Actividades del CIJT
El personal del CIJT aportó asesoría a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica mientras ésta se esforzaba por terminar su informe final y recomendaciones – la más importante de las cuales se refería a las reparaciones y a los posibles enjuiciamientos penales contra los autores acusados. En junio de 2002, el Centro colaboró con dos ONG locales – el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) y el Centro de Recursos Legales (Legal Resources Centre) – dirigiendo un taller en Johannesburgo para explorar estrategias de reparación y de persecuciones penales en el contexto post-Comisión.
El CITJ convocó reuniones con expertos sudafricanos en su oficina de Nueva York para analizar el modelo sudafricano e identificar las lecciones aprendidas. En diciembre de 2002 se llevó a cabo un taller de medio día sobre la relación entre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los procesos de justicia penal, y en mayo de 2004 se celebró un encuentro sobre la CVR y su impacto en la reconciliación.
Estos esfuerzos por examinar críticamente el modelo sudafricano han permitido al Centro aportar una voz informada y crítica en países alrededor del mundo en los cuales, en algunos casos, el modelo se ha adoptado como un enfoque estándar de la justicia transicional, con poco o ningún intento por adaptarlo al contexto específico. En Ghana y Argelia, el CIJT ha criticado públicamente la legislación de amnistía que esos dos países estaban planeando copiar de Sudáfrica. En ambos países, la intervención del Centro señalando los peligros del modelo sudafricano contribuyó a frenar la legislación propuesta.
En 2002, en asociación con el Instituto para la Justicia y la Reconciliación (Institute for Justice and Reconciliation) de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el CIJT lanzó un Fellowship en Justicia Transicional. Desde entonces, cada año el Centro ha dirigido estos programas de followiship de cuatro meses, brindando capacitación académica y práctica sobre temas de la justicia transicional a profesionales de los derechos humanos de más de una docena de países de África y Asia. Durante el programa, los fellows discuten las múltiples estrategias que pueden utilizarse tras un período de conflicto o de gobierno represivo para promover una sociedad más justa, democrática y pacífica en sus países respectivos. A todos los fellows se les brinda la oportunidad de participar en una red internacional de promotores de los derechos humanos para familiarizarse con experiencias comparables en diversos contextos.
En el otoño de 2004, el Centro estableció una oficina en Ciudad del Cabo (office in Cape Town), posibilitando un trabajo más amplio en la región. En la primavera de 2005, el CIJT colaboró con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) como anfitriones de una importante conferencia internacional sobre “La Justicia Transicional y la Seguridad Humana”, que reunió en Ciudad del Cabo a más de 100 expertos en ambos campos provenientes de todas partes del globo. Dado el alcance de las operaciones de financiación transnacional del JICA, es probable que el impacto de esta conferencia sea trascendental.
En mayo de 2005, el Centro colaboró con la Fundación para los Derechos Humanos (Foundation for Human Rights - FHR) para propiciar una conferencia para fiscales de todas partes del mundo sobre “Enjuiciamientos Domésticos y Justicia Transicional” en Johannesburgo, Sudáfrica. Como uno de los enfoques principales de la justicia transicional, la construcción de capacidad nacional para realizar persecuciones penales es uno de las soluciones más prometedoras a largo plazo al problema de la impunidad. Intercambiando ideas y lecciones aprendidas en la conferencia, los fiscales desarrollaron estrategias y herramientas para apoyar las persecuciones penales nacionales. La conferencia contribuyó de muchas maneras a los esfuerzos de atribución nacional de responsabilidades en diversos países del mundo; por ejemplo, condujo a la creación de una “Alianza de Fiscales” que brinda una vía permanente para la continuación de tales intercambios.
El CIJT está trabajando en conjunto con el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVR en inglés) y Khulumani, un grupo pro derechos de las víctimas, para ayudar a registrar la historia de la organización de las víctimas en Sudáfrica. El foco de concentración de esta colaboración está en cómo las lecciones aprendidas y los retos que enfrenta Khulumani en relación con el proceso de la comisión de la verdad – y también cómo las luchas por la justicia y la reparación en el contexto transicional más amplio en Sudáfrica – pueden sustentar los esfuerzos por organizar las víctimas en otros países.
