Actividades del ICTJ

En 2002, el Director de Proyectos del ICTJ Mark Freeman, brindó asesoría jurídica a la organización de derechos humanos local Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre cómo oponer resistencia a las exigencias de miembros de las fuerzas armadas para que la organización les entregara documentación, incluyendo información recibida de las víctimas y los familiares de los desaparecidos. Con base en un estudio del derecho internacional y las prácticas estatales aplicables, el Centro aportó comentarios sobre los derechos y obligaciones de las organizaciones de derechos humanos cuando tienen que afrontar solicitudes de revelar el contenido de sus archivos.

El ICTJ sigue muy de cerca la evolución de la crisis social y económica actual en Argentina, así como los acontecimientos importantes relacionados con la responsabilidad penal y las peticiones judiciales de abolir las leyes de amnistía que protegen al personal de las fuerzas armadas de persecución penal por violaciones de los derechos humanos.

Argentina es uno de los casos que el Centro analiza continuamente como parte de su programa de investigación sobre las reparaciones y para el cual ha publicado estudios de caso sobre las iniciativas de justicia transicional que se han llevado a cabo en ese país desde 1983.

Contexto

Tras el golpe de estado de 1976, Argentina fue gobernada por una serie de juntas militares hasta 1983. Durante ese período, los militares orquestaron una campaña de terror y desapariciones, en la que más de 10.000 personas según algunas estimaciones, hasta 30.000 desaparecieron forzosamente. Tras la derrota de Argentina en su guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas, los militares permitieron la restitución de un gobierno civil en 1983 pero se auto-otorgaron inmunidad contra la persecución penal y dictaron un decreto que ordenaba la destrucción de todos los documentos relacionados con la represión militar.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada mediante un decreto presidencial en diciembre de 1983 y nueve meses más tarde presentó su informe sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura con el título de "Nunca Más". Posteriormente se publicó una versión abreviada del informe, que se ha convertido en uno de los libros más vendidos en Argentina. Las leyes de amnistía fueron revocadas y se llevaron a cabo algunos enjuiciamientos tras la caída del régimen militar en 1983; pero en años posteriores, bajo la presión de los militares, fueron promulgadas nuevas leyes para restringir las judicializaciones.

Más recientemente, las cortes argentinas han dictaminado que las víctimas y sus familias tienen el derecho de exigir al estado investigar los delitos relacionados con los derechos humanos. En 2001, las cortes federales revocaron las leyes argentinas que impedían la persecución penal de crímenes graves contra los derechos humanos, declarándolas inconstitucionales y en violación del derecho internacional. En junio de 2003, la ley de amnistía que protegía de persecución penal al personal militar fue declarada inconstitucional. Esta histórica medida pronto ganó fuerza y condujo a una votación, en agosto de 2003, por ambas cámaras del Parlamento argentino, que anuló la ley de amnistía. La decisión está en manos de la Corte Suprema, que enfrenta una presión creciente para que emita un fallo sobre la ley.

(Actualizado Febrero 06)