Los 50 años de gobierno militar en Myanmar terminaron en 2011. Desde entonces han surgido una serie de problemas que tienen sus raíces en el legado de dicho gobierno.
A pesar de las reformas asertivas, el conflicto armado persiste en el norte de Myanmar, la liberalización económica ha generado una epidemia de apropiación de tierras, al mismo tiempo que la violencia y retórica antimusulmana en todo el país amenazan con menoscabar los avances positivos.
En el último ICTJ reporta hablamos con Patrick Pierce, director del programa de Myanmar del ICTJ, quien analiza el estado de la justicia transicional en el país. Pierce nos muestra el tipo de asesoría técnica que el ICTJ brinda a grupos de la sociedad civil en Birmania que trabajan para fortalecer las instituciones democráticas y la confianza en el proceso de paz.
Desde su llegada al poder en 2011, el gobierno del presidente Thein Sein ha establecido una serie de reformas, incluyendo la liberación de cientos de prisioneros políticos como la líder opositora Aung San Suu Kyi, ahora miembro delcongreso. ¿Están jugando algún papel los mecanismos de justicia transicional como las reparaciones, la búsqueda de la verdad o la responsabilidad criminal en estas reformas? ¿Cuál ha sido la participación del ICTJ?
Podemos ver que existen movimientos incipientes que buscan poner en marcha mecanismos de justicia transicional como parte de estas reformas pero no hay una voluntad o una estrategia global para lidiar con el pasado. Sin embargo, a medida que el gobierno se ha embarcado en las negociaciones de paz y cese al fuego con grupos armados no estatales surgen los reclamos sobre el pasado y los grupos de la sociedad civil en las áreas afectadas están comenzando a organizarse con respecto al tema de la justicia.
Muchas de las reformas necesitan ser consideradas teniendo en cuenta sus condiciones, o limitaciones.
Por ejemplo, los prisioneros políticos han sido liberados, pero la mayoría de ellos conforme al artículo 401 del código penal, que contempla la liberación más como una forma de sentencia suspendida o libertad condicional que como un perdón o amnistía.
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El mes pasado, uno de los prisioneros que fue liberado, Nay Myo Zin, fue acusado de difamación por decir que los policías que estaban participando en un caso de apropiación de tierras eran corruptos. Se le impuso una pequeña multa y una sentencia corta de tres semanas. |
Cuando los aldeanos a quienes estaba ayudando pagaron su fianza, se le informó de que su sentencia previa ya no quedaba suspendida y que debía volver a prisión.
Antes de que el presidente Thein Sein visitara los Estados Unidos, ordenó la liberación de Nay Myo Zin. Fue un recordatorio para otros que habían sido liberados de que, en realidad, sus sentencias aún se ciernen sobre ellos.
Junto con una oleada —o más bien una epidemia— de apropiaciones de tierras ha surgido una verdadera presión por parte de agricultores y activistas que cuestionan la impunidad con la que los militares, compinches y negocios se han apropiado de los terrenos. Estas impugnaciones – tanto en los ámbitos judiciales como administrativos- no parecen distinguir entre el gobierno antes o después de las elecciones.
El ICTJ comenzó a trabajar en la situación de Birmania en 2003 y después estableció un programa en el país en 2008.
En 2009 publicamos un reporte relevante, "Impunidad prolongada: Birmania y su Constitución de 2008," que analizaba los defectos de la constitución que bloqueaban las opciones para la justicia transicional.
También trabajamos ampliamente con organizaciones locales que documentan violaciones a los derechos humanos. Durante los últimos 18 meses, hemos estado trabajando con presos políticos liberados, grupos de la sociedad civil así como asesores internacionales involucrados en las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados de oposición.
Aun cuando la transición en Myanmar comenzó aproximadamente en la misma época que muchos levantamientos populares en Oriente Próximo y el Norte de África, la evolución de Myanmar hacia un gobierno democrático ha sido en gran parte atribuida a la decisión de su gobierno de emprender reformas. Antes de que echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este momento, ¿podría brindarnos algunos antecedentes sobre qué fue lo que originó esta transición en primer lugar?
Un complicado conjunto de factores entraron en juego. Después de que Myanmar obtuviera la independencia de Gran Bretaña en 1948, hubo un breve periodo democrático hasta que el General Ne Win encabezó un golpe de estado en 1962. Las manifestaciones en defensa de la democracia forzaron su renuncia en 1988, y desde ese momento el ejército declaró que había comenzado un “gobierno de transición”.
