En el transcurso del conflicto armado en Colombia, millones de personas, la mayoría de ellas de la población civil, han sido víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, violencia sexual y violencia basada en género, entre otras formas de violencia. Cerca del 50 por ciento de las víctimas son mujeres. Ellas sufren los impactos de la guerra de manera distinta a la de los hombres. Con el fin de que las políticas públicas de atención y reparación a víctimas respondan a las necesidades específicas de las mujeres, es fundamental que ellas participen activamente en las diferentes instancias de participación creadas por la Ley de Víctimas, identificando y removiendo los obstáculos sociales, económicos, políticos, institucionales y culturales que las mujeres y sus organizaciones enfrentan para su participación.
En el informe Queremos ser oídas: Obstáculos para la participación de las mujeres en los mecanismos de participación para la atención a víctimas del conflicto armado interno, el ICTJ y la Casa de la Mujer analizan los obstáculos que las mujeres y sus organizaciones enfrentan en los procesos de participación, implementación, atención y reparación establecidas por la Ley 1448 de 2011 (conocida como Ley de Víctimas). Asimismo, el informe contribuye a dotar a las mujeres de herramientas para que exijan su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
“Uno de los retos más importantes es la necesidad de vincular a las víctimas del conflicto armado como agentes activos en los procesos de implementación de la ley”, explica María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia. “La participación de las mujeres se hace imprescindible para que se conozcan sus experiencias, sugerencias y puedan influir en la implementación de la política pública que les concierne. En este sentido, este informe identifica cuáles son los obstáculos para su participación y hace recomendaciones para que la implementación de la ley contribuya a una reparación integral y significativa para las mujeres”.
Los testimonios de las mujeres
El informe establece que los obstáculos para la participación de las mujeres en el diseño e implementación de las reparaciones en Colombia se dividen en tres grandes bloques: los obstáculos derivados del hecho de ser mujer; los obstáculos sociopolíticos, económicos y culturales; y los obstáculos derivados de las barreras institucionales y relacionados con la capacidad de las servidoras y los servidores públicos.
Una de las mujeres entrevistadas destacó como el mayor obstáculo el desconocimiento de la Ley de Victimas: “No se ha sensibilizado a las víctimas en general, sino a unas pocas. (…). No tenemos conocimiento claro, ni las rutas claras de acceso a estos procesos. Y yo estoy luchando porque una entidad, o la persona encargada de nosotros que es la Unidad para las Víctimas (…) nos realice, o nos dé esa capacitación en este tema”.
Otra barrera importante según las entrevistadas es la naturalización de las condiciones de discriminación que impiden que las mujeres puedan acceder al goce efectivo de sus derechos, así como el hecho de que muchas se han acostumbrado a asumir un lugar marginal a la hora de exigir sus derechos como víctimas. En las palabras de otra mujer entrevistada: “Yo creo que lo más importante es cuidar de la familia porque los maridos están más preparados para hablar en público y para participar, a ellos les hacen más caso las autoridades”. Otra añade: “A uno a veces le da miedo hablar, y al hablar otro se da cuenta de que dijo lo que una había pensado (…), pero es el miedo que a una no la deja”.
El informe subraya que los obstáculos institucionales para la participación afectan de manera diferente las mujeres y hombres víctimas, y adquieren mayor relevancia en el caso de las mujeres debido a que no se reconoce el rol activo de las mujeres en los procesos políticos y ciudadanos, y a que a menudo se pasan por alto las relaciones de opresión y subordinación entre géneros.
“No basta con incluir una participación estrictamente paritaria en los espacios de participación” defiende Olga Amparo Sánchez, Directora de Casa de la Mujer. “Toda acción debe ir acompañada de medidas que transformen los prejuicios, valoraciones e imaginarios entre hombres y mujeres tanto a nivel individual como a nivel colectivo e institucional”.
Recomendaciones principales
El informe presenta una serie de recomendaciones concretas como mejorar los mecanismos de participación, fortalecer la respuesta de la institucionalidad pública y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la participación de las mujeres víctimas.
El informe apela directamente a distintos órganos de Estado con la mayor competencia para ejecutar e implementar las recomendaciones específicas. Entre ellos se encuentran la Unidad para las Víctimas (como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), el Ministerio del Interior (responsable del Programa Nacional de Protección); los Comités Regionales de Justicia Transicional (responsable de los niveles municipales y departamentales) y la Defensoría del Pueblo.
Los hallazgos de este informe son el resultado de una investigación de la organización Casa de la Mujer, en convenio con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y con el apoyo del Programa Cercapaz de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).
FOTO: Integrantes de la Ruta Pacifica de las Mujeres participan en la Marcha de las Mujeres por la Paz. Avenida Jiménez, Bogotá Centro, Noviembre de 2013.(Ruta Pacifica de las Mujeres)
