Líbano

Actividades del ICTJ

Los actores de la sociedad civil local perciben la retirada siria del Líbano en abril de 2005 y el cambio de gobierno tras las elecciones parlamentarias de ese año como una ventana de oportunidad para la justicia transicional. Tras las solicitudes de apoyo por grupos de víctimas y ONG, el ICTJ realizó una visita evaluativa al Líbano en septiembre de 2005. El Centro constató que un número de actores locales, incluyendo parlamentarios y funcionarios del gobierno, reflexionaron sobre cómo la nación debía hacer frente al legado de abusos de los derechos humanos del pasado. El Centro observó igualmente que muchos grupos de la sociedad civil ya habían emprendido iniciativas para encarar las atrocidades y violaciones graves de los derechos humanos ocurridas en los últimos 30 años. Todos aquellos involucrados en iniciativas relacionadas con la justicia transicional en el Líbano solicitaron la destreza, el apoyo o la cooperación del ICTJ.

Animado por los resultados de su visita de evaluación, a inicios de diciembre de 2005 el Centro, junto con el Lebanese Center for Policy Studies y Center for Sustainable Democracy, co-organizó un taller enfocando algunos mecanismos de justicia transicional, para ayudarles a los activistas, abogados, periodistas, parlamentarios y funcionarios gubernamentales a familiarizarse con experiencias de otros países como Argentina, Ghana, Marruecos, Perú y Sudáfrica.

Posteriores visitas del ICTJ en febrero, mayo y septiembre de 2006 condujeron a discusiones de seguimiento con los funcionarios de alto nivel de American University of Beirut - AUB, así como a reuniones adicionales con funcionarios públicos, actores de la sociedad civil y medios de comunicación. Se llegó a un acuerdo con la AUB para que el ICTJ colaborara en el desarrollo, y parte de la enseñanza, de un curso de Maestría en justicia transicional en 2007. El ICTJ también ofreció orientación técnica y fortalecimiento de capacidades a la luz de las negociaciones entre el gobierno del Líbano y Naciones Unidas sobre la creación de un tribunal híbrido para juzgar a los responsables de una oleada de asesinatos y bombardeos con motivación política en los últimos dos años – incluyendo el asesinato del antiguo primer ministro Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005. Tanto Naciones Unidas como el gobierno del Líbano respondieron favorablemente. Se planeó una serie de actividades, que después fueron pospuestas por las susceptibilidades políticas en torno al establecimiento del tribunal y como consecuencia del conflicto entre Israel y Hizbullah de julio de 2006 y la crisis política que se desató como secuela.  

En septiembre de 2006, un equipo de alto nivel del ICTJ visitó el Líbano y discutió varios proyectos, incluyendo una serie de seminarios de desarrollo de capacidades en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos del Colegiado de Abogados  enfocando destrezas para las persecuciones y el litigio; experiencias de reparaciones desde la segunda guerra mundial; documentación de violaciones de derechos humanos para el uso de litigio o de programas de reparaciones; y de monumentos y de museos para contribuir a afrontrar el legado de abusos del pasado. Se retomaron también las discusiones con el Consejo Judicial Libanés en torno a un seminario para jueces libaneses sobre experiencias con tribunales híbridos en otros países y los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho y los procesos judiciales locales como posible producto secundario de tales experiencias.

Contexto  

La Guerra en el Líbano, que comenzó en abril de 1975 y concluyó oficialmente en 1991, se describe generalmente como una serie de conflictos inconexos en que se involucró con una gama de actores tanto locales como extranjeros. Según las estadísticas publicadas por la policía libanesa en 1991, aproximadamente 145.000 personas fueron muertas, 185.000 fueron heridas, 17.000 desaparecidas y alrededor de 800.000 desplazadas forzosamente durante la guerra. Entre tres y medio y cuatro millones de personas viven en el Líbano, además de cerca de 350.000 refugiados palestinos. Todas las partes en el conflicto fueron culpables en uno u otro momento de violaciones de los derechos humanos y de las normas del derecho humanitario.

El “fin” oficial de la guerra en 1991 no acabó necesariamente con la era de los abusos de los derechos humanos. Tampoco condujo a los sucesivos gobiernos de posguerra de hacer frente adecuadamente a los crímenes y atrocidades cometidos durante el conflicto. A pesar de la continua movilización por parte de las organizaciones de víctimas desde el comienzo de los años 1980, no se tomaron medidas serias para resolver el problema de los desaparecidos o los heridos graves durante el conflicto. Por el contrario, en 1991 se aprobó una ley de amnistía general que pasaba por alto los derechos de las víctimas.

En febrero de 2005, el antiguo primer ministro Rafiq Hariri fue asesinado en un atentado con bomba en Beirut. Al asesinato le sucedieron manifestaciones masivas repudiando el rol de Siria en el Líbano. En abril de ese año, Siria retiró sus tropas, poniendo fin a una presencia militar de 29 años. A la salida del Líbano la siguió una serie de asesinatos de motivación política de libaneses prominentes que habían sido críticos decididos de Siria, incluyendo el periodista Samir Kassir el 3 de junio; George Hawi, antiguo secretario general del Partido Comunista Libanés el 21 de junio; y el editor-en-jefe del periódico An-Nahar, Gebran Tueni, el 12 de diciembre de 2005. Previamente durante septiembre se había producido un intento fallido de asesinato de la presentadora de noticias de la Corporación Libanesa de Radiodifusión, May Chidiac.  Los asesinatos motivados políticamente continuaron en 2006 con el asesinato del Ministro de Industria Pierre Gemayel el 21 de noviembre.

En abril de 2005, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1595 que establecía una comisión independiente de investigación con sede en el Líbano “para asesorar a las autoridades libanesas en su investigación de todos los aspectos del ataque terrorista con bomba que mató al antiguo primer ministro Rafiq Hariri".  Inicialmente, el juez alemán Detlev Mehlis presidió la investigación de la Comisión, y en enero de 2006 fue sucedido por Serge Brammertz, un antiguo fiscal federal belga. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el gabinete libanés aprobaron la creación de un Tribunal Especial para el Líbano, pero su ratificación por el presidente libanés seguía pendiente a inicios de 2007.

Como secuela del conflicto entre Hizbullah e Israel en julio-agosto de 2006, se generó una crisis política en el Líbano con la renuncia de cinco miembros Shi'a del gabinete y una serie de protestas y enfrentamientos algunos violentos en las calles. A finales de 2006, el país vivía una confrontación entre políticos anti-sirios, primordialmente miembros de la Alianza del 14 de Marzo, liderada por Sa'ad Hariri – hijo del asesinado ex primer ministro Rafiq Hariri – y sus opositores, representados por una coalición de miembros de Hizbullah, Amal y el Movimiento Patriótico Libre.

(Actualizado en marzo de 2007)