ICTJ reporta: Justicia de Género

4/3/2013

Para nuestro primer ICTJ de 2013, hablamos con Kelli Muddell, directora del programa de Justicia de Género.

El programa de Justicia de Género se constituyó para responder a la singular naturaleza de las violaciones de derechos de género que sufren las mujeres, en concreto en épocas de conflicto o represión, y la especial respuesta que tales violaciones precisan. En esta entrevista Kelli Muddell reflexiona sobre la concepción de la justicia de género que tiene el ICTJ, el excepcional conjunto de desafíos a los que se enfrentan las sobrevivientes de actos de violencia sexual y de género en épocas de transición, y sobre qué está haciendo el ICTJ para enfrentarse a la desigualdad en países como Colombia, Nepal y Túnez.


¿Cuál es la filosofía que impulsa el programa de Justicia de Género? ¿Podría usted describir el trabajo que hacemos, nuestra misión en este programa temático y los objetivos que queremos alcanzar?

La creación del programa en 2005 surgió del reconocimiento de que los hombres y las mujeres sufren los conflictos y la represión estatal de forma muy diferente. Los hombres suelen tener más acceso a los recursos políticos y económicos que las mujeres, lo cual hace que ellas sean más vulnerables a determinadas formas de violencia.

Por desgracia, esas desigualdades se reprodujeron con frecuencia en el diseño de muchas medidas iniciales de justicia transicional, que en general no tenían en cuenta las diferencias de género. No han reconocido que las mujeres sufren de forma desproporcionada ciertas violaciones de derechos graves como los actos de violencia sexual y reproductiva, y con frecuencia tampoco han admitido que, al igual que los hombres, son asesinadas, torturadas y detenidas, aunque en menor número.

El campo de la justicia transicional tampoco ha reconocido que las mujeres sufren muy especialmente el asesinato o detención de sus maridos, ni cómo puede afectarlas el desplazamiento interno y hacerlas más vulnerables a ciertos abusos.

El ICTJ reconoció que, para que las medidas de justicia transicional ayuden a incorporar y abordar la experiencia del conflicto y la represión de las mujeres, necesitábamos tener un programa especialmente dedicado a analizar las dimensiones de género de las violaciones de derechos humanos.


El plan estratégico del ICTJ alude explícitamente a los derechos de las víctimas y al combate contra la violencia de género, explicando que nuestra unidad de justicia de género "trabaja para garantizar que las víctimas de violaciones de derechos de género participen en el diseño de medidas de justicia transicional". ¿Cómo se integra el trabajo de esta unidad en el de otras unidades temáticas de nuestras oficinas nacionales? ¿Qué se entiende por “justicia de género”?

La expresión "justicia de género" alude a la igualdad de acceso a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Mediante la justicia de género entendemos que las mujeres se enfrentan a barreras concretas al acceder a esos derechos, esforzándonos por determinar cómo la justicia transicional puede cuestionar esas barreras y, como mínimo, no consolidar las desigualdades sociales existentes.

El ICTJ también aspira a que los profesionales y trabajadores de este campo no se limiten a utilizar estereotipos de género sobre el hombre y la mujer, en los que ellos aparecen como verdugos y ellas como víctimas. Por ejemplo, hemos realizado proyectos para facilitar que mujeres excombatientes de diversos países puedan acceder a la justicia transicional.

“La expresión "justicia de género" alude a la igualdad de acceso a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales”
    Sin embargo, no sólo nos centramos en experiencias de mujeres. Es innegable que ellas suelen ser víctimas desproporcionadas de la violencia sexual y de género. Pero estamos estudiando también las agresiones sexuales que sufren hombres y niños, y entendemos que las razones de esa violencia están profundamente enraizadas en las mismas motivaciones que explican los actos de violencia contra las mujeres.

