La reparación de las víctimas en Colombia, una promesa parcialmente cumplida

6/4/2015

Uno de los mayores desafíos que Colombia enfrenta en la construcción de paz es la reparación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado, que todavía sigue activo después de 50 años. En el caso de las reparaciones el reto es, literalmente, enorme: según datos de la Unidad de Víctimas (el organismo institucional que gestiona los programas de reparación), actualmente hay más de siete millones de víctimas registradas en el país. Y las cifras siguen creciendo.

Entre las diversas medidas de justicia transicional que Colombia ha puesto en marcha en los últimos años para atender a las víctimas, las reparaciones han tomado un papel central. En 2011 en Congreso aprobó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el objetivo de proporcionar una reparación integral a las víctimas del conflicto. Esta reparación se diseñó con el objetivo de superar el mero enfoque de la indemnización económica por lo que incluyó otras medidas materiales como proporcionar asistencia psicosocial, viviendas dignas, o la restitución de tierras; pero también medidas simbólicas, como el establecimiento Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que desde entonces se celebra el 9 de abril. La Ley generó muchas expectativas entre las víctimas y fue presentada como un instrumento que aspiraba a reparar pero también a transformar “las vidas” y la situación de las víctimas.

A tres años del inicio de su ejecución, el ICTJ presenta un análisis sobre la implementación del Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448. El informe examina en profundidad los aspectos positivos y las falencias tanto en el diseño como en la implementación de este programa, y propone recomendaciones para hacer más efectiva la ambiciosa tarea de reparar a las víctimas colombianas, que actualmente sienten que la promesa de la reparación solo ha sido parcialmente cumplida. El análisis del ICTJ se centra en víctimas de homicidio, desaparición forzada y violencia sexual, que son algunas de las violaciones que cubre esta ley.

Avances y tareas pendientes

El estudio destaca los avances significativos en la implementación de la Ley de Víctimas, particularmente en la unificación del registro de víctimas, que ha permitido obtener mayor claridad sobre el número y tipo de víctimas, y en la entrega de indemnizaciones. Sin embargo, los niveles de cumplimiento en otras áreas son todavía bastante deficitarios.

“La Ley de Víctimas y el discurso político hacen promesas difíciles de cumplir cuando aseguran que la reparación transformará vidas y será integral. No consideran los niveles de pobreza y marginalidad en que viven muchas víctimas, ni tampoco su desbordante número. Cuando dichas promesas son hechas por ley, la incapacidad de cumplirlas afecta seriamente a la credibilidad de la ley y la seguridad jurídica. Los compromisos legales que el Estado adquirió con la Ley de Víctimas no pueden ser exonerados posteriormente bajo argumentos de falta de capacidad o previsión por parte del propio Estado,” explica Cristián Correa, asociado sénior del programa de Justicia Reparadora del ICTJ.

Dados los elevados niveles de pobreza y marginalidad que sufren muchas víctimas, concluye el estudio, el programa de reparación por si solo tiene poca capacidad de impactar positivamente su vida. “Sin el esencial apoyo de una política social complementaria, es imposible que el discurso de la reparación transformadora se convierta en una realidad para las víctimas”, añade Correa.

Las promesas incumplidas de la Ley 1448 han creado frustración entre las víctimas. El establecimiento de los servicios de salud y, especialmente, el apoyo psicosocial ha sufrido graves demoras, las necesidades educativas de las víctimas o de sus hijos no han sido debidamente atendidas, o las ayudas a la vivienda han sido insuficientes y tardías. La falta de respuesta por parte de otras instituciones responsables de cuestiones esenciales para que la reparación sea realmente integral –como la educación, la vivienda, la salud o la exención del servicio militar obligatorio– han hecho que los esfuerzos de la Unidad de Víctimas sean percibidos como débiles por las víctimas.

El estudio formula además una serie de recomendaciones para las diferentes instituciones responsables de la implementación de la ley 1448, en las que se hace un llamado a la puesta en marcha de medidas que hagan efectiva la reparación integral y para que se fortalezca la autoridad política y jurídica de la Unidad de Víctimas, dotándola así de la capacidad necesaria para coordinar, supervisar el cumplimiento y garantizar la debida asignación de recursos para el desarrollo y la conducción de los programas de reparación integral.

Las mujeres siguen esperando

La atención de las necesidades específicas de las mujeres que han sufrido violaciones graves de derechos humanos a causa del conflicto armado sigue siendo aún un desafío para el Estado. A pesar de que la Ley de Víctimas hace especial énfasis en el desarrollo de un enfoque diferencial, con atención especializada para las mujeres, esto no se ha traducido en acciones concretas.

“Se habla de crear programas de formación, proyectos productivos, programas para mujeres empresarias, horarios especiales para talleres de atención psicosocial, pero aún nada de esto se concreta con la cobertura necesaria para las mujeres víctimas”, dice Ana Cristina Portilla, asociada del programa del ICTJ en Colombia.

El informe destaca que la cuestión de género no ha sido desarrollada por las instituciones, pero tampoco está asimilada por las mujeres víctimas, que reclaman formación al respecto para ganar influencia política y poder reclamar sus derechos de forma más eficaz.


Descárguese gratuitamente el análisis sobre la implementación del Programa de Reparaciones Individuales en Colombia aquí.

FOTO: Fotografía de la serie titulada “Pueblo Bello: caminando hacia la justicia”, presentada al Concurso de fotografía y memoria para aficionados “Imágenes para resistir al olvido” organizado por ICTJ y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pueblo Bello, Antioquia, 2012. (Alejandro González)