República Democrática del Congo

Actividades del CIJT

El ICTJ ha contribuido a promover el compromiso con un enfoque integrado de justicia transicional en la RDC, país asolado por la guerra desde antes de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003. El centro ha apoyado también la idea de establecer un tribunal penal internacional, como estaba previsto en los acuerdos de paz. Entre tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación oficial de los crímenes cometidos en la RDC.

El ICTJ ha estado activo en la RDC desde marzo de 2003, aportando comentarios críticos sobre el proyecto de ley de la CVR y propiciando talleres y consultas sobre la justicia transicional en Kinshasa y en la región oriental de la RDC con grupos locales de la sociedad civil, la Misión de Naciones Unidas en la RDC (MONUC) y las ONG internacionales. Aun después de la creación de la comisión de la verdad en el Congo, el Centro ha seguido promoviendo la importancia de una consulta amplia, como también la necesidad de nombrar comisionados independientes y con credibilidad.  Por ser en parte el resultado de negociaciones políticas, la CVR no ha logrado inspirar la imaginación o favorecer las aspiraciones de las comunidades de la RDC. Muchos anticipan con interés otro proceso más creíble de búsqueda de la verdad y potencialmente el restablecimiento de una comisión de la verdad para la RDC tras las próximas elecciones, previstas para 2006.

En enero de 2004, el ICTJ organizó un taller internacional en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para discutir opciones de justicia transicional para la RDC. Funcionarios del gobierno congolés, representantes de la sociedad civil, funcionarios de Naciones Unidas, el fiscal de la CPI, representantes de ONG internacionales y diversos expertos discutieron las persecuciones penales, las medidas de reforma legal e institucional para impulsar la justicia durante la transición y las iniciativas de búsqueda de la verdad. Posterior al taller, el Centro ha estado asesorando activamente a MONUC y a otros miembros de la comunidad internacional sobre los temas relacionados con las persecuciones penales, reforma institucional y la búsqueda de la verdad.

En octubre de 2004, el ICTJ publicó su informe "A First Few Steps: The Long Road to a Just Peace in the DRC" (“Unos Pocos Pasos Iniciales: El Largo Camino hacia una Paz Justa en la RDC”). Producto de 18 meses de trabajo práctico en la RDC, el informe fue presentado en Kinshasa y Lubumbashi ante organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y representantes de la comunidad internacional. Al analizar los avances en la puesta en práctica de un marco de referencia de justicia transicional desde el comienzo de la transición congolesa, el informe buscaba promover el debate público sobre los enfoques de justicia transicional para la RDC.

Tras la publicación de "A First Few Steps" se realizó en Lubumbash una reunión de tres días con activistas de derechos humanos todo el país. Utilizando el informe como base de la discusión, el grupo identificó un número de prioridades programáticas en el ámbito de la justicia transicional.  Para avanzar mejor hacia esos objetivos, se juntaron diez de las principales organizaciones de derechos humanos de toda la RDC, conformando la Coalición Congolesa de Justicia Transicional (CCJT). El CIJT, junto con MONUC, brindó apoyo a esta nueva coalición y sostuvo una reunión de seguimiento en Bukavu en abril de 2005 para seguir avanzando en la agenda de justicia transicional.  En esta reunión se identificaron tres prioridades programáticas: apoyo a la creación de salas especializadas en las cortes congolesas para proceder penalmente contra los crímenes internacionales; motivación para la reestructuración de la CVR después de las elecciones de 2006 para aumentar su credibilidad, su legitimidad y su representatividad; y, finalmente, motivación para emprender una campaña de reforma institucional para excluir de las instituciones públicas de la RDC a violadores reconocidos de los derechos humanos.

En junio de 2005, en Kinshasa, el CIJT jugó un papel importante de asesoría técnica en un seminario de tres días propiciado por MONUC sobre el establecimiento, la estructura y la naturaleza de las salas especializadas del sistema nacional de tribunales. El seminario suscitó importantes debates y discusiones estratégicas entre la sociedad civil, entidades del gobierno y  organizaciones de derechos humanos que facilitarán la posible creación de tales cortes.