En los últimos cinco o seis años han tenido lugar algunos acontecimientos que podemos señalar: las manifestaciones encabezadas por los monjes en 2007 clamando por la democracia y la reconciliación nacional (la Revolución Azafrán); el ciclón Nargis en 2008; un mayor impulso para crear una comisión de investigación; y el reconocimiento de que el dictador, el General Supremo Than Shwe, estaba envejeciendo.
| La “infraestructura” de la transición – la constitución de 2008 y el referéndum que la aprobó, las elecciones que siguieron e incluso la elección de líderes entre miembros del partido gobernante – fueron en gran medida manipulados para garantizar que el ejército continuara teniendo un papel importante en la política y para proteger sus intereses. |
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Myanmar se encuentra estratégicamente ubicada entre China e India y es rica en recursos naturales, así que también podemos ver a estas dos potencias en ascenso luchando por participar en la economía y a los Estados Unidos y Europa tomando parte en esta competencia.
La constitución estipula que el ejército tenga el 25% de los asientos en el parlamento e incluye una cláusula de inmunidad, eximiendo a los antiguos gobiernos de cualquier forma de responsabilidad por décadas de represión y abusos contra los derechos humanos. Así que hay ciertas protecciones incorporadas al proceso para los que están involucrados.
Sin embargo, si hablamos de motivaciones positivas, diversos analistas han señalado el deseo de que las fuerzas armadas recuperen su reputación. Ellos jugaron un papel muy importante en la lucha anticolonial así como en la resistencia a la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que existe un legado histórico que se perdió a medida que esta institución comenzó a ser la que oprimía a la población, en vez de protegerla.
En la opinión del ICTJ, ¿es apropiada la calificación de ue se trata de una transición “desde arriba”? ¿Cuál ha sido el impacto de las protestas en contra del gobierno, los movimientos como las manifestaciones de 2007 o las protestas medioambientales locales?
El poder del Estado se ha debilitado, desde la época en que un solo hombre llevaba la batuta, hasta ahora que una serie de jugadores compiten por poder e influencia dentro del Estado, incluyendo el ejército, el parlamento y el poder ejecutivo. El presidente y los líderes del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), actualmente el partido en el poder, son exmilitares, así que la relación entre el partido y el gobierno es complicada, y existe por tanto una lucha interna dentro del USDP.
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A esto hay que sumar la creciente influencia del partido de oposición Liga Nacional para la Democracia (NLD por sus siglas en inglés), las alianzas entre los partidos de origen étnico y la sociedad civil en general, y entonces podremos ver lo complicado que es en realidad. La estructura del poder ya no es tan sencilla como lo era antes de la transición. |
Las próximas elecciones son en 2015. El partido de Aung San Suu Kyi, NLD, conserva una gran popularidad, a pesar de algunas preocupaciones respecto a que los años que pasó Suu Kyi en arresto domiciliario y la intimidación hacia algunos miembros del partido durante las últimas dos décadas lo hubieran debilitado. El NLDarrasó en las elecciones extraordinarias de 2011 y se espera que obtenga buenos resultados en 2015.
Como mencioné anteriormente, están en marchanegociaciones de paz en las áreas de conflicto armado, así que el voto de esas comunidades también tendrá un gran impacto sobre los resultados de las elecciones.
La tensa relación entre el gobierno central y esos grupos étnicos es el núcleo del conflicto, y por tanto es absolutamente necesario que se brinde algún tipo de solución política a sus quejas. Existen unos cuantos ministros claves y algunos miembros del parlamento que están trabajando activamente en los procesos de paz y reforma pero aún no es algo oficial, lo que significa que la situación es en realidad bastante frágil.
Es difícil identificar el impacto de las manifestaciones de 2007 y de otras acciones de la sociedad civil – es decir, cuánto influyeron en el proceso para la conclusión de la constitución y la organización de las elecciones.
En términos generales, sin embargo, existe la percepción de que el gobierno no puede ignorar por completo la opinión pública como lo hizo durante el gobierno militar. Por ejemplo, algunos de los actores que colaboran con el ICTJ, incluyendo grupos de ex presos políticos, están ahora activamente involucrados con el gobierno, abogando por la liberación de los presos políticos que siguen encarcelados.
El lenguaje vejatorio y la violencia contra los musulmanes por parte de los militantes nacionalistas budistas se han extendido ahora desde el estado de Arkan hasta Myanmar central. Las autoridades no han podido controlar la violencia y, supuestamente, en algunos casos incluso la han motivado. Algunas autoridades birmanas han sugerido que éste es un “conflicto comunal” que es inherente en un país multiétnico y multireligioso. ¿Por qué comenzó la violencia y cómo está afectando a cualquier tipo de diálogo sobre justicia transicional?
En primer lugar, pienso que es importante destacar que el conflicto étnico no es inherente ni inevitable.
