Cifra de desmovilizados, otra polémica oficial

16/6/2011

ALEJANDRO ÉDER, Alto Comisionado para la Reintegración, explicó ayer que la Ley 1424 pretende aclarar la situación jurídica de los desmovilizados. El presidente Juan Manuel Santos dijo que en materia de desmovilización el país camina en la misma dirección.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, quiso poner ayer paños fríos a la polémica creada por el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quienes se trenzaron en una discusión mediática sobre un posible indulto para cerca de 25.000 desmovilizados, tal como contemplaría, según Garzón, la reglamentación de la Ley 1424 o "de desmovilizados".

En su cuenta de Twitter, el Presidente escribió que "en desmovilizaciones la posición del Gobierno es una. No más controversias públicas".

Horas antes, Garzón había dicho que "el Gobierno va a reglamentar la Ley 1424, en la cual se incluirá un indulto a desmovilizados que no hayan cometido delitos de lesa humanidad".

Vargas Lleras ripostó diciendo que lo afirmado por el Vicepresidente "no tiene fundamentos legales ni constitucionales".

Alejandro Éder, alto Comisionado para la Reintegración, indicó que lo único que busca esta Ley es brindar beneficios a aquellos que abandonaron las filas del paramilitarismo, entregaron sus armas y dejaron de delinquir.

"Pueden acceder a los beneficios de esta Ley como la suspensión de la pena siempre y cuando ellos cumplan con ciertos requisitos y su delito haya sido concierto para delinquir".

Para acceder a los beneficios de la Ley 1424 está que los desmovilizados deben ser activos o haber terminado el proceso de reintegración, cumplir con actividades de servicio social y reparación, participar en mecanismos de contribución a la verdad histórica que se va a crear a partir de esta Ley, y no volver a incurrir en delitos.

No cuadran las cifras

Éder especificó que los beneficiados de la Ley 1424, que rige desde el 29 diciembre de 2010, pueden ser cerca de 25.000 desmovilizados.

"De esas 25.000 en total hay 20.000 que están activas, más 4.000 que están por fuera y que deben registrarse", explicó Éder.

Sin embargo, Michael Reed Hurtado, director del Centro Internacional de Justicia Transicional en Colombia (ICTJ), indicó que podrían ser menos los desmovilizados que cobijaría la Ley "por lo que hemos insistido en la necesidad de contar con información clara y transparente".

Reed manifestó que de este universo de desmovilizados señalados por el Gobierno, debe descontarse "los que fueron postulados a Justicia y Paz. También los que han sido asesinados o han muerto, los que han reingresado a la actividad criminal, los detenidos o capturados en flagrancia.

Por eso lo primero para enfrentar cualquier iniciativa es tener claridad. No son tantos los paramilitares que estarían en posibilidad de apelar acá. Hay 5.000 que no se saben dónde están".

Según cálculos del ICTJ, basado en reportes de las autoridades, 2.290 de los desmovilizados han muerto y 6.687 han sido capturados, los cuales perderían los beneficios de la Ley 1424 de 2010.

Cuidado con los "colados"
Para no repetir la situación que se presentó con postulados en Justicia y Paz, en la que hubo "colados" que no eran desmovilizados, Éder declaró que la Fiscalía será la encargada de hacer las investigaciones sobre los que se van a inscribir para recibir los beneficios.

Pero la recomendación de Reed es que se haga "una investigación profunda para establecer que el postulado sí cumple con los requisitos de la Ley, de lo contrario, la aplicación e implementación podría darle un paz y salvo a otra persona que esté incurso en otros delitos. Hay que saber si el individuo estuvo en el grupo armado ilegal durante 10 años y mínimamente saber qué hizo en ese periodo".

Reed señaló que la Fiscalía tiene que saber a quién le está otorgando beneficios judiciales y no basarse solo en datos de desmovilizados.

No habrá impunidad
Éder dijo que con esta Ley no hay impunidad ni indulto. Si las personas cumplen con las anteriores condiciones "se suspendería la pena y continuarán con su vida y los procesos de reintegración".

Entre tanto, Reed explicó que esta Ley tiene fallas que el Gobierno debe arreglar en el camino y una de ellas es "que un desmovilizado cuente su versión y esta no pueda utilizarse o no serviría para luchar contra otros desmovilizados implicados en delitos".

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