Actividades del ICTJ

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue convocada en julio de 2001 para investigar los abusos de los derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000, contribuir a hacer justicia y aportar recomendaciones. El informe final de la CVR, publicado en agosto de 2003, concluyó que la violencia insurgente y las tácticas de contrainsurgencia causaron, según las estimaciones, unas 69.000 muertes y desapariciones, en su mayoría en comunidades indígenas. La Comisión recomendó un plan exhaustivo de reparaciones, persecuciones penales, reformas institucionales y una serie de otras medidas.

El ICTJ comenzó a trabajar con actores locales en el Perú a inicios de 2001. La Asociada Principal Lisa Magarrell dirige el programa de Perú en el ICTJ desde agosto de 2001. Luego de aportar observaciones preliminares sobre los términos de referencia de lo que se convertiría en el mandato de la Comisión, el Centro siguió brindando apoyo y asesoría técnica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la medida en que ésta se formaba y comenzaba a funcionar.

El ICTJ facilitó los contactos entre la Comisión y otras comisiones pasadas y presentes en todo el mundo. Entre agosto de 2001 y el cierre del trabajo de la Comisión en 2003, más de una docena de consultores del ICTJ con experiencia en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica y otros países, aportaron insumos a la CVR y a las ONG sobre temas tales como el diseño de una base de datos, metodología de la investigación, derecho penal internacional, derecho de los derechos humanos, derecho humanitario, práctica de audiencias públicas y políticas de reparación.

El Centro le facilitó también al director de relaciones externas de la Comisión consultas con expertos en comunicaciones y con museos de la conciencia en las ciudades de Nueva York y Washington. En junio de 2003, el ICTJ acogió a una delegación de la Comisión y presentó una exhibición de fotografías, facilitó un foro público, así como reuniones con funcionarios clave de Naciones Unidas, de ONG y otros en Nueva York para discutir el informe final de la Comisión, próximo a aparecer, y para generar apoyo para el proceso post-CVR. Para permitir un mayor acceso al informe final de la CVR, el Centro lo tradujo al inglés y distribuyó ampliamente su índice de contenidos, sus conclusiones y un resumen de sus recomendaciones.

En septiembre de 2003, gracias a los esfuerzos de la Asociada del ICTJ en el país, Julie Guillerot, el Centro y la Asociación Peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) lanzaron un boletín internacional dando seguimiento a la evolución post-CVR. El boletín "Y despues de la CVR, ¿Qué?", fue distribuido semanalmente durante 2006 a más de 300 personas de ONG, organizaciones internacionales, grupos de víctimas, abogados, antiguos comisionados, funcionarios gubernamentales, estudiantes y otros más.

El ICTJ aportó insumos y observaciones a los realizadores de documentales de la empresa Skylight Pictures para su película State of Fear, ganadora de premios en 2005, que retrata la historia del Perú desde la perspectiva de la CVR.

El Centro se ha pronunciado en numerosas ocasiones en Estados Unidos y en otros lugares, sobre el proceso peruano. Ha participado en tres foros internacionales realizados en Perú sobre la justicia transicional y los retos de la fase post-CVR. El consultor del ICTJ y antiguo comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, Bongani Finca, fue conferencista en un evento patrocinado por la CVR en junio de 2003, antes de la publicación del informe. Juan E. Méndez, presidente del ICTJ y la Sra. Magarrell hablaron en una conferencia sobre el proceso post-CVR en julio de 2004. La Sra. Magarrell regresó a inicios de 2005 para participar en otro evento internacional en que se examinaba el impacto de la Comisión. El ICTJ aporta asesoria técnica y apoyo con relación al proceso de reparaciones en Perú y colabora con APRODEH y su trabajo de justicia penal a favor de las víctimas. Por otra parte, en 2006 el Centro lanzó un proyecto de justicia de género en Perú.

Reparaciones

En marzo de 2002, el Centro y APRODEH iniciaron un proyecto conjunto de investigación sobre reparaciones en Perú, dirigido por la Sra. Magarrell y el Director de Investigación del ICTJ, Pablo de Greiff, que abordó los temas conceptuales y prácticos que enfrentaban las ONG, el gobierno y la CVR en el diseño de un programa de reparaciones. El informe producto del proyecto, "Parámetros para el Diseño de un Programa de Reparaciones en Perú" (Parameters for the Design of a Reparations Program in Peru) fue presentado a estos sectores y a grupos de víctimas en octubre de 2002 y circuló ampliamente en una versión más sencilla. Habiendo ayudado a definir el terreno común para del debate público y privado sobre las reparaciones, y aportado un marco conceptual para las recomendaciones de la Comisión en materia de reparaciones, el informe sirvió de referencia para aquellos que se dedican al tema.

