Foto: Mujeres en Perú sentadas en la acera, tejiendo el nombre de sus seres queridos desaparecidos en una bufanda que supera los 200 metros. La solicitud que hacen estas mujeres es por la reparación económica individual, a la que tienen derecho después del conflicto armado interno en el Perú. Crédito fotográfico: Advocacy Project/Karin Orr, 2010
Miles de víctimas del conflicto armado interno de Perú siguen aún esperando compensación y beneficios como parte del plan integral de reparaciones de 2005, según un informe publicado hoy por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
El reporte de 36 páginas, “Reparaciones en Perú: El largo camino entre las recomendaciones y la implementación”, aborda el desigual desempeño del gobierno peruano en el otorgamiento de compensaciones a personas y comunidades que sufrieron algunos de los crímenes más severos durante el conflicto.
Como se describe en el informe, los programas originados a partir del Plan Integral de Reparaciones han sufrido demoras, cambios en las políticas y discursos contradictorios sobre el conflicto y sus responsables – lo que en algunos casos ha sido motivo para negar a las víctimas y sus familiares el derecho a la reparación.
El conflicto en Perú
Más de 69.000 personas fueron asesinadas o víctimas de desaparición forzada durante los 20 años de conflicto en Perú. Otros miles fueron víctimas de tortura, arrestos ilegales, violencia sexual, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos.
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Una sorprendente característica del conflicto, expuesta por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), es que la mayoría de las víctimas fueron civiles indígenas quechua-hablantes, que vivían en las montañosas provincias andinas y amazónicas. |
Sus comunidades, atrapadas en medio de la lucha entre las fuerzas rebeldes y el gobierno, ya habían sido víctimas de pobreza, exclusión política y persecuciones históricas.
Reparación para las víctimas
Las reparaciones tenían la intención de ser una forma adecuada de compensar a las víctimas