Actividades del ICTJ

En un informe de 1999, la Comisión de Clarificación Histórica, promovida por Naciones Unidas, estimó que durante el conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años, 200.000 personas murieron o desaparecieron. La Comisión misma registró 42.275 víctimas, incluidos hombres, mujeres y niños. Unos 23.000 de ellos fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias y más de 6.000 lo fueron de desaparición forzada. La abrumadora mayoría de las víctimas (83 por ciento de aquellas que fueron identificadas con certeza) eran indígenas mayas. La Comisión concluyó que se cometieron actos de genocidio en por lo menos cuatro regiones del país. Para brindar garantías de no repetición y de respeto de los derechos humanos, la Comisión recomendó que los responsables de abusos debían ser enjuiciados por las autoridades guatemaltecas y que debía promoverse una política de reparaciones para otorgar reconocimiento a las víctimas.

Construcción de capacidad nacional para la persecución penal de los crímenes internacionales

En el curso de 2003 y 2004, el ICTJ trabajó de cerca con la Fiscalía General para reforzar la capacidad técnica de los investigadores de violaciones del pasado. En julio de 2003, el Centro organizó un curso de una semana de duración para fiscales y otro más corto para miembros de la rama judicial. Tras el entrenamiento, el ICTJ llevó a cabo un programa de asesoría jurídica que consistió en evaluar la capacidad de la Fiscalía Especial (FE) responsable de la persecución fiscal de tales crímenes, y hacer recomendaciones con miras a eventuales mejoras. Un experto en la investigación y judicialización de crímenes de guerra y de lesa humanidad hizo tres visitas a Guatemala y pasó cinco semanas trabajando con la FE.

El Centro siguió evaluando e hizo posibles oportunidades de reforzar los esfuerzos de persecución penal del nuevo gobierno, elegido en noviembre 2003. Durante la posesión del gabinete en enero de 2004, se nombró un reconocido defensor de los derechos humanos para dirigir la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, a lo cual un antiguo asociado principal del ICTJ asesoró dicho gobierno en materia de los aspectos prácticos de una política de justicia y reconciliación.

A fines de abril de 2005, el Centro entregó un informe escrito al recién nombrado Ministro de Justicia y nuevo Fiscal para Casos Especiales de Derechos Humanos. El informe describía en detalle las actividades de refuerzo de capacidades realizadas en 2003 y 2004 y presentaba recomendaciones específicas para mejorar el proceso de investigaciones con miras a la judicialización de los crímenes internacionales. A fines de 2005, la oficina del Ministro de Justicia solicitó al ICTJ asesoría técnica permanente y seguimiento al trabajo realizado anteriormente.

Reparaciones

En 2003, el Director de Investigación del ICTJ, Pablo de Greiff y otros miembros del equipo se reunieron con los miembros de una organización de la sociedad civil dedicada al diseño de una propuesta de programa de reparación a quienes aportaron opiniones y orientación. En octubre del mismo año, el doctor de Greiff fue invitado a Guatemala por el Grupo de Acompañamiento para el Diálogo y el Resarcimiento (GADRES) conformado por agencias internacionales que actuaban en apoyo al proceso de reparaciones. En esa ocasión, el doctor de Greiff participó en un seminario sobre el tema y se reunió con la comisión creada para desarrollar y poner en marcha el programa de reparaciones esbozado en un acuerdo político entre el gobierno y sectores de la sociedad civil.

El doctor de Greiff regresó a Guatemala en julio de 2004 para discutir temas relacionados con reparaciones con las diferentes partes interesadas, entre ellos funcionarios gubernamentales de alto nivel, grupos de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) y su equipo. En esas discusiones aportó orientaciones conceptuales generales y señaló áreas específicas de interés para la viabilidad del proceso.

El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) es un organismo creado para llevar adelante las políticas de la CNR. A solicitud del director del PNR, la Asociada Principal del ICTJ Lisa Magarrell viajó a Guatemala en marzo de 2005 para trabajar con cinco divisiones del equipo técnico del Programa. Allí aportó opiniones y referencias comparativas para el trabajo del grupo en el desarrollo de medidas específicas de reparación, produjo comentarios escritos y realizó talleres con cada una de las cuatro áreas del programa. Junto con otro consultor, Magarrell se dirigió a los directores del equipo técnico y escribió un informe para la CNR resumiendo sus conclusiones. Durante la misión, también se reunió con GADRES y por solicitud del PNR, aportó cuantiosos materiales de referencia.

