En los medios

6/3/2011

Durante una reciente visita a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fui golpeado inmediatamente por la realidad de exclusión y segregación. Desde la salida del aeropuerto, la miseria humana se hizo evidente. Miles y miles de casitas improvisadas enmarañaban los dos lados de la carretera. Sus débiles estructuras parecían ser sostenidas por la casa vecina que era sostenida por la casa vecina que, a su vez, era sostenida por la casa vecina.

20/2/2011

Hay más de cien mil personas bajo algún tipo de detención en el país y parece no importarnos. Es un número importante de personas embodegadas, contando los días, encerrados. Y lo que es más grave es que es una población que crece incontrolablemente. ¿Cómo llegamos ahí?

A finales de los noventa, la Corte Constitucional determinó que la situación de las prisiones implicaba un “estado de cosas inconstitucional” en relación con los derechos de las personas privadas de libertad. ¡Una situación alarman- te! Debió haber generado consternación social, pero a pocos les importó.

6/2/2011

Inició el periodo electoral y, por el momento, nos enteramos de los movimientos políticos y las alianzas en las grandes ciudades. Poco se dice de las dinámicas locales en los municipios o en los departamentos menos prósperos, en los cuales se jugará la configuración del poder político con alianzas volubles de conveniencia, con poco culto a lo público y con una alta dosis de sangre.

23/1/2011

El mecanismo confesional que se propone en la Ley 1424 de 2010 tiene su inspiración en las confesiones que se incentivaron con amnistías en el marco de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) de Sudáfrica.

9/1/2011

A finales del año pasado se adoptó, en tiempo récord y sin mayor debate, la Ley 1424, por la cual se busca resolver la situación jurídica de los paramilitares desmovilizados a quienes no se les habían aplicado las figuras previstas en leyes anteriores (como la amnistía, el indulto o el principio de oportunidad) que las altas cortes declararon inconstitucionales.

12/10/2000

La Ley 975 de Justicia y Paz está en deuda con el país, en especial con las víctimas de los paramilitares, luego de que éstos asumieran el compromiso de dejar las armas, reparar a los afectados por el conflicto y restituir los bienes. Hoy, a más de seis años de sancionada la Ley, hay quienes la califican como un rotundo fracaso y la principal preocupación es que, de acuerdo con la norma, al cumplir ocho años de prisión —la pena alternativa—, los desmovilizados recuperarían la liberad.

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