Actividades del ICTJ

En negociaciones con los líderes aborígenes y otras de las partes interesadas, en mayo de 2005 el gobierno de Canadá desarrolló un proceso de búsqueda de la verdad y un paquete de compensaciones para los sobrevivientes de las Escuelas Residenciales Indígenas (ERI). Las ERI formaron parte de los esfuerzos conjuntos de la iglesia y el estado que durante un siglo pretendían asimilar a los niños aborígenes a la cultura europeo-canadiense, alejándolos de sus familias y comunidades y colocándolos en escuelas residenciales administradas por la iglesia, donde muchos de ellos sufrieron abusos físicos y sexuales. En un esfuerzo por corregir tales injusticias y luego de intensas negociaciones, el gobierno aprobó el Acuerdo de Solución sobre las Escuelas Residenciales Indígenas (Indian Residential Schools Settlement Agreement) en mayo de 2006. A la espera de la aprobación final de la corte, este acuerdo de $1.900 millones de dólares incluye disposiciones sobre reparaciones así como una comisión de la verdad, y representa uno de los primeros intentos por abordar exhaustivamente el legado de abusos en una democracia consolidada.

Antes de la aprobación final del Acuerdo de Solución, el ICTJ comenzó su participación con la organización del coloquio "De Cara al Legado de las Escuelas Residenciales para Indígenas e Inuit en Canadá: Lecciones Internacionales sobre la Verdad, la Reparación y la Reconciliación" en septiembre de 2005c on la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y el Centro Munk de Estudios Internacionales. La finalidad del evento, que reunió a académicos y algunos líderes aborígenes, era ofrecer información, análisis y oportunidades de discusión para apoyar e enriquecer los esfuerzos canadienses por afrontar el pasado. El coloquio contó con conferencias temáticas por miembros del equipo del ICTJ, entre ellos Mark Freeman, Director de Proyectos; la Asociada Principal y Directora del Programa de Canadá del Centro, Lisa Magarrell; y Graeme Simpson, Director de la Unidad de Programas de País. Alex Boraine, antiguo presidente del Consejo del Centro y antiguo vice-presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, habló sobre la experiencia sudafricana, mientras que otros visitantes internacionales aportaron sus experiencias en los casos de Perú y Australia.

El ICTJ, dirigido por Magarrell, sirvió de recurso a las partes involucradas en las negociaciones, aportándoles información y análisis comparativos sobre las comisiones de la verdad y las reparaciones, así como comentarios sobre temas específicos de las comisiones durante la evolución de las negociaciones en los primeros meses de 2006. En 2006 y principios de 2007, mientras el acuerdo de solución serpentea a través del proceso de aprobación por las cortes, el ICTJ es todavía es recurso para aquellos cuyo trabajo se relaciona con la proyectada comisión de la verdad y la reconciliación, y ofrece su asesoría técnica para cuando se ponga en marcha su implementación.

Contexto

En 1874, en conformidad con su política de asimilación, el gobierno de Canadá y las iglesias anglicana, unida, presbiteriana y católica desarrollaron en todo el país un sistema de escuelas residenciales para niños aborígenes que funcionó durante más de 100 años, con periódos de mayor actividad entre 1920 y principios de 1960. En 1969 el gobierno canadiense asumió la responsabilidad plena de la operación de las escuelas. A mediados de los años 1970, la mayoría de las escuelas residenciales habían dejado de funcionar, pero siete permanecieron abiertas a través de los años 80. La última escuela residencial, en Saskatchewan, se cerró en 1996.

En 1920, la política que regía las escuelas residenciales estipulaba la asistencia obligatoria para todos los niños aborígenes entre los 7 y los 15 años de edad. Los niños eran separados de sus hogares y comunidades y obligados a residir por tiempo completo en las escuelas, donde en general se les prohibía el uso de los idiomas aborígenes; se reprimían e ignoraban sus prácticas culturales ; se debilitaban o rompían los vínculos con los padres; la disciplina era rápida y a menudo violenta y con frecuencia los niños eran objeto de abuso sexual, físico y psicológico. Las estimaciones actuales nos dan un número alrededor de 86.000 sobrevivientes de las escuelas residenciales.

En agosto de 1991, el gobierno de Canadá estableció la Real Comisión sobre los Pueblos Aborígenes (RCPA) a la que se otorgó un amplio cubrimiento para examinar la relación entre los pueblos aborígenes, el gobierno y la sociedad canadiense en su totalidad. Aunque el mandato de la Comisión se extendía mucho más allá del tema de las escuelas residenciales para los aborígenes, pasó una parte importante de su tiempo tratando ese problema, y publicó su informe final en noviembre de 1996. El informe recomendó una amplia investigación pública del origen y los efectos de la política de las escuelas residenciales que incluía propuestas de medidas correctivas, compensación a las comunidades y una presentación de disculpas.