Habiendo colaborado de cerca con una gama de actores clave en la transición sudafricana – desde comisionados de la CVR hasta grupos de víctimas – el personal del CIJT está en capacidad de brindar un apoyo continuo a Sudáfrica. La experiencia del Centro en ese país le ha permitido desarrollar una perspectiva abundantemente matizada de la complejidad de la situación de Sudáfrica en particular, y del potencial y las limitaciones del proceso de comisiones de la verdad en general. El conocimiento exhaustivo y la experticia en materia de comisiones de la verdad ya han tenido un impacto significativo en el trabajo del CIJT en una gama de contextos en otros países.
La transición en Sudáfrica es un proceso en marcha. El Centro está comprometido a apoyar los esfuerzos por consolidar las notables ganancias de la CVR, y al mismo tiempo sacar a la luz los asuntos pendientes de esa transición, respaldando a los sobrevivientes del apartheid en su continua lucha por lograr justicia y reparación.
Haga clic aquí para contactar la oficina de Ciudad del Cabo, que dirige el Presidente del CIJT, Alex Boraine.
Contexto
En 1994, Sudáfrica emergió de más de cuatro décadas de apartheid con la elección del presidente Nelson Mandela. La era del apartheid se caracterizó por la violencia política y las violaciones de los derechos humanos, incluyendo masacres, asesinatos, tortura, encarcelamiento prolongado de activistas y una severa discriminación económica y social contra los sudafricanos negros. La liberación de Nelson Mandela en 1990 favoreció las negociaciones entre el gobierno, el Congreso Nacional Africano (ANC en inglés) de Mandela y otros, y desembocó en unas elecciones relativamente pacíficas y en la transferencia del poder en 1994.
Tras 18 meses de intensos debates y preparaciones, en 1995 el parlamento sudafricano aprobó la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, que estipulaba la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Presidía la Comisión el Arzobispo Desmond Tutu, y como vice-presidente actuó el antiguo presidente del CIJT, Alex Boraine. Las audiencias comenzaron en abril de 1996, y en octubre de 1998 la Comisión publicó y presentó su informe de cinco volúmenes (its five-volume report). Se recibieron testimonios de más de 23.000 víctimas y testigos, de los cuales más de 2.000 se presentaron en audiencias públicas.
El aspecto más controvertido del mandato de la CVR fue la oferta de “amnistía por verdad” hecha a los autores de violaciones de los derechos humanos que estaban dispuestos a confesar sus crímenes. La impunidad ha generado especial inquietud, dados los pocos enjuiciamientos de personas involucradas en crímenes contra los derechos humanos en la última década. La condena en 1996 del antiguo comandante del Vlakplaas Eugene de Kock sigue siendo el único indicio de éxito, a pesar del hecho que el trato de verdad por amnistía tenía como condición el enjuiciamiento de aquellos que no clasificaban para la amnistía en el marco del proceso de la comisión de la verdad. El informe final de la CVR se publicó a inicios de 2003.
A fines de 2003, el gobierno hizo modestos pagos únicos de reparación a las víctimas identificadas por la CVR. En noviembre de 2002, la principal organización de víctimas, el Grupo de Apoyo Khulumani, demandó a 23 corporaciones multinacionales en las cortes de Estados Unidos por daños y perjuicios civiles por el papel de estas corporaciones en incitar y colaborar con las violaciones de derechos humanos cometidas en la Sudáfrica del apartheid. Khulumani alega que con el apoyo de dichas corporaciones “el gobierno de apartheid cometió homicidios extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detención arbitraria prolongada y crímenes de lesa humanidad”. El pleito fue desestimado en noviembre de 2004, y en abril de 2005 Khulumani presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
(Actualizado en febrero de 2006)