Dada la importancia del conflicto de la RDC para la región de los Grandes Lagos, y gracias a la generosa inversión del gobierno sueco en la agenda integrada de justicia transicional del Centro para la RDC, el ICTJ estableció, a fines de 2005, una presencia permanente en el país a través del nombramiento de su Asociado Principal Alpha Fall, con base de operaciones en Kinshasa. Acompañado de Alpha Fall y Olivier Kambala, asociado de programa congolés con sede en la oficina del Centro en Ciudad del Cabo, el Presidente del Consejo del ICTJ, Dr. Alex Boraine, dirigió una misión de seguimiento a la RDC en los primeros días de noviembre.  El equipo del ICTJ condujo varias reuniones con funcionarios de alto nivel de Naciones Unidas, diplomáticos, funcionarios de alto nivel del gobierno, incluyendo el presidente Kabila y varios miembros del gabinete, representantes de la sociedad civil y la ICTJ .  Esta misión sirvió para consolidar el trabajo del Centro en la RDC y para lanzar un programa de dos años de asesoría a las iniciativas de justicia transicional en ese país.

Inmediatamente después de esa visita, el CIJT emprendió otra misión al Congo – esta vez por el Asociado Principal Alexander Mayer-Rieckh, con sede en Ginebra, y el especialista Serge Rumin – para examinar las maneras de apoyar  las reformas institucionales y del sector de seguridad como parte de un enfoque integrado de justicia transicional en la RDC.

Contexto   

En mayo de 1997 llegó a su fin la dictadura brutal y corrupta de más de 30 años de Mobutu Sese Seko, cuando las fuerzas rebeldes bajo el mando de Laurent-Désiré Kabila asumieron el control de Kinshasa con el apoyo de los gobiernos de Burundi, Ruanda y Uganda. Sin embargo, rápidamente muchos de los antiguos partidarios de Kabila lo abandonaron cuando adoptó las tendencias y políticas de su predecesor.

Las tensiones crecientes culminaron en la expulsión de la RDC por parte de Kabila de funcionarios ruandeses y ugandeses en agosto de 1998.  Esos países respondieron con apoyo de tropas a las fuerzas contrarias a Kabila, lanzando la Segunda Guerra del Congo. Este conflicto llegó a conocerse como la Guerra Mundial de África; ha involucrado directamente nueve estados africanos y algunas 20 facciones armadas. Las estimaciones de los muertos ascienden hasta cuatro millones, con millones más de desplazados.

En enero de 2001, Laurent-Désiré Kabila fue asesinado y sucedido por su hijo, Joseph Kabila, quien negoció una retirada parcial de las fuerzas ruandesas, ugandesas y rebeldes del territorio de la RDC. Siguieron acuerdos formales de paz con Ruanda y Uganda, en julio y septiembre de 2002, respectivamente.

Aun después de llegar a un acuerdo sobre una constitución transicional en abril de 2003 y de la creación en julio de un gobierno de transición, continuó el conflicto armado con la participación de grupos étnicos locales, milicias “por poder” [proxy] apoyadas por Uganda y Ruanda, fuerzas de Naciones Unidas y facciones disidentes del ejército nacional. Continúan las atrocidades contra los civiles y el saqueo de recursos naturales en las volátiles regiones de Ituri, Katanaga del Norte y el Kivus.  La mayoría de la población vive en extrema pobreza, condenada a las enfermedades y a la desnutrición.   

Todos los actores involucrados en el conflicto siguen expresando la necesidad de justicia, reconciliación y el fin de la impunidad.  El gobierno congolés ha hecho varios llamados a Naciones Unidas a que instaure un tribunal internacional.  La RDC ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual abrió, en abril de 2004, la investigación de los crímenes cometidos en el país.  Se crearon también una comisión de la verdad y la reconciliación y un observatorio nacional de derechos humanos, en concordancia con lo estipulado en los acuerdos de paz.

Naciones Unidas ha advertido en repetidas ocasiones que los responsables de los abusos de derechos humanos serán enjuiciados. Recientemente, tribunales militares y civiles han abierto investigaciones de las atrocidades cometidas en varias regiones del país. Algunos líderes de grupos de milicias han sido detenidos y varios miembros de grupos armados han sido sentenciados a prisión por el tribunal civil de Bunia, Ituri.

(Actualizado en febrero de 2006)