Uno de los objetivos del programa es integrar las cuestiones de género en todos los proyectos del ICTJ. Nuestro proceso de planificación y puesta en marcha se basa en la coordinación con nuestras oficinas nacionales y con otras unidades temáticas. Recurrimos a las oficinas nacionales porque actúan sobre el terreno. Ellas son las que realizan el análisis político destinado a proporcionar información sobre el panorama de la justicia transicional y qué posibilidades de actuación ofrece. Recurrimos a ellas para que nos ayuden a llegar a acuerdos con los interesados en cuestiones de justicia transicional y a identificar el interés en el género.

Cuando esas oficinas detectan que las mujeres se están quedando al margen intentamos dar asistencia técnica a las asociaciones femeninas y ayudarlas a influir en el proceso de justicia transicional.
Es bastante frecuente que con las unidades temáticas nuestro trabajo pueda ser más innovador, porque se hace de manera interdisciplinar. Por ejemplo, en la Unidad de Justicia Reparadora hemos discutido con responsables políticos y profesionales del desarrollo de todo el mundo los vínculos existentes entre reparaciones y desarrollo desde una perspectiva de género.


¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de encarar el legado de actos de violencia o represión que han afectado especialmente a las mujeres?

Nos estamos enfrentando a un problema que creo que también tiene el conjunto del campo de la justicia transicional: la continuidad de la violencia en la vida de las mujeres. Para muchas de ellas, la violencia no termina cuando finaliza el conflicto. En muchos lugares, después de los combates, sigue habiendo índices alarmantes de violencia sexual y doméstica. Y cuando ésta se transforma en violencia privatizada el horror no termina.

El campo de la justicia transicional gusta de hacer definiciones en las que, al hablar de un conflicto o una época de represión, hay una fecha que sirve para separar esos periodos de los que podríamos llamar de "violencia ordinaria".

Ahora bien, evidentemente, las medidas de justicia transicional suscitan muchas expectativas y no pueden afrontar directamente los índices de violencia actual.

Pero lo que yo me pregunto es por qué las mujeres son siempre tan vulnerables a esas violaciones de derechos tan concretas, ¿qué las hace tan vulnerables a esos extraordinarios niveles de violencia durante los conflictos?

Ese vínculo entre pasado y presente permite que las comisiones de la verdad hagan recomendaciones que cuestionen las desigualdades que han hecho que las mujeres sean tan vulnerables y que intenten contribuir a que no se repitan esos actos de violencia.    
" Para muchas mujeres, la violencia no termina cuando finaliza el conflicto"

Precisamente eso es lo que están haciendo organismos como la Comisión de la Verdad de Sierra Leona y la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor Oriental.

La CVR de Sierra Leona reconoció que, si la ley no concedía la misma protección a las mujeres, éstas continuarían siendo vulnerables a los actos de violencia sexual y probablemente sufrirían mucho por esa razón si estallaba un nuevo conflicto. De manera que la Comisión recomendó cambios legales en materia de tenencia de la tierra, herencia, divorcio y matrimonio.

Los programas de reparaciones también pueden reconocer y cuestionar las desigualdades de género al concebir ayudas para las víctimas. Por ejemplo, en Timor Oriental, el programa provisional puesto en marcha por la Comisión de la Verdad reconoció que las mujeres que hubieran quedado viudas durante la ocupación y el conflicto eran especialmente vulnerables por su limitado acceso al trabajo. De manera que se les dio prioridad para conseguir esas ayudas.

Uno de los desafíos es cómo concebir medidas de justicia transicional que aborden adecuadamente la violencia de género. Es muy frecuente que en las comisiones de la verdad haya quizá alguien que se ocupe de cómo ese organismo aborda ese asunto. Pero eso no basta, ya que esa presencia puede convertirse en un requisito, sin peso alguno. Ese tipo de medidas exigen recursos considerables para poder encarar adecuadamente esas violaciones de derechos y apoyar a las mujeres que las sufren.


En lugares como Túnez, Egipto y Yemen las mujeres estuvieron al frente de la revolución. Sin embargo, hoy en día, las mujeres de Oriente Próximo y el Norte de África libran una batalla desigual para beneficiarse de las nuevas libertades de sus sociedades. Están comprendiendo que deben partir de cero en su lucha por la participación política y desde luego para recibir reparaciones por años y años soportando actos de violencia y siendo las víctimas principales de la represión. En Egipto, este deterioro ha conducido recientemente a una terrible realidad en la que mujeres que participan en protestas políticas y manifestaciones públicas han sufrido agresiones sexuales. ¿Cuáles son los objetivos del ICTJ en la región y qué progresos se están haciendo?