En enero de 1998, el gobierno canadiense expidió una "Declaración de Reconciliación" que reconocía el fracaso de la política de escuelas residenciales y admitía que tales escuelas habían sido diseñadas para asimilar a los aborígenes. El gobierno admitió que las actitudes de superioridad racial y cultural condujeron a la supresión de las culturas y los valores aborígenes, lo que resultó en un debilitamiento de la identidad, los idiomas, y las prácticas espirituales. Expidió una nueva política pública basada en el respeto de estas comunidades llamada "Recobrar Fuerzas: El Plan de Acción de Canadá para los Aborígenes" ("Gathering Strength, Canada's Aboriginal Action Plan"). El Ministro de Asuntos Indígenas anunció también la creación de un fondo benéfico de $350 millones para ayudar a las víctimas de las escuelas residenciales.

Desde la publicación del informe de la Real Comisión sobre los Pueblos Aborígenes (RCPA) las escuelas residenciales han sido objeto de extensa litigación. Existe un número reducido de enjuiciamientos de autores de abusos físicos y sexuales, y algunos procesos civiles contra gobiernos e iglesias. En 2003, el gobierno canadiense lanzó un programa de resolución alternativa, extrajudicial, de disputas (RAD) para compensar y ofrecer servicios terapéuticos a los sobrevivientes de las escuelas residenciales que habían sido víctimas de abusos sexuales y físicos y de confinamiento ilícito. Según los datos oficiales, hasta julio de 2005 se habían resuelto 147 demandas, mientras que se habían presentado 1.992 solicitudes que aún esperaban audiencias y/o adjudicación. Al 5 de septiembre de 2005, se habían presentado 12.455 demandas por agravio y estaba pendiente un número de casos de acción civil conjunta.

En 2004, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá (Assembly of First Nations) y la Universidad de Calgary emprendieron una evaluación exhaustiva de los programas de resolución alternativa de disputas. Dicha evaluación encontró inadecuados los programas para cumplir los objetivos explícitos del gobierno o satisfacer el deseo de la Asamblea de "una solución justa y adecuada para los sobrevivientes de las escuelas residenciales". En mayo de 2005, el gobierno y la Asamblea firmaron un "Acuerdo Político" en el que el gobierno reconocía que el programa de resolución de disputas no lograba la reconciliación entre Canadá y los antiguos alumnos de las escuelas residenciales, y aceptaba "la necesidad de desarrollar un nuevo enfoque para lograr la reconciliación sobre la base del informe de la Asamblea de Primeras Naciones". Las partes acordaron que el gobierno "trabajará y consultará con la Asamblea para garantizar la aceptabilidad de la solución global, para desarrollar procesos de paz y reconciliación, elementos de conmemoración y sanación, y buscar cómo mejorar el proceso de Resolución Alternativa de Disputas". El gobierno nombró al antiguo magistrado de la Corte Suprema Frank Iacobucci su representante para trabajar conjuntamente y consultar con la Asamblea y otras partes interesadas. Su mandato requería que en marzo de 2006 presentara recomendaciones para una solución exhaustiva del legado de las escuelas residenciales que incluya propuestas para un proceso de búsqueda de la verdad, conmemoración y sanación, así como mejoras al programa de resolución de disputas.

En noviembre 23 de 2005, varios representantes del gobierno, las iglesias, la Asamblea de Primeras Naciones y los abogados de los antiguos estudiantes de las escuelas residenciales lograron un Acuerdo de Principio sobre temas de reparaciones, verdad y reconciliación. En enero de 2006, las elecciones le abrieron las puertas a un nuevo gobierno, que suspendió temporalmente el proceso de negociación.

En mayo de 2006, el gabinete conservador aprobó el Acuerdo de Solución sobre las Escuelas Residenciales Indígenas. Este acuerdo, por una suma de más de $2.000 millones (de dólares canadienses) es el resultado de las negociaciones entre el gobierno federal, la Asamblea de Primeras Naciones, las iglesias y los abogados representantes de los antiguos estudiantes que fueron forzados a ser parte del sistema de escuelas residenciales. El acuerdo estipula las siguientes medidas: "pagos individuales por experiencias comunes" a cada uno de los antiguos alumnos sobrevivientes de las escuelas residenciales, y acceso a procedimientos administrativos para instaurar demandas de compensación relacionadas con otros graves perjuicios físicos y psicológicos; inversiones en la educación para aborígenes; $125 millones para la Fundación Aborigen de Sanación; y $60 millones para financiar una gama de medidas de verdad y reconciliación.

La puesta en práctica del acuerdo de solución requiere previamente una serie de decretos de consentimiento en las cortes a través de Canadá y después un periodo de 150 días de espera para que los sobrevivientes decidan si optan por participar o no. Si más de 5.000 personas deciden no participar, el acuerdo puede romperse por sí solo. Se espera que la puesta en marcha comience en los últimos meses de 2007. Mientras tanto, el gobierno ya ha comenzado a hacer desembolsos anticipados a los sobrevivientes más ancianos, antes de la fecha oficial de ejecución del acuerdo.

(Actualizado en marzo de 07)