ICTJ in the News

May 2, 2006

Las elecciones y la justicia pendiente

La Republica

Juan E. Méndez (*)

Perú se encuentra en una coyuntura marcada por dos temas de gran importancia para la dirección futura del país: las elecciones recientemente celebradas -cuya culminación vendrá en una segunda vuelta- y la resolución pendiente de la solicitud por lograr la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori, para que enfrente la justicia en su país. Desde la perspectiva internacional, esta coyuntura tiene como telón de fondo insoslayable el trabajo y las recomendaciones de la CVR y un reto delante de igual importancia en materia de justicia y reparaciones.

Hace veinte años, el consenso era que nada podía hacerse sobre las tragedias de derechos humanos recientes. Intentar algo equivalía a arriesgar la recurrencia del golpe de Estado o a desalentar el tránsito a la democracia en países vecinos. En el mejor de los casos, se admiraba el fundamento ético de la demanda de justicia, pero se afirmaba que solo los dirigentes democráticamente elegidos podían saber qué se podía hacer en sus países. La comunidad internacional no tenía nada que aportar. La situación es muy distinta hoy: existe un claro consenso en afirmar que las violaciones de los derechos humanos del pasado reciente reclaman una respuesta afirmativa del Estado y de la comunidad internacional.

Las lecciones de Argentina, Chile y Uruguay ilustran el camino que puede seguir el Perú. Advierten que, al no atender las necesidades de la justicia y las reparaciones ahora, simplemente se pospone el momento para hacerlo. Las dictaduras militares del cono sur profesaban defender los valores democráticos de los derechos humanos y la libertad para justificar los métodos de tortura y detención empleados. Alegaban "circunstancias excepcionales", lenguaje que hoy nos suena demasiado familiar. El resultado fue una tragedia humana y heridas profundas difíciles de cerrar. En el marco del abuso y la hipocresía, era difícil avizorar un tiempo en el cual la paz, la democracia y el respeto por los derechos humanos prevalecerían; y los pasados conflictivos de estos países podrían ser analizados y debatidos abiertamente.

La asunción de Michelle Bachelet en Chile -una mujer, socialista, ex prisionera política e hija de un hombre asesinado por el régimen de Pinochet- es el signo más llamativo de cuánto han progresado hacia la libertad las sociedades del cono sur en los últimos treinta años. De manera similar, resalta estos avances la determinación del presidente Néstor Kirchner por quebrar años de silencio y enfrentar los abusos a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar.

Después de las comisiones de verdad, y además de la persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tanto Chile como Argentina han establecido mecanismos de reparación amplios para las víctimas de los abusos y sus familias. También se han puesto en marcha reformas en los sectores de las fuerzas militares y policiales. Hasta hace poco, el gobierno uruguayo se había rehusado a seguir este camino a raíz de las amenazas del aparato militar. Sin embargo, bajo el reciente liderazgo de Tabaré Vázquez, también Uruguay ha comenzado a enfrentar su pasado a través del inicio de investigaciones y de la discusión de programas de reparación para los familiares de los muertos y los desaparecidos.

Las sociedades del cono sur distan de ser democracias perfectas. Con todo, la elección de confrontar el pasado honestamente ha probado ser una guía indispensable y valiosa para tratar las violaciones de los derechos humanos. En el Perú, le vendría bien al país reflexionar sobre las lecciones aprendidas a fin de prevenir futuros abusos y de hacer que la democracia afirme sus raíces. También es un momento para reflexionar sobre la importancia de los esfuerzos de la sociedad civil y de la voluntad política para impulsar la transición democrática en la región.

Deberíamos aplaudir la firme voluntad política -con el importante apoyo de la sociedad civil- de adoptar los mecanismos para la justicia en la transición a fin de llegar a la verdad, asignar las responsabilidades correspondientes. Reparar a las víctimas y remover a los criminales de puestos de autoridad. La democracia lo es plenamente cuando funcionan los mecanismos de rendición de cuentas horizontales (por medio de elecciones y el ejercicio de la libertad de expresión y de información) y verticales (a través de los mecanismos de control y equilibrio de los poderes y, especialmente, por medio de un Poder Judicial imparcial e independiente).

Los resultados electorales iniciales en Perú hablan de la necesidad de concertación política para asegurar la estabilidad democrática. Pero también nos dicen mucho sobre la exclusión y la discriminación en perjuicio de los más pobres, dentro de los cuales se ubica la inmensa mayoría de las víctimas de la violencia. Confiamos en que la sociedad entera y el gobierno que resulte elegido honren el compromiso asumido en la transición peruana, de asegurar que la verdad, la justicia y las reparaciones no lleguen demasiado tarde para Perú.

(*) Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).