Algeria

Actividades de la ICTJ

A finales de 2003, abogados argelinos, ONG y grupos de familiares solicitaron al ICTJ apoyo en temas relacionados con la justicia tras la creación por el gobierno de una comisión – National Consultative Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (CNCPPDH) – para investigar y resolver dudas en materia de casos de tortura, violencia y desapariciones que se remontan hasta 1992. En noviembre de 2003, el personal del ICTJ participó en seminarios de desarrollo de capacidades dirigidos a activistas argelinos en París. Inquietudes sobre la falta de transparencia y de garantías judiciales de la nueva comisión impulsaron a los activistas a conformar una coalición destinada a monitorear y a fortalecer el proceso investigativo.

El trabajo del Centro en Argelia en 2004 se centró en el desarrollo de capacidades y en un extenso monitoreo de los esfuerzos gubernamentales por establecer el paradero de los desaparecidos y hacer frente a temas relacionados con la justicia, la rendición de cuentas y la reconciliación. Esto incluyó facilitar la participación de activistas argelinos en un taller de capacitación de una semana de duración, realizado en junio de 2004, sobre las herramientas y los mecanismos de la justicia transicional. Un segundo taller regional realizado en Marruecos en diciembre de 2004, junto con el Instituto Árabe de Derechos Humanos (Tunisia), congregó un importante contingente de defensores argelinos de derechos humanos.

El 31 de octubre de 2004, el recién elegido presidente Bouteflika anunció sus intenciones de buscar una amnistía general por medio de votación pública. La fecha de la votación fue anunciada sólo en agosto de 2005. Posteriormente, el presidente creó el Comité Nacional por la Amnistía General (CNAG), destinado a informar a la opinión pública sobre los méritos de una amnistía para el futuro de Argelia como país ‘reconciliado’ y ‘en paz con su pasado’.

En marzo de 2005, la CNCPPDH declaró los resultados parciales de su investigación de 15 meses sobre la suerte de los desaparecidos. Aunque el informe final nunca se publicó, la Comisión declaró que 6.146 casos de desapariciones eran atribuibles directamente a las fuerzas de seguridad argelinas. Como respuesta, el ICTJ publicó un comunicado de prensa, junto con varios grupos internacionales de derechos humanos, expresando su preocupación en cuanto a la propuesta de amnistía y solicitando una investigación independiente de los acontecimientos del pasado.

Durante el verano de 2005, el ICTJ continuó trabajando de cerca con sus socios de la sociedad civil argelina en materia de la amnistía formal. En junio, el ICTJ propició un taller de justicia transicional en Rabat, Marruecos, para abogados argelinos y líderes de ONG, en asociación con el Instituto Árabe de Derechos Humanos y Freedom House. Igualmente, el Centro inició contactos con el gobierno argelino, solicitando una visita para discutir experiencias de verdad y reconciliación en el mundo, así como para compartir su destreza sobre los mecanismos de justicia transicional.  

En septiembre de 2005, un referendo formal sobre la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional propuesta por el presidente Bouteflika fue aprobado de manera arrolladora por el 86 por ciento de los argelinos que votaron.

En febrero de 2006, el presidente Bouteflika expidió un decreto para implementar la Carta. En julio de 2006, el ICTJ organizó una mesa redonda de dos días en Bruselas con representantes de la sociedad civil argelina y varias organizaciones internacionales de derechos humanos para discutir las posibilidades de mecanismos de justicia transicional tras la adopción del decreto. Los participantes expresaron serias inquietudes sobre las disposiciones de amnistía incluidas en el decreto de implementación de la Carta. Se propusieron estudiar la posibilidad de establecer una comisión de la verdad en Argelia y desarrollar estrategias de reto de las disposiciones del decreto que violan las obligaciones judiciales internacionales de Argelia.

En febrero de 2007, el ICTJ fue invitado a Argel a participar en una conferencia nacional sobre la creación de una comisión de la verdad en Argelia. Las autoridades argelinas impidieron que la reunión se llevara a cabo. Esa misma semana, Argelia ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El ICTJ sigue trabajando de cerca con ONG, grupos de víctimas y abogados para fortalecer su capacidad de búsqueda de la verdad y la justicia.

Contexto

Argelia emerge de una década de atrocidades conocida como la “guerra sucia”, durante la cual unos 150.000 argelinos fueron muertos y por lo menos 7.000 desaparecidos. La anulación en 1992 de los resultados de las elecciones democráticas, que hubieran llevado al partido islamista al poder, abrió las puertas a una era caracterizada por extrema violencia cometida por las fuerzas de seguridad del estado, milicias patrocinadas por el mismo y rebeldes armados. Operando bajo el estado de emergencia nacional que perdura aún hoy, el gobierno y las diversas facciones opositoras han actuado contra la población civil con total impunidad.

En 1999, el presidente Abdelaziz Bouteflika aprobó la Ley de Armonía Civil, cuyo objetivo era otorgar amnistía condicional a los insurgentes dispuestos a entregar las armas y reincorporarse a la sociedad civil. Desde entonces, la violencia ha descendido de manera constante, pero se ha logrado poco progreso en áreas tales como la verdad, la justicia o las reparaciones para las víctimas y sus familias.

En septiembre de 2003, el presidente Bouteflika estableció la Comisión Nacional Consultiva para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CNCPPDH en inglés), dándole un mandato de 18 meses para establecer la suerte de los desaparecidos, redactar propuestas de compensación para las familias de las víctimas y brindar a las familias asistencia social. La Comisión actuó principalmente como vínculo entre el estado y las familias de las víctimas; no obstante varios grupos cuestionaron lo que percibían como los poderes débiles investigativos de la Comisión.

El 31 de marzo de 2005, la Comisión entregó su informe confidencial al presidente. Sin revelar los detalles, el presidente de la Comisión, Farouk Ksentini, hizo públicas declaraciones atribuyendo al estado la responsabilidad de 6.146 de las desapariciones registradas. Tal admisión coincidió con una enérgica campaña gubernamental de promociones de un referendo nacional sobre la amnistía general. Los esfuerzos por instaurar la amnistía resultaron en protestas por grupos nacionales de víctimas y organizaciones internacionales de derechos humanos. A pesar de la amplia aprobación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional en la votación del 29 de septiembre de 2005, el futuro de la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y las condiciones de la declaración de amnistía es aún incierto.

En febrero de 2006, el presidente Bouteflika expidió un decreto de implementación de la Carta. Posteriormente, se presentó una impugnación constitucional contra las disposiciones favorables a la amnistía en el decreto.

(Actualizado en marzo de 2007)