Justicia y Paz, entre avances y grandes desafíos

Cerca de cumplirse siete años de haber puesto en marcha el proceso de Justicia y Paz en Colombia, mediante el cual rinden cuentas a la justicia grupos armados ilegales desmovilizados entre 2003 y 2006, éste avanza en medio de controversias y de importantes reflexiones acerca del rumbo que debe seguir. ¿Cuáles han sido sus avances y cuáles sus deficiencias?

Desde 2005, cuando entró en vigencia la Ley, se fueron creando la Unidad de Justicia y Paz en la Fiscalía General de la Nación, que actualmente cuenta con 45 fiscales, y varios tribunales de Justicia y Paz, hoy con sede en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Alrededor de 370.000 víctimas de todas las regiones del país se han registrado para participar en los procesos judiciales y más de 1.000 miembros de los grupos paramilitares desmovilizados tienen un proceso judicial en curso, según la Fiscalía.

Varios son los avances obtenidos durante estos años, que permiten conocer la forma en que estaban conformadas las estructuras militares del paramilitarismo y la relación de estos grupos con líderes políticos, miembros de la fuerza pública, empresarios y otros sectores. Desde Justicia y Paz se han compulsado copias –se han puesto hechos en conocimiento de la autoridad competente en tribunales ordinarios– para investigar a más de 999 políticos, 916 miembros de la fuerza pública y otras 9.596 personas. Pero pocos son los casos en que estas investigaciones se han iniciado.

"En Justicia y Paz han sido confesados más de 35.000 hechos criminales, entre ellos 894 masacres"
    Según la Fiscalía, en Justicia y Paz han sido confesados más de 35.000 hechos criminales, entre ellos 894 masacres. También se han hecho grandes esfuerzos con resultados significativos en la ubicación, exhumación, e identificación de los restos de las víctimas. La Fiscalía se ha tecnificado para emprender la búsqueda de personas desaparecidas, logrando encontrar los restos de 4.503 personas. De ellos, 1.714 han sido entregados a sus familiares.


“El país está ganando en conocimiento frente a lo que es investigar la macro criminalidad que se desarrolló con motivo de la actuación de estos grupos y creo que el avance ha sido bastante significativo en materia de verdad”, afirma Eduardo Castellanos, presidente del Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá.

Deficiencias y retos en Justicia y Paz

Desde la puesta en marcha de Justicia y Paz se han identificado problemas como la limitada competencia de las instituciones que intervienen en los procesos, la ausencia de estrategias de persecución de crímenes complejos, la lentitud de los procedimientos, entre otros aspectos que han restringido la materialización de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

La dificultad para obtener resultados se manifiesta en que durante los casi siete años de trabajo solamente se han dictado siete sentencias, que cobijan a 11 personas condenadas. Sin embargo, más allá del número de sentencias proferidas, el debate sobre Justicia y Paz debe centrarse en el impacto que éstas puedan tener en la construcción de verdad.

En este sentido, uno de los mayores inconvenientes que presenta Justicia y Paz tiene que ver con el ámbito de aplicación de la ley: ésta fue expedida con el fin de regular la investigación, el procesamiento, la sanción y la concesión de beneficios judiciales únicamente a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley “que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional” y que sean responsables de la comisión de crímenes complejos.    
"A Justicia y Paz le ha faltado una orientación estratégica, cuyo norte no sea la judicialización de individuos, sino el esclarecimiento de un fenómeno social, político y armado"


Desde esta lógica, las labores de investigación y juzgamiento, la construcción de la verdad y la desarticulación de estas organizaciones ilegales ha estado limitada a personas que no necesariamente fueron los actores claves del conflicto.

“A Justicia y Paz le ha faltado una orientación estratégica, cuyo norte no sea la judicialización de individuos, sino el esclarecimiento de un fenómeno social, político y armado que es necesario desmantelar en el país para que los hechos no se repitan”, afirma María Camila Moreno, directora del Programa Colombia de ICTJ.

Por esto, es necesario modificar las estrategias de investigación de tal manera que también sean investigados actores de distinta naturaleza que fueron verdaderamente importantes en la conformación y expansión de estas estructuras, como sus financiadores, instigadores, facilitadores, entre otros.

En el desarrollo del proceso de Justicia y Paz se ha revelado valiosa información acerca de estos actores. Ahora, es preciso impulsar la actuación coordinada de todo el aparato judicial, para que la información revelada en Justicia y Paz alimente la persecución de los máximos responsables, tanto ilegales como legales, entre ellos miembros de la fuerza pública y un músculo financiero y político que también debe ser develado.

Foto: Una niña junto a uno de los carteles exigiendo al gobierno su responsabilidad en la desaparición forzada de personas y falsos positivos durante una manifestación en Medellín en 2009. Por RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images