Es una larga historia pero básicamente se remonta a la época colonial. Los grupos se han entremezclado a lo largo de India y el Sudeste de Asia por siglos, pero cuando Birmania fue colonizada por la Gran Bretaña, una gran cantidad de funcionarios públicos llegaron de India para que el gobierno siguiera vigente en la colonia.
Así que desde hace tiempo hay un gran resentimiento sobre este tema y periódicamente, desde la independencia, las autoridades han propiciado el ambiente hacia una actitud antimusulmana para promover la unidad nacional que se basa en la idea de una nación budista.
El conflicto más complicado se encuentra cerca de la frontera con Bangladesh porque a los rohingyas se les niega ciudanía y porque se encuentran en el estado de Arakan. Los propios arakaneses han sido discriminados por los gobiernos de Birmania dirigidos por militares durante el pasado, sus recursos naturales han sido explotados; es una área muy pobre.
| La respuesta automática a la violencia es un incremento en las medidas de seguridad, lo que da sustento al mito de que el conflicto es inevitable e inherente y por lo tanto el único medio para lidiar con él es a través de la fuerza. |
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Al ver las cosas desde ese ángulo desaparece la posibilidad de entender realmente quién está motivando el conflicto, o de poder rendir cuentas y de descubrir quién se está beneficiando y qué debería hacerse para incrementar la confianza entre los grupos, en vez de apoyar su separación.
Así que esta violencia no es el resultado de las libertades recién obtenidas – todo lo contrario. Es la continuación de un patrón de impunidad del que los gobiernos anteriores han gozado para violar los derechos humanos de las comunidades étnicas.
El proceso de paz en Myanmar es muy complejo e involucra a un gran número de actores distintos. ¿Existen temas que estén siendo negociados en el proceso de paz que pudieran tener implicaciones en medidas de justicia transicional que se tomen en el futuro?
Las negociaciones en esta etapa son preliminares y realmente están más enfocadas a establecer y mantener el alto el fuego.
A principios de este año, el gobierno se reunió con el Consejo Federal de Nacionalidades Unidas (UNFC, por sus siglas en inglés), que representa a 11 grupos étnicos armados y los temas a tratar ahí son más políticos.
Entre los grupos étnicos, incluyendo el UNFC, existe un amplio consenso acerca de que el diálogo político necesita incluir mecanismos de protección de derechos humanos, reintegración y restablecimiento de refugiados así como el reconocimiento y promoción de los derechos culturales.
Aun cuando miles de prisioneros políticos han sido liberados, más de cien presos políticos permanecen en prisión. Muchos de los que fueron liberados enfrentan una serie de retos al reintegrarse a la sociedad, como problemas de salud mental o física debido a los malos tratos, la falta de educación formal y el estigma social asociado con haber estado encarcelados. ¿Cuál es el resultado de la liberación de estos prisioneros políticos, y cómo han sido tratados durante su proceso de reintegración a la sociedad? ¿Cómo está colaborando el ICTJ con estos grupos?
La liberación de los presos políticos ha sido un avance muy positivo. Muchos de los líderes del movimiento a favor de la democracia que se formó durante las manifestaciones en 1988 son ahora figuras políticas importantes y están inspirando a otros y ofreciendo guía a sus compañeros y a las generaciones más jóvenes.
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También han tenido una influencia positiva al llegar hasta las áreas del conflicto armado y formarse sobre cuáles son las condiciones en esas zonas. Pero esas son las personas en posiciones de liderazgo. Para muchos otros presos políticos, su educación o sus carreras fueron interrumpidas y es difícil que puedan reintegrarse a la sociedad. |
Algunos han sufrido serios problemas de salud, tanto física como mental. Y las condiciones que se les han impuesto a través del artículo 401 del código penal, que mencioné anteriormente, son un verdadero problema en términos de la seguridad que ellos pueden tener para desempeñar un papel en el proceso de promoción de la reconciliación nacional.
De acuerdo con ONG locales, existen todavía más de 150 presos políticos que aún no han sido liberados. El Gobierno formó un comité para abordar el tema de los prisioneros políticos con el objetivo de determinar qué prisioneros están detrás de las rejas por razones políticas y liberarlos. El comité está compuesto por representantes tanto del gobierno como de la sociedad civil pero ha sido criticado por no ser lo suficientemente valiente, así como por no atender las necesidades de los presos políticos liberados, que enfrentan la serie de desafíos que mencionabas – problemas que no deberían tener que enfrentar.
El ICTJ ha organizado capacitaciones con algunos de los presos políticos liberados. Muchos de ellos participan activamente, ofreciendo apoyo psicosocial a otros presos liberados a través de grupos de autoayuda, capacitación vocacional y otro tipo de apoyos similares.