El ICTJ está terminando un proyecto de dos años de duración financiado por la Unión Europea, centrado en desarrollar las capacidades de las asociaciones de mujeres de la región de Oriente Próximo y el Norte de África. Activistas de Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos, los Territorios Palestinos Ocupados, Siria y Túnez han participado en cursillos regionales o dedicados a países concretos cuyo objetivo era incrementar sus conocimientos sobre justicia transicional y cómo utilizarla para abordar la violencia de género.

De ahora en adelante, el programa de Justicia de Género del ICTJ se centrará principalmente en Túnez, donde el Legislativo ya ha avanzado una ley de justicia transicional. En Túnez nos hemos centrado en influir en el desarrollo de esa ley y en conseguir informar y formar mejor a las asociaciones de mujeres en materia de justicia transicional. Hemos organizado reuniones y un cursillo con esos grupos, tanto laicos como islamistas, para discutir los diversos elementos de la justicia transicional, sobre todo el esclarecimiento de la verdad, pero también las reparaciones, la justicia penal y la reforma institucional.

“Sin conversaciones entre las asociaciones de mujeres laicas e islamistas, cualquier mecanismo de justicia transicional que se cree en Túnez adolecerá de una enorme falta de credibilidad”
    Quizá en Túnez el principal desafío al que nos enfrentemos sea que las comunidades de víctimas femeninas están divididas en asociaciones islamistas y laicas. Aunque éstas sufrieron represión a manos de Ben Ali, tuvieron menos penas de cárcel que las mujeres islamistas. Cuando hablas con todas ellas, lo que unas y otras quieren de la justicia transicional suele ser bastante parecido, pero entre ambos grupos hay una enorme desconfianza.

Estamos trabajando con los dos grupos para hablar de justicia transicional y de sus reivindicaciones judiciales, e intentando descubrir si puede haber algún tipo de diálogo. Sin conversaciones entre las asociaciones de mujeres laicas e islamistas, cualquier mecanismo de justicia transicional que se cree en Túnez será considerado, por uno u otro bando, de raíz política, por lo que, aunque sea realmente inclusivo y transparente, adolecerá de una enorme falta de credibilidad.


Los mecanismos de justicia transicional pueden ayudar a las sociedades a encarar realidades como la violación, los abusos sexuales y otros actos de violencia de género. Sin embargo, uno de los desafíos, sobre todo en las iniciativas de esclarecimiento de la verdad, es que con frecuencia no es fácil y en ocasiones tampoco seguro admitir abiertamente haber sido víctima de violencia sexual. ¿Cómo ayuda el programa de Justicia de Género a mecanismos de justicia transicional como las comisiones de la verdad a encarar ese desafío?

Uno de los problemas a los que se enfrentan las medidas de justicia transicional, pero sobre todo los organismos de esclarecimiento de la verdad, es el de fomentar la confianza dentro de sus comunidades.

Siempre aconsejamos que se colabore estrechamente con las asociaciones femeninas y de supervivientes que llevan mucho tiempo desarrollando confianza, documentando las violaciones de derechos y ayudando a las mujeres, y que pueden servir de interlocutores.

Es frecuente que las mujeres no quieran testificar. No quieren que ni sus comunidades ni sus familias sepan que se han vulnerado sus derechos de ese modo.

Es preciso que las comisiones de la verdad les ofrezcan formas de testificar o de declarar confidencialmente. Cuando una víctima comparece en sesión pública, lo importante es que pueda declarar protegiendo su identidad. Para declarar, debería disponer de una sala privada en la que poder hablar ante personas que recogieran su testimonio y de la posibilidad de prestarlo ante una mujer.    
"Es frecuente que las mujeres no quieran testificar. No quieren que ni sus comunidades ni sus familias sepan que se han vulnerado sus derechos de ese modo"

Algo que siempre planteamos al hablar de justicia transicional con profesionales y responsables políticos es la importancia de que la víctima pueda elegir entre diversas opciones.

