República Centroafricana

Después de seis décadas de un conflicto devastador, la República Centroafricana se ha embarcado en un proceso de justicia de transición para poner fin a la impunidad y brindar justicia a las víctimas. En cooperación con varias partes interesadas, el ICTJ apoya a la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación recientemente establecida y otras iniciativas de rendición de cuentas, y ayuda a las víctimas a participar en ellas y acceder a la justicia.

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Antecedentes: un contexto profundamente frágil acosado por la violencia recurrente

Desde su independencia en 1960, la República Centroafricana (RCA) ha lidiado con la inestabilidad y la violencia recurrente. El conflicto llegó a su punto culminante en 2013 cuando los rebeldes de Seleka tomaron el poder mediante un golpe de estado y las milicias de defensa antibalaka tomaron represalias ese mismo año. Todos los bandos cometieron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, dejando a miles de víctimas en busca de justicia. Un acuerdo de alto el fuego firmado en 2014, seguido del Foro de Reconciliación Nacional de Bangui de 2015, condujo al establecimiento del Tribunal Penal Especial para enjuiciar las violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el país desde el 1 de enero de 2003.

Sin embargo, la violencia continuó y ocurrieron varias masacres en 2017 y 2018. En un intento por poner fin a la crisis, a principios de 2019 se firmó otro acuerdo de paz entre los grupos armados y el gobierno, seguido de una consulta pública nacional sobre la creación de una verdad. comisión. En 2020 se creó la Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación para investigar y esclarecer la verdad sobre las graves violaciones ocurridas desde 1959 hasta el 31 de diciembre de 2019, procurar justicia por estos crímenes, reafirmar la dignidad de las víctimas y lograr la reconciliación nacional. Un decreto presidencial del 30 de diciembre de 2020 confirmó la selección de los 11 miembros de la comisión.

La violencia recurrente en la República Centroafricana ha debilitado el Estado y sus instituciones, y la mayor parte del país sigue bajo el control de grupos armados. El estado no puede proporcionar los servicios básicos y el país está clasificado entre los más pobres del mundo. Cientos de miles de centroafricanos son desplazados internos y la mayoría de la población ha sufrido violaciones de derechos humanos y tiene acceso limitado a la justicia, especialmente aquellos que viven fuera de la capital. La desigualdad de género y la violencia sexual y por motivos de género están muy extendidas.