grado de reconocimiento por parte del resto de la sociedad y del Estado. Hay miedo y desconfianza. Nosotros insistimos en que la creación de instituciones en la primera etapa de la transición tiene que tener en cuenta primero la necesidad inmediata emergente de que respondan a las necesidades de verdad, justicia y reparación, pero también a que ése sea el modelo por el cual se vayan creando instituciones firmes y duraderas que respondan a las violaciones de derechos humanos. Lo importante es que el Estado tenga una respuesta adecuada a las violaciones.

-¿Y la Argentina es vista como un éxito o como un fracaso en este sentido?

-En mi opinión personal, yo creo que la Argentina demuestra la permanencia de estos temas en el seno de la sociedad independientemente de lo que el Estado o la clase política quiera decretar respecto de ellos. El hecho de que después de las leyes de obediencia debida y punto final el asunto no muriera, que lo mantuviera vivo la sociedad civil, es una lección que la Argentina da al mundo. Eso no quiere decir que todo el proceso haya sido exitoso. No soy de los pesimistas que dicen que nada sirvió; sí creo que el informe de la Conadep y el juicio a los comandantes y la lucha contra las leyes de obediencia debida y punto final, y la recuperación de la memoria que se hace todos los días por vías estatales y no estatales, son aspectos muy positivos del caso argentino. Pero si la pregunta es si se ha conseguido la verdad y la justicia, lamentablemente la respuesta es no. Yo siempre recuerdo que Emilio Mignone, a pesar de haber sido quien condujo toda esta lucha de manera ejemplar, murió sin saber exactamente qué le pasó a su hija. Y eso es una falla, es intolerable que los padres de los desaparecidos y las Madres de Plaza de Mayo todavía hoy no tengan una verdad circunstanciada e individualizada sobre lo que le pasó a cada uno de sus seres queridos. Especialmente, cuando la información está en documentos que no se quieren revelar o la tiene gente que anda por la calle.

El perfil

Cárcel y exilio

Juan Méndez nació hace 59 años en Lomas de Zamora y estudió abogacía en Mar del Plata. Está casado y tiene tres hijos. Estuvo detenido en la Unidad 9 desde 1975 hasta 1977. Cuando fue liberado, se exilió en los Estados Unidos.

Prevención de genocidios

Enseñó en universidades norteamericanas y desde junio es director del Centro Internacional de Justicia Internacional (ICTJ). Esta semana fue designado en la ONU asesor especial de Kofi Annan para la prevención de genocidios.