Guatemala

A pesar de importantes victorias de las organizaciones de derechos humanos contra la impunidad en Guatemala, mucho queda por hacer para que se rindan cuentas y se den reparaciones por los abusos cometidos durante tres décadas de conflicto armado interno. El trabajo del ICTJ en Guatemala se ha centrado en ayudar a impulsar iniciativas de reparación y de justicia penal.

Cubrecamas confeccionado en memoria de los desaparecidos y asesinados de Chimaltenango. (Flickr, d∂wn)

Antecedentes: la justicia pospuesta

La historia de Guatemala está marcada por una gran injusticia estructural, por la marginación de la población indígena y por 36 años de enfrentamiento armado entre el Gobierno y los insurgentes.

En 1996, unos acuerdos de paz patrocinados por la ONU pusieron fin a la guerra, prometiendo un futuro de verdad, reparaciones y reformas que abordaran arraigados problemas.

Dentro de este marco, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) situó la cifra total de muertos y desaparecidos en 250.000. Su informe de 1999—en su momento pionero, por centrarse en factores históricos y estructurales—reveló que las operaciones militares del Estado contra las comunidades mayas constituían un genocidio. Anteriormente, la Iglesia católica había promovido una de las comisiones de la verdad no oficiales más ambiciosas de la historia.

Ambas comisiones llegaron a la conclusión de que la guerra había cobrado un número desproporcionado de víctimas entre las comunidades indígenas y que más del 90 por ciento de las violaciones de derechos humanos—entre ellas más de 600 masacres—las había perpetrado el Estado, que negó haberlas cometido.

Las asociaciones de víctimas exigieron reparaciones, pero tuvieron que pasar casi diez años después de los acuerdos de paz para que se iniciara el Programa Nacional de Resarcimiento. En teoría, este incluye múltiples medidas, tanto de mejora de las condiciones materiales de la población como de reconocimiento simbólico del sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, en la práctica, lo que ofrece son pequeños pagos individuales que han generado una gran insatisfacción.

Se han realizado cientos de exhumaciones y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha creado un banco de ADN para ayudar a identificar los restos y devolverlos a las familias.

En 2005, defensores de los derechos humanos descubrieron un auténtico tesoro: millones de expedientes de la Policía Nacional pudriéndose en un almacén. A continuación se organizó un programa de catalogación del archivo, que sirviera para ponerlo a disposición del público. En la actualidad, el trabajo está dando frutos, ya que algunos de sus documentos se están utilizando en las primeras causas judiciales sobre desapariciones.

Después de años de esfuerzos de las víctimas, sólo unos pocos casos han sido juzgados; decenas de ellos están empantanados en una maraña que se nutre del desinterés institucional, la pérdida de pruebas y prácticas judiciales dilatorias. Varios casos denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos han servido para poner de relieve la negligencia y la corrupción del sistema judicial nacional. En 2004 el Estado guatemalteco, pronunciándose sobre el famoso caso Plan de Sánchez, admitió por primera vez oficialmente que su campaña contra los pueblos mayas había tenido un carácter genocida. Aunque se han abonado reparaciones, la justicia sigue siendo tan escurridiza como siempre.

El Gobierno ha hecho caso omiso de la exigencia de información sobre la suerte de unos 40.000 desaparecidos.

El papel del ICTJ

El ICTJ ha asesorado a la sociedad civil y a instituciones públicas en materia de reparaciones e iniciativas de justicia penal.

Hemos colaborado con Impunity Watch para redactar un informe sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo híbrido, creado por la ONU y Guatemala para impulsar el enjuiciamiento de grupos criminales nacidos de las antiguas estructuras de información militar. En 2011 presentaremos un breve documento (en inglés) sobre la CICIG, que presenta reflexiones importantes para políticos interesados en la justicia híbrida.

En 2010 también asesoramos a organizaciones locales sobre cómo exigir reparaciones con más eficacia.

Nuestro trabajo anterior incluye:

  • Asesoría al Gobierno sobre las mejores prácticas en materia de reparaciones.

  • Facilitación del intercambio de información entre un representante del Programa Nacional de Resarcimiento guatemalteco y su equivalente en el Perú, para impulsar a un debate regional sobre la puesta en marcha de programas de reparaciones.

  • Formación de abogados, fiscales y jueces que trabajan en casos de violaciones de los derechos humanos ocasionadas por el conflicto armado.

  • Durante un largo periodo, un especialista del ICTJ asesoró a la Procuraduría General de la Nación sobre investigaciones penales de supuestas masacres, para que esas denuncias prosperaran.