Michael Reed: 'No será la última ley de víctimas'

10/3/2011

Diálogo con el director del Centro Internacional de Justicia Transicional en Colombia

El organismo internacional advierte sobre vacíos a la luz del Derecho Internacional en el proyecto que se tramita en el Senado y resalta algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para garantizar la protección integral a las víctimas.

Se han escuchado en los últimos días varios reparos a la ley de víctimas, ¿sirve o no?

El proyecto es un avance y no hay duda de que se están tratando temas fundamentales. No es la primera ley de víctimas que tenemos ni será la última. El problema es que las violaciones a los derechos humanos y la atrocidad en Colombia han sido de tal magnitud que realmente necesitamos, más que instrumentos legales, programas que efectivamente traduzcan esas normas en cosas concretas.

¿Cuáles son esos vacíos en la ley a los que ustedes se refieren?

El primer punto es que se sigue mezclando y poniendo en un mismo saco lo que es atención, lo que es protección y lo que es reparación. Todavía se quiere que el servicio básico de salud, al que tenemos derecho todos los colombianos, sea presentado como una reparación a las víctimas. Eso es un avance, pero no es reparación.

¿Por qué hablan de exclusión de algunas víctimas?

Se ha pasado de 1991 a 1986 en la fecha de inicio de la reparación. Un programa administrativo de reparaciones puede haber definido ese marco temporal y decir que se va a excluir de aquí para atrás, pero mínimamente uno espera que le digan el porqué.

¿Qué problemas ven en cuanto a la restitución de tierras?

Si bien la reparación arranca en 1986, en lo de las víctimas del despojo de tierras se sigue manteniendo la fecha de 1991 y no es muy claro por qué. Allí estaríamos viendo la exclusión de un número importante de víctimas del desplazamiento forzado que están documentadas por la Conferencia Episcopal desde 1985. Fue a partir de ese año que se dio el surgimiento de los modelos paramilitares en los Santanderes, Urabá y Córdoba.

¿Cómo enfrentar esa violencia que se anuncia frente a la restitución de tierras?

No se puede hablar de restitución si no se tiene garantizado el mínimo de poder permanecer sobre el territorio sin amenazas, sin coerción, con el derecho a la libre asociación y a hacer lo que sea con la tierra. El Gobierno lamenta la muerte de líderes de restitución y eso está bien, pero lo más importante es poner en marcha un mecanismo de protección que evite que esas cosas pasen. De lo contrario, el mismo ejercicio de restitución sin controlar las fuentes de riesgo puede ser una actitud que está poniendo en situación de vulnerabilidad a esas personas.

¿Hay garantía de que la restitución aplique con agilidad?

En este momento el proceso que se plantea para la restitución todavía no prevé un mecanismo ágil de revisión a la primera instancia. Si usted es víctima y no ha logrado exitosamente probar su reclamo, no tiene que obligársele a ir a una segunda instancia que dilata y demora las cosas, en la que aquellos que se están oponiendo a la restitución tendrán más herramientas, como abogados, para evitar la materialización de la restitución.

¿Y sobre el principio de oportunidad?

La ponencia contempla mecanismos beneficiosos para quienes fueron usurpadores. Se les está permitiendo la aplicación del principio de oportunidad y si confiesan la usurpación o la ilegalidad de los títulos que detentan, inmediatamente la Fiscalía decide no perseguirlos. Lo que creemos es que es el momento para que el Estado utilice todos los medios a su disposición para investigar a fondo el aparato criminal que montó el mecanismo de usurpación.

Es claro que será muy difícil conciliar tantos intereses...

La ley plantea dos fórmulas complejas que se oponen a la restitución efectiva: la primera es que se puede producir el evento en el cual en aquellos predios en reclamo, si están afectados por utilidad pública o si hay alguna razón de interés social, es imposible la restitución. Hay que defender el hecho de que la restitución a los verdaderos dueños de la tierra es la utilidad pública mayor y el interés social que debería defender el Estado.

¿Y cuál es la otra fórmula?

La introducción de la noción del derecho real de superficie. Eso implica que yo, como Estado, restituyo la tierra a los campesinos pero reconozco que hay opositores de buena fe, que incluso puede ser la misma Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, que determinan que por razón de otros intereses no puede hacer uso de ella. Esos otros intereses pueden ser por producción agrícola, pecuaria o agroforestal, o la construcción de plantas de procesamiento o transformación de materias primas en los predios. El campesino tiene derecho a su tierra, pero la superficie le corresponde a otro.

¿Y eso qué implica?

Lo que se hace es tasar una cuota de arriendo mensual que el campesino va a disfrutar, pero aunque ese campesino quiera regresar a su tierra, no podrá porque está obligado a aceptar ese arriendo. Si bien no se trata de legalizar empresas que de mala fe usurparon, sí se puede ver la situación en la cual, después del desplazamiento de facto, otras empresas llegaron para apoderarse de la tierra y cambiar su uso. Puede ser que ahora se empiecen a ver conflictos de campesinos con madereras o empresas palmicultoras.

¿Por qué dice usted que esta no será la última ley de víctimas?

Los procesos de atención y protección a víctimas en Colombia apenas se inician. El Estado colombiano está actuando bajo una noción de solidaridad a las víctimas y esperamos que algún día se dé el paso de que actúe bajo un ejercicio responsabilizante y de reconocimiento oficial de que se falló o que en algunos casos hubo funcionarios que utilizaron el poder público para generar violaciones. El legado de violencia es muy grande, las fuentes del riesgo siguen activas en muchas regiones y el hecho es que vamos a tener que estar hablando de verdad, justicia y reparación durante muchos años y me temo que durante muchas décadas más.

Outlet: 
Elespectador.com