En Sierra Leona se celebró una vista de carácter nacional para mujeres en Freetown, que fue a la que más personas asistieron de todas. Al preparar las sesiones, la Comisión se aseguró de que todas las víctimas que fueran a testificar pudieran hacerlo en privado. Se creía que elegirían esa opción. Sin embargo, muchas quisieron testificar en público. Querían que la gente viera quiénes eran y que se reconociera públicamente lo que habían sufrido. Pero en las sesiones regionales no fue así: las mujeres querían confidencialidad.

Así que es importante comprender que las víctimas tienen formas muy distintas de lidiar con estas cosas y que, al fin y al cabo, deben ser ellas las que decidan. Debe haber medios que garanticen su seguridad, pero son ellas las que deben poder elegir cómo encarar su testimonio y la información que proporcionan.

Creo que el mismo consejo habrá que darle a Uganda si establece una comisión de la verdad y desde luego esa es nuestra postura ahora que se están desarrollando políticas de justicia transicional, tanto de esclarecimiento de la verdad como de reparaciones. Uno de los dilemas que se plantea con las ayudas de los programas de reparación es que, si concibes algo específico para las víctimas de violencia sexual, es que ya las has identificado realmente cuando han dado su testimonio y solicitado esa ayuda.

En Oriente Próximo los actos de violencia sexual están muy estigmatizados. A las víctimas les preocupa el rechazo de sus familias y esposos. En Túnez, las víctimas han guardado silencio durante muchos años. En esa zona, cualquier medida de justicia transicional se enfrentará al enorme desafío de que las víctimas se sientan lo suficientemente seguras de contar con confidencialidad.


En Nepal estamos asistiendo a la intersección entre la llamada violencia sexual de «tiempo de paz» y problemas relacionados con violaciones de derechos del pasado. De repente, un incidente registrado en el aeropuerto de Katmandú, en el que una muchacha fue violada, y la reacción posterior han situado las cuestiones de justicia transicional en el centro del debate público. ¿Cómo está trabajando actualmente el ICTJ en Nepal para encarar la violencia sexual?

Hasta este momento la violencia sexual ha quedado prácticamente fuera de las leyes surgidas para abordar el conflicto. El Programa de Ayuda Provisional, concebido para responder a las necesidades de sus víctimas, no permitía que las de violencia sexual accedieran a ayudas. Una de las últimas versiones de la ley de constitución de una comisión de la verdad incluía una amnistía. Se declaraba que los violadores no podrían beneficiarse de ella, pero la ley no afectaba al conjunto de delitos de índole sexual. Ante los responsables políticos hemos reivindicado la importancia de tomarse en serio esos abusos y su obligación de hacerlo según el derecho internacional.

Tenemos la sensación de que hasta el momento esas víctimas han sido totalmente invisibles, así que, mientras las iniciativas de creación de una comisión de la verdad siguen estancadas, sí podemos intentar promover algún tipo de medida judicial en defensa de esas víctimas.

Apenas se ha hecho nada por acercarse a las víctimas de violencia sexual pensando en qué necesidades tienen y las violaciones de derechos que sufrieron, así que estamos realizando un estudio sobre esas necesidades; es decir, si el Gobierno les proporcionara algún tipo de reparación, ¿qué ayuda respondería mejor a sus necesidades? A corto y a largo plazo, ¿qué influencia ha tenido la violencia sexual en su vida? A continuación utilizaremos esta información para recomendar al Gobierno futuras medidas de reparación.


Los programas de reparaciones han intentado abordar las consecuencias concretas que, a largo plazo, tiene la violencia que sufren las mujeres. ¿Puede hablarnos del trabajo de la unidad a este respecto?

Además de en Nepal, también estamos trabajando con reparaciones en Colombia. Hasta el momento, nuestra labor allí ha tenido que ver con la Unidad de Víctimas, que está ayudando a diseñar el programa de reparaciones y dentro de la cual hay un grupo dedicado a las cuestiones de género. Ese grupo está empezando a redactar una propuesta de política que indicará de qué manera esas cuestiones deben incorporarse a todo el proceso de reparación y cómo se abordará la violencia de género.

En Colombia, uno de los aspectos positivos es que la ley de víctimas contiene cláusulas sobre cómo han de participar las mujeres en el proceso. Nuestro primer paso ha sido realizar un estudio con una ONG de mujeres local sobre cómo está la situación hasta el momento: tanto desde el punto de vista de las víctimas como desde el de los funcionarios locales que gestionan las reparaciones. El estudio identificará los desafíos surgidos hasta el momento y entonces haremos llegar esa información a la Unidad de Víctimas, para que pueda comenzar a solventar esos desafíos.


¿Podría explicarnos el concepto de "reparaciones transformadoras" en lo tocante a las mujeres víctimas?

Es una idea que se está discutiendo mucho en Colombia, sobre todo en las organizaciones de mujeres. La pregunta fundamental que se hace el concepto de reparación transformadora es cómo hay que desafiar las desigualdades estructurales y sociales que hacen que las mujeres sean vulnerables a las violaciones de derechos humanos y cómo influir en las consecuencias a largo plazo de dicha violencia.

Por ejemplo, en Marruecos, al redactar la ley de reparaciones, no se basaron en el concepto de herencia como sí habían hecho en los planes de indemnización, que partían de la Sharía. Más bien reconocieron que la reparación era un derecho humano y que debía basarse en la igualdad de género. Dieron prioridad a las esposas, que debían recibir la mayor parte de la indemnización en su calidad de responsables del hogar, y después a los hijos, que recibirían una misma cantidad, fuera cual fuera su sexo.

Así que creo que, como mínimo, las reparaciones transformadoras no deben afianzar las desigualdades de género. Pero lo ideal sería que intentaran desafiarlas. En este caso, creo que el dilema es que no hay muchos ejemplos concretos de cómo contrarrestar esas desigualdades mediante las reparaciones, así que me parece que en ocasiones lo que pasa es que las reparaciones transformadoras despiertan demasiadas expectativas.

Quienes defienden los derechos de género, las mujeres activistas y quizá las víctimas creen que las reparaciones van a tener un gran influencia en la transformación de las desigualdades estructurales que las dejaron en la pobreza o sin acceso a derechos políticos y económicos, así que nuestra intención es aportar una definición muy realista y concreta de lo que las reparaciones transformadoras pueden alcanzar.


En materia de justicia penal, hemos asistido a denuncias y veredictos históricos en los que los tribunales internacionales han considerado por primera vez que la violación sistemática es un crimen contra la humanidad. Sin embargo, aún siguen produciéndose actos de violencia a gran escala contra las mujeres en países como la República Democrática del Congo, Siria y otros, donde la violación continúa utilizándose como arma de guerra. ¿Qué capacidad cree usted que tienen los organismos de justicia penal para responder adecuadamente a los crímenes que sufren las mujeres en periodos de conflicto y represión?

Ha habido muchos avances: en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) e incluso la formulación del Estatuto de Roma sobre la definición de la violencia de género. El Estatuto de Roma estableció disposiciones sobre representación equitativa de hombres y mujeres entres sus jueces y su personal, y también respecto a la cualificación legal con que debe abordarse la violencia sexual y de género.

“La actuación de la CPI suscitó enormes expectativas, que después se redujeron al comprobar la solidez real de las acusaciones y el nivel de las investigaciones que se llevaban a cabo”
    Después de esos avances, la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) suscitó enormes expectativas, que después se redujeron al comprobar la solidez real de las acusaciones y el nivel de las investigaciones que se llevaban a cabo, todo ello a pesar de la participación de las mujeres activistas, que intentaban impulsar el proceso y hacer que la fiscalía se mostrara más sensible.

Creo que ha habido mejoras. Desde su puesto de fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda se ha comprometido a reactivar el examen de violencia de género de todos los casos que se presenten. Bensouda cuenta con una asesora de género muy dinámica, que durante muchos años ha observado la CPI desde la perspectiva de una ONG, algo que me parece excelente.