Las capacitaciones que hemos llevado a cabo han incorporado a sus experiencias una estrategia fundamentada en el reconocimiento de sus derechos. Como víctimas de la tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, ellos tienen derecho a saber la verdad sobre lo que pasó y por qué, el derecho a algún tipo de reparación.
Hemos podido ofrecer algunas experiencias comparativas y discusiones acerca de cuáles podrían ser las acciones prioritarias para que estos derechos les sean reconocidos y continuaremos ofreciendo asistencia técnica a medida que desarrollan sus programas, ya sea documentando sus experiencias de forma sistemática, conmemorando a los presos políticos que murieron en prisión, o presionando a los legisladores para que se reconozca que ellos fueron, realmente, presos políticos y no criminales.
Las organizaciones locales han estado documentando violaciones a los derechos humanos en Birmania por más de una década. El ICTJ ha brindado asesoría y capacitación a grupos sobre cómo esta documentación podría contribuir a establecer un registro histórico preciso del pasado de Birmania, o cómo podría ser utilizado para obtener justicia en el futuro y para ayudar a los esfuerzos hacia la reconciliación. ¿Podemos esperar el establecimiento de algún tipo de mecanismo de búsqueda de la verdad en Myanmar?
Pienso que es muy pronto para decirlo. Un tema que constantemente escucho en casi todas mis interacciones con la gente del país es la importancia del reconocimiento.
En una de nuestras capacitaciones, un ex preso político le dijo al grupo que no quería venganza y que simplemente prefería seguir adelante y olvidar todo lo que le había pasado. Sin embargo, debido a las torturas que había sufrido y a las condiciones en las que había vivido en prisión, tenía un problema crónico de espalda que le provocaba mucho dolor. Comentó que, cuando el dolor recorre toda su espalda, no es tan fácil hablar de perdón. Deseaba al menos que se reconociera que no debería estar sufriendo de ese modo.
Creo que existe mucha ambivalencia también, y miedo de que traer de vuelta el pasado provocará un golpe de estado por parte del ejército.
| En lo que respecta a las violaciones documentadas, pienso que el registro brinda a las comunidades una importante herramienta que les permitiría llevar sus reclamos a la mesa, cuando llegue el momento del dialogo político y la parte más difícil de la reconciliación nacional. |
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Nadie puede asegurar aún qué forma tomará. Pero existe una mayor presión para lidiar con el pasado y un creciente reconocimiento, al menos en algunos sectores, de que una paz duradera y una reconciliación genuina tendrán que incluir formas de hacer frente a los reclamos por las violaciones de derechos humanos en el pasado.
Para tal fin, el ICTJ contará con un par de informes que se publicarán próximamente.
El primero es un análisis inicial sobre el alcance que tienen actualmente los temas relacionados con la justicia tanto en las demandas nacionales como en la asistencia internacional sobre las estrategias para el desarrollo, la paz y la consolidación nacional en Birmania, así como oportunidades para avanzar en el tema de la justicia.
El otro es un informe muy práctico sobre los desafíos enfrentados por los presos políticos liberados y qué cambios podrían ser establecidos para facilitar su reintegración a la sociedad. Continuaremos trabajando con los grupos étnicos de la sociedad civil así como analizando la forma en que la justicia participa en el proceso de paz y seguiremos ofreciendo asistencia técnica para las nuevas iniciativas a medida que vayan surgiendo.
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FOTOS: (de arriba abajo) Una gran multitud marcha hacia el centro de Rangún proclamando por un cambio democrático, septiembre, 2007 PATRICK PIERCE/ICTJ; Monjes budistas se reúnen en las calles durante las protestas de septiembre de 2007 PATRICK PIERCE/ICTJ; Atardecer, Pagoda de Shwedagon PATRICK PIERCE/ICTJ; ollas de barro y tela roja forman una conmemoración pública del levantamiento del 8-8-88 que tuvo lugar el 8 de agosto de 2012 PATRICK PIERCE/ICTJ; Un joven camina a través de un campo de refugiados rohingyas, 2013 STEVE GUAMER vía Flickr; Un monje mirando una exposición que hace un recuento de las muertes de los protestantes del 8-8-88, donde se lee "Mártires que sacrificaron sus vidas por la democracia del pueblo.” 8 de agosto de 2012, Mandalay. PATRICK PIERCE/ICTJ; Exprisioneros políticos se reúnen para una capacitación sobre justicia transicional del ICTJ, y pidieron que esta foto fuera compartida en todo el mundo como parte del Día Internacional del Derecho a la Verdad. PATRICK PIERCE/ICTJ.