La Sra. Magarrell y los consultores del ICTJ brindaron asesoría técnica a la CVR mientras ésta desarrollaba su plan de reparaciones. La Sra. Magarrell también se reunió regularmente con el grupo de trabajo de ONG que apoyaba los esfuerzos de la CVR por desarrollar el plan, ayudando a incorporar a los grupos de víctimas en el proceso y desarrollando estrategias de la sociedad civil en apoyo a la puesta en práctica de las reparaciones. En 2004 el Centro y APRODEH publicaron un documento de política sobre el concepto de un registro nacional de víctimas (Insumos para el debate acerca del propósito y naturaleza de un Registro Nacional de Víctimas en el Perú) con el que aportaron un punto de partida al debate y avances sobre un obstáculo clave en la implementación de un programa de reparaciones.

En 2004 y 2005, a través del trabajo de la Guillerot en Perú, el ICTJ participó en los esfuerzos por elaborar y aprobar legislación que creaba la condición de "desaparición" de acuerdo con la la ley civil, un programa nacional de reparaciones y un registro de víctimas. El Congreso peruano aprobó la legislación de reparaciones en 2005. Guillerot y Magarrell continúan con el aporte de insumos al proceso de planeación de la implementación. A fines de 2006 y principios de 2007 Guillerot brindó apoyo técnico a un miembro del Consejo Nacional de Reparaciones con quien elaboraron un texto sobre la experiencia peruana de reparaciones (Memorias de un proceso inacabado-reparaciones en la transición peruana) publicado en agosto de 2006 y lanzado en Lima. Está por publicarse una versión en español. Guillerot elaboró también un capítulo sobre el género y las reparaciones en el Perú en la publicación del ICTJ "What Happened to the Women?" ("¿Qué les Ocurrió a las Mujeres?").

El trabajo del Centro en materia de reparaciones en el Perú no sólo ayudó a desarrollar experticia en ese país, dando fundamento al proceso de reparaciones hasta hoy, sino que los consultores del ICTJ han seguido brindando orientaciones a los procesos de reparación en otros contextos, entre ellos Timor-Leste y Colombia. En 2006 e inicios de 2007, mientras que se atrasa la puesta en práctica de las reparaciones y parece incierto el futuro de las instituciones peruanas a cargo de tales reparaciones, el ICTJ monitorea la situación y brinda su asesoría técnica a los actores involucrados en el proceso.

Justicia Penal

Las investigaciones y enjuiciamientos, recomendados por la CVR y aceptados por la jurisprudencia interamericana en cuanto a leyes de amnistía anteriores, han enfrentado diversos obstáculos en el período post-CVR, incluyendo un tratamiento desigual y afirmaciones de los acusados sobre impedimentos procesales. No obstante, en decisiones importantes que sucedieron a la publicación del informe de la CVR, la Corte Constitucional del Perú confirmó el derecho a la verdad y la inaplicabilidad de la prescripción en casos de desaparición.

Desde 2002 y hasta mediados de 2004, el antiguo asociado principal Paul Seils aportó información y experticia a las ONG y a los fiscales sobre las técnicas y estrategias de investigación de crímenes masivos. En co-auspicio con APRODEH, en junio, julio y diciembre de 2002, el equipo del ICTJ y los consultores facilitaron talleres y aportaron copiosos materiales a los abogados de ONG, a la policía, y a los fiscales y jueces involucrados en la investigación y persecución penal de violaciones de los derechos humanos del pasado.

Igualmente, el Centro estimuló la discusión entre las ONG y aportó un análisis escrito de las estrategias para la persecución penal de "crímenes del sistema" (crímenes planeados y ejecutados por personas que actúan en nombre del estado). En 2004 y 2005, un consultor pasó casi 20 semanas en Perú brindando apoyo técnico intensivo al equipo jurídico de APRODEH en su trabajo sobre la persecución penal nacional de crímenes internacionales. El trabajo del ICTJ en Perú continuó en 2006 en forma de misiones de terreno y talleres con jueces, fiscales y otras ONG.

Con el apoyo del ICTJ, el trabajo de APRODEH condujo a la expedición de órdenes de arresto contra varios oficiales del ejército bajo investigación por su participación en las ejecuciones o desapariciones de más de 50 personas en la base militar de Cabitos en Ayacucho, Perú. El caso se encuentra aún en desarrollo.