En abril de 2005, Magarrell regresó a Guatemala por solicitud del director del PNR y condujo un taller de dos días para el personal técnico del Programa. El objetivo del taller era discutir el progreso del PNR, identificar las áreas de dificultad en el proceso de integrar diversas medidas de reparación y enfocar los aspectos económicos de la compensación.

Desde entonces, a pesar del compromiso del gobierno de aportar recursos financieros, el proceso de reparaciones en Guatemala ha sido lento en razón de diversos factores políticos y de los retos inherentes a la puesta en práctica de un programa de reparaciones. A fines de 2005, el gobierno guatemalteco actuó para reestructurar el proceso.

Contexto

Guatemala es una nación multiétnica y multicultural con 24 diferentes comunidades lingüísticas. La historia del país ha sido marcada por la marginalización de la población indígena, los gobiernos militares y un conflicto armado interno de 36 años de duración. Las estimaciones sitúan los costos humanos del conflicto en 200.000 muertes y desapariciones con un número entre 500.000 y 1.5 millones de desplazados internos o en busca de refugio en otros países. Se han documentado más de 669 masacres. Se desconoce aún el paradero de muchos de los desaparecidos.

Tras un prolongado proceso de paz, en 1996 se firmó un acuerdo negociado por Naciones Unidas entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El acuerdo abarcaba una amplia gama de temas, desde la desmovilización y la reintegración de la guerrilla, hasta el respeto por los derechos humanos, el reasentamiento de la población desplazada, la disolución de las Patrullas de Autodefensa Civil. Estos temas enmarcan la solución de asuntos relacionados con la tenencia de la tierra y el fortalecimiento del sistema judicial y de la sociedad civil.

Un proceso no oficial de búsqueda de la verdad promovido por la iglesia católica, el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) presentó un informe en abril de 1998 que analizaba unas 7.000 entrevistas con víctimas. Dicho proceso, atribuyó al ejército más del 90 por ciento de las atrocidades documentadas. Dos días después de la publicación del informe, el director del REMHI, el obispo Juan Gerardi, fue asesinado. Aunque el caso finalmente resultó en algunas condenas, el proceso legal aún continúa. Cuando la persecución penal nacional no produjo justicia, algunos recurrieron a los foros internacionales, entre ellos las cortes españolas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado en contra del gobierno en varios casos en los últimos años. En octubre de 2005, la Corte Constitucional española falló y declaró que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura guatemalteca y el conflicto armado interno podían ser enjuiciados en las cortes españolas en el marco de las disposiciones de jurisdicción universal previstas en la normatividad española.

Los acuerdos de paz de Guatemala igualmente incluyeron la creación de la Comisión de Clarificación Histórica, con un equipo humano mixto de guatemaltecos y expertos internacionales, que recaudó testimonios en todo el país y presentó su informe en febrero de 1999. Su contundente constatación que afirmaba que habían ocurrido hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, y otras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, fue controvertida por el gobierno. Como resultado, muchas de las recomendaciones del informe cayeron en el olvido, al igual que la persecución penal de las violaciones graves de los derechos humanos. No obstante, algunos casos todavía son investigados o esperan judicialización en las cortes nacionales y las organizaciones de víctimas continúan exigiendo justicia.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se prometieron concesiones a las antiguas Patrullas de Autodefensa Civil ⎯que en un momento dado contaban con 500.000 miembros⎯ tras las violentas protestas de sus miembros. La Comisión de Clarificación Histórica concluyó que las patrullas fueron responsables de cerca del 18 por ciento de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia y que a menudo actuaban en colaboración con el ejército, que fue acusado de responsabilidad en 85 por ciento de las violaciones. Tras el compromiso de Portillo ante las unidades de defensa civil, un prolongado y poco productivo proceso para brindar reparaciones a las víctimas de abusos de los derechos humanos culminó finalmente en un acuerdo entre la sociedad civil, los grupos de víctimas y el gobierno para crear un Programa Nacional de Resarcimiento. En mayo de 2003 el acuerdo condujo al decreto gubernamental que creó el programa.

(Actualizado en febrero de 06)