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Comunicados de prensaSeptiembre 22, 2009 ICTJ resalta avances contra la impunidad en Guatemala en ocasión de la primera condena por desaparición forzadaBogotá, septiembre de 2009 Por primera vez en diez años, desde el fin de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1964 y 1996, una persona fue condenada en este país por desaparición forzada, delito del que se considera hay alrededor de 45.000 víctimas. Esta decisión, que podría parecer un pequeño avance frente al número desmedido de víctimas, es sin duda un primer paso para romper con el legado de impunidad que rodea los crímenes cometidos durante la guerra civil en este país y es una esperanza de justicia para las víctimas. La decisión de un tribunal de Chimaltenango de condenar a 150 años de cárcel al ex comisionado militar Felipe Cusanero, al considerarlo responsable de la desaparición forzada de seis indígenas entre 1982 y 1984, abre una ventana para que sean investigados otros crímenes y, sin duda, sienta un precedente para el procesamiento de otros responsables de desapariciones y crímenes de lesa humanidad en este país. El ICTJ estudió con detenimiento la decisión del tribunal y considera que hay cuatro puntos de suma relevancia a favor de las víctimas: el hecho de que se mencione a la desaparición forzada como un delito permanente, que no hayan sido considerados los argumentos de obediencia debida para atenuar la pena, la comprobación de patrones de Estado en las conductas del oficial y la aplicación adecuada de instrumentos internacionales en la sentencia. Al considerar la desaparición forzada como un delito permanente, tal como lo afirmó la Corte constitucional guatemalteca en 2008, el tribunal, además de sentar un precedente jurisprudencial, reafirma la imprescriptibilidad de estos crímenes, por lo que se podrá continuar con la judicialización de los responsables de desaparición en otros casos. Así mismo, fue importante que el tribunal no haya considerado los argumentos de obediencia debida por parte del comisionado militar. Esto es una gran decisión en Latinoamérica donde en muchos países el argumento de obediencia debida ha impedido procesar a responsables de violaciones a los derechos humanos. De igual manera, cabe resaltar la forma en que la sentencia comprueba la existencia de patrones de Estado utilizados en la comisión de los crímenes, y cómo a su vez se vale de las normas internacionales tanto del sistema interamericano de derechos humanos como del sistema universal para atribuir responsabilidades al acusado. El ICTJ espera que esta condena sea un importante precedente para avanzar en otros juicios y para que se atribuyan responsabilidades penales por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en este país en el que las diferentes iniciativas de esclarecimiento histórico registraron más de 200.000 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños, de las cuales la gran mayoría eran indígenas mayas. “Esta decisión es una señal alentadora para las víctimas. Es necesario que Guatemala enfrente por fin el legado de impunidad y supere la deuda de justicia –aseguró Javier Ciurlizza, director del programa Américas del ICTJ– pero esta búsqueda de justicia debe ser un proceso integral que, aparte de atribuir responsabilidades penales, también incluya medidas claras de compensación, rehabilitación y reparación”.
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