Cuando unos pocos individuos rinden cuentas ante la CPI, necesitamos analizar qué significa realmente que un gran número de perpetradores nunca tengan que hacerlo. ¿Acaso se está de verdad disuadiendo a la gente de cometer esos abusos?

Lo que necesitamos es abordar la violencia sexual con un enfoque holístico, preguntarnos por qué las mujeres son vulnerables a esos abusos e intentar acabar, dentro de las comunidades, con la vergüenza y el estigma que conllevan.

Así que creo que, en materia de justicia penal, estamos mejorando ligeramente, aunque hay que vigilar a esas instituciones sin bajar la guardia.

El programa de Justicia de Género ha colaborado en el trabajo del ICTJ en materia de complementariedad. Para que el Estatuto de Roma se aplique en cada país es necesario que las jurisdicciones nacionales cuenten con conocimientos jurídicos relativos a la violencia de género. Necesitan investigadores preparados y experimentados para ocuparse de este asunto, que aborden los problemas de infraestructura y analicen los criterios que nos servirán para pedir cuentas a esas instituciones.

A lo largo del próximo año, esperamos trabajar con determinados grupos de Costa de Marfil. Nos hemos ofrecido a ayudarles a evaluar su capacidad para enfrentarse a los actos de violencia de género registrados durante el conflicto y a ofrecer asistencia técnica para abordar esa labor.


Por último, ¿podría repasar brevemente los países y problemas en los que se centrará su programa durante este año?

Tal como están las cosas, trabajaremos en seis países en los que nos estamos centrando ahora: Costa de Marfil, Kenia, Uganda, Nepal, Túnez y Colombia, y nuestro compromiso en ellos dependerá enormemente de en qué estadio se encuentren en el proceso de justicia transicional y de qué mecanismos se puedan poner en marcha.

Con la ayuda de Fondo de Naciones Unidas para Acabar con la Violencia de Género, trabajaremos en estos países con legisladores y asociaciones de mujeres para determinar cuál es la mejor manera de afrontar la violencia de género por medio de la justicia transicional. Como en toda tarea de asistencia técnica del ICTJ, esperamos poder dotar a estas sociedades dinámicas de las herramientas que necesitan para enfrentar los abusos del pasado. Nuestra esperanza es que, cuando un país sale de la represión política o la violencia devastadora, las mujeres no se queden atrás.


Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

Fotos: De arriba a abajo: Una activista egipcia que se manifiesta contra el gobierno ofrece una flor a un soldado en la plaza de Tahrir, el 12 de febrero de 2011, en El Cairo, el día después de que Hosni Mubarak anunciara su dimisión. AFP PHOTO/PATRICK BAZ/Getty Images; Mujeres soldado del Ejército de Liberación Nepalí llevan a sus hijos a registrarse en el cantón Shaktikhor, en Chitwan el 19 de noviembre de 2011 PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images; Una mujer atiende a los clientes en una tienda de alimentación en Freetown, Sierra Leona, noviembre de 2012. GLENNA GORDON/ICTJ; La madre de Baraket muestra un retrato para demandar que haya rendición de cuentas para todos aquellos que fueron torturados y asesinados en las prisiones del Ministerios del Interior el 13 de marzo de 2011 en Túnez, por FETHI BELAID/AFP/Getty Images; Una vendedora de comida en las calles de Las Malvinas, un barrio de Barranquilla, Colombia, en diciembre de 2011 CAMILO ALDANA SANIN/ICTJ;Un grupo de mujeres se reúne en India PETER PARKER/PANOS; Una joven indígena guatemalteca comparte sus experiencias durante el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York, en abril de 2012 MARTA MARTINEZ/ICTJ; La embajadora de Estonia y presidenta de la asamblea de Estados Parte de la CPU, Tiina Intelmann, durante el evento sobre complementariedad organizado por el ICTJ en Greentree Nueva York, en diciembre de 2011 ARNALDO VARGAS/ICTJ.