En concordancia con el objetivo del ICTJ de estimular la investigación y la escritura sobre la justicia transicional en Perú, en 2005 y 2006 la Sra. Magarrell y el consultor del ICTJ Leonardo Filippini coordinaron un proyecto de investigación sobre los retos de las persecuciones penales en el contexto de la CVR. En colaboración con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) el proyecto incluyó a ocho autores peruanos cuyos seis ensayos se reúnen en la publicación "El legado de la verdad-la justicia penal en la transición", junto con un artículo por los editores Magarrell y Filippini. El IDEHPUCP fue anfitrión del lanzamiento del texto en Lima a fines de abril de 2006. El libro está disponible en español y en inglés.

Un aspecto de la justicia en el contexto peruano que resalta "El legado de la verdad" es la dificultad que encuentran las víctimas de violación sexual para que se responsabilice a los perpetradores por medio del sistema penal. En 2006, la Unidad de Género del ICTJ lanzó un proyecto en coordinación con la ONG Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la International Human Rights Law Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York aportando análisis e información sobre la violación sexual como tortura en el derecho internacional. Este trabajo está en curso.

Contexto

En noviembre de 2000, el desenmascaramiento de una extensa red de corrupción a los más altos niveles del gobierno y la consiguiente indignación pública de la sociedad civil condujeron al autoexilio en Japón del entonces presidente Alberto Fujimori. Un gobierno interino asumió el poder, y a fines de julio de 2001 el recién electo Presidente Alejandro Toledo tomó juramento. La caída del régimen de Fujimori condujo a investigaciones judiciales y congresales, tanto sobre la corrupción como sobre las violaciones a los derechos humanos, mientras que a nivel regional los fallos de la Corte Interamericana resultaron en la abolición de las leyes de amnistía para las violaciones graves de los derechos humanos y compensaciones en un número de demandas contra el estado.

El espacio político que se abrió a fines del 2000 condujo también a la propuesta por parte de la comunidad de derechos humanos local de crear una comisión de la verdad, establecida por decreto presidencial en junio de 2001. Se encargó a la comisión investigar violaciones de los derechos humanos y "violencia terrorista" atribuible al estado o a grupos subversivos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. El mandato abarca los períodos presidenciales de Belaúnde, García y Fujimori, y los hechos de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Además de aclarar los hechos y las responsabilidades, el mandato le encomendó a la comisión determinar las condiciones que dieron origen a la violencia, contribuir a las investigaciones judiciales y redactar propuestas de reparación y recomendar reformas. El Presidente Toledo amplió la composición de la comisión original a 12 miembros, dándole el nuevo nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y juró poner en práctica sus recomendaciones. El mandato de 19 meses que debía concluir en febrero de 2003 fue extendido hasta mediados de julio de 2003 y finalmente hasta agosto 31 de 2003. La Comisión presentó su informe final al gobierno el 28 de agosto de 2003.

A inicios de 2004 el Presidente creó una Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para hacer seguimiento a las acciones y políticas estatales en materia de paz, reparaciones colectivas y reconciliación nacional. Este órgano, compuesto por siete representantes ministeriales y cuatro de la sociedad civil, es ampliamente reconocido como la comisión de seguimiento a las recomendaciones de la CVR, aunque su impacto ha sido limitado dada su falta de fondos y su subordinación funcional al Consejo de Ministros. A fines de 2005, la CMAN (encargada de elaborar normas para la ley de reparaciones aprobada en 2005) fue puesta bajo la autoridad del Ministerio de Justicia. Al final, las normas fueron aprobadas en 2006.

Un número de casos penales surgidos de violaciones de los derechos humanos del pasado y documentados por la CVR siguen pendientes ante las autoridades penales. En noviembre de 2005, se llevaba a cabo un importante juicio de derechos humanos contra miembros de un escuadrón de la muerte del ejército, el Grupo Colina. Ese mismo mes, el ex presidente Alberto Fujimori fue detenido en Chile, donde las autoridades peruanas buscan su extradición al Perú para que sea juzgado por cargos relacionados con la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

En Julio de 2006, el recién re elegido Presidente Alan García subió al poder y se dieron importantes cambios en la composición del Congreso, en el que obtuvieron curules un número de legisladores leales a Fujimori junto con los partidarios del candidato presidencial perdedor, Ollanta Umala. Esta rotación puso en duda el futuro de las recomendaciones de la CVR, aunque el gobierno de García pronto tomó algunos pasos para poner en vigor la ley de reparaciones. En agosto de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el pago de 15 millones de soles en reparaciones prometidas durante el gobierno de Toledo y asignó 30 millones más para reparaciones con recursos de contribuciones voluntarias de la industria minera. La CMAN se reasignó bajo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y su composición se amplió para incluir ministerios adicionales. En octubre de 2006 la PCM nombró siete personas al Consejo de Reparaciones.

(Actualizado en marzo de 07)