La investigación de San Blas parecía sesgada y se llegó a una decisión ridícula

12/2/2018

La relatora especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales concluye que en El Salvador se están violando los derechos humanos y que hay "patrones de comportamiento" en la Policía que deben investigarse y sancionarse. Agnes Callamard plantea que un solo caso sancionado sería un parteaguas. Ella reta al Estado: "Debe haber una voluntad política", dice.

Agnes Callamard ya ha demostrado que puede llegar a ser incómoda para un Estado. En 2017, visitó Filipinas, invitada por un grupo independiente de abogados, y a su partida desató un maremoto político, luego de que, sin mencionar a ese país, cuestionara una lucha antidrogas centrada en la represión y la violación a los derechos humanos. Sus palabras, viniendo de donde vienen, y en un contexto en el que las cifras oficiales registraban 4 mil 600 muertes tras operaciones policiales antidrogas, provocaron el enojo del presidente Rodrigo Duterte, quien en un evento público amenazó con abofetearla por haber cuestionado su campaña antidrogas. A esta francesa que dirige la Relatoría especial para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas desde agosto de 2016, el Gobierno de Filipinas le envió un mensaje a través del vocero presidencial, Harry Roque: "Mi consejo es: no venga a Filipinas sin haber sido invitada".

El Salvador no es Filipinas y el Gobierno no lucha contra narcotraficantes, pero Agnes Callamard ha dejado dos mensajes en el país. En el primero, llamó "ilegales" a las medidas extraordinarias , la política insignia para combatir a las pandillas en los centros penitenciarios. En el segundo, Callamard concluye que las ejecuciones extrajudiciales no son una política de Estado, sino una "crisis" provocada por patrones de comportamiento de los agentes del Estado. Hablamos de policías y soldados. "Una política estatal exigiría una comisión o prácticas establecidas que no he encontrado durante mi visita a El Salvador. Lo que he encontrado son patrones de comportamiento y un Estado que falla por omisión, no por comisión”, dice.

En El Salvador, desde enero de 2015, el Estado mandó a sus policías a una guerra contra las pandillas , y hasta agosto de 2016, los números ya reflejaban una anomalía: en 20 meses, la PNC registró 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos. En ese lapso, en promedio, 35 presuntos pandilleros fueron abatidos cada mes. En 2017, (hasta el 5 de diciembre), la Policía sumó 497 enfrentamientos más, con 391 presuntos pandilleros muertos y 64 heridos. Los expertos internacionales que monitorean el desempeño de las fuerzas de seguridad establecen que en los enfrentamientos armados reales lo esperable es que los policías generen más heridos que muertos entre los delincuentes.

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El Faro