Por Paul Seils *
La condena del ex presidente liberiano Charles Taylor por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en la vecina Sierra Leona llega cuando ambos países del África Occidental siguen lidiando con su terrible legado. Y mientras que la población de Sierra Leona, en especial las víctimas de Taylor, celebran la decisión como un paso importante para el país en su esfuerzo por sobreponerse a las consecuencias de la brutal guerra civil, los liberianos se encuentran todavía lejos de conseguir justicia por los sufrimientos que padecieron. El juicio a Taylor es una oportunidad para sacar esta realidad a la luz; no deberíamos permitir que las celebraciones de la sentencia la oscurezcan.
Cabe destacar la gran importancia que el juicio supone para la región y la lucha global contra la impunidad. A paso lento pero firme, se está construyendo un mensaje convincente de que los líderes del mundo ya no pueden esconderse tras pactos secretos y apretones de manos. Taylor se une así a la lista creciente de jefes de estado que han sido llevados frente a la justicia por las atrocidades que cometieron, siendo el primero en ser condenado por un tribunal internacional.
Taylor es en gran parte responsable de iniciar el conflicto que asoló a Sierra Leona entre 1991 y 2002, apoyando al grupo rebelde de Foday Sankoh, el Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés), en sus acciones brutales para derrocar al gobierno de Sierra Leona. Los crímenes cometidos por el RUF a sus compatriotas fueron horripilantes bajo todos los conceptos –miles de personas fueron asesinadas, violadas, mutiladas, los niños eran obligados a luchar y cometer atrocidades en nombre de Sankoh y Taylor. Sankoh murió mientras se encontraba bajo custodia de la Corte Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés), pero Taylor no consiguió escapar de la justicia por su papel en la guerra civil del país.
En marzo de 2003, Taylor fue acusado por la SCSL de 11 cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La historia de su detención y su juicio, tras su exilio a Nigeria, se asemeja una película de espías. Fue detenido en 2006 en un control fronterizo mientras intentaba huir de incógnito, fue transferido a Freetown y posteriormente a La Haya, adonde se trasladaron los procedimientos por motivos de seguridad. Su juicio, que ha durado cuatro años, ha contado con la presencia de personajes raramente vistos en la justicia internacional, como Naomi Campbell y Mia Farrow.
La sentencia inculpatoria por planear y apoyar los crímenes del RUF ha sido celebrada por muchos en Sierra Leona, quienes creen que si Taylor no hubiera llegado al poder en Liberia no habría ocurrido una guerra civil. “Ahora que Charles Taylor está fuera de combate, podemos decir con tranquilidad que con su ausencia estamos empezando a disfrutar de la paz sin tener que mirar por encima de nuestro hombro”, declaró recientemente el ministro Ibrahim Ben Kargbo en una entrevista.
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Por supuesto, la lucha de Sierra Leona por hacer frente al legado de crímenes cometidos durante la guerra civil se extiende mucho más allá del juicio a Taylor. Hay mucho por hacer para conseguir justicia, la completa reparación de las víctimas y restaurar la confianza cívica. Con el trabajo de la SCSL y el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde se nombró a los perpetradores individuales y se recomendaban las medidas a implementar por el gobierno, la sociedad de Sierra Leona al menos no siente que se está descuidando la justicia. |
Al otro lado de la frontera, el gobierno liberiano ha mostrado una actitud compleja y no siempre convincente con respecto a la lucha por hacer justicia en nombre de las víctimas de Taylor –o las víctimas de una serie de sangrientas guerras que se remontan por lo menos a 1979. En un informe de 2009, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Liberia estimó que 250.000 personas fueron asesinadas en el país entre 1979 y 2003. La Comisión recomendó que más de 100 personas fueran juzgadas y que a otras 49 se les prohibiera ostentar cualquier cargo político por su papel en los conflictos, incluido el actual presidente. El informe tiene sus carencias y pocos expertos recomendarían implementar todas sus recomendaciones, pero no se ha hecho lo suficiente para enfrentar muchos de los problemas definidos por la Comisión. Las autoridades liberianas todavía no han juzgado a nadie por esos crímenes y muchos de los que apoyan a Taylor, algunos de ellos involucrados económica y militarmente en el conflicto, ocupan ahora altos cargos en el gobierno.
La sentencia de Taylor nos obliga a plantear preguntas más profundas sobre qué esperamos de los procesos judiciales. Esta no responde –ni así lo pretendía– ante las incontables víctimas en Liberia. Es más, el veredicto no puede hacer nada para ayudar a restaurar el elemento vital de confianza que se necesita entre los ciudadanos de Liberia y sus instituciones.
Incluso en el contexto de crisis económica, las recientes cifras de crecimiento de Liberia son admirables (con una proyección de casi 9% en 2012). Una condonación de deuda de 4.600 millones de dólares y una reforma del sistema financiero contribuyen a pintar una imagen positiva del país. Pero la frágil seguridad sigue siendo una amenaza para el desarrollo de Liberia. El país mantiene fronteras con Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea. Los dos últimos, a pesar de no ser malos vecinos, son muy poco estables. A nivel nacional, la infraestructura institucional de Liberia sigue siendo peligrosamente débil. Las amenazas a la ley, el orden y el gobierno constitucional no han cesado. Como destacaba el Banco Mundial en su Informe del Desarrollo del año pasado, el desarrollo tras una crisis democrática necesita justicia y rendición de cuentas para ayudar a reconstruir la confianza en la democracia y el Estado de Derecho.
Lógicamente, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf quiere ver cómo su país responde a los horrores del pasado de una forma que satisfaga a los liberianos. Parece que Sirleaf defiende que hacer como si nada hubiera ocurrido no es una opción y es una gran defensora de la Iniciativa de Reconciliación Liberiana, liderada por la ganadora del Premio Nobel Leymah Gbowee. Eso es positivo, pero no es suficiente como para terminar con el vacío de justicia que existe y que impide a Liberia conseguir estabilidad.
Sigue siendo necesario hacer frente a las legítimas demandas de las víctimas liberianas de Taylor de hacer justicia en casa y, por encima de todo, reconocer que la confianza en el sistema judicial nacional no es posible sin un esfuerzo auténtico para demostrar que las instituciones que fracasaron en el pasado son ahora dignas de confianza y pueden impartir justicia cuando sea necesario. Los pasos para conseguir hacer justicia en Liberia no serán rápidos, pero esperamos que sean firmes. En la región la sentencia tendrá un impacto más inmediato. Varios países de África Occidental siguen siendo caldo de cultivo del conflicto y la represión. Los esfuerzos por conseguir justicia para las incontables víctimas de Guinea, Costa de Marfil, Chad y Togo se han ahogado. Taylor es un ejemplo del pasado que la mayoría quiere dejar atrás, pero eso solo ocurrirá si la rendición de cuentas juega el papel que le corresponde en la construcción de un contrato social más fuerte entre ciudadanos y Estado. La cuestión no es si lidiar o no con el pasado en Liberia y en la región, sino cuál es la mejor manera de hacerlo para que los ciudadanos sientan realmente que han dejado atrás el pasado.
Paul Seils es el vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Foto: El ex presidente liberiano Charles Taylor en la lectura de su sentencia el 26 de abril de 2012 en la Corte Especial para Sierra Leone, en La Haya. PETER DEJONG/AFP/GettyImages.
Artículo publicado originalmente en inglés en el periódico The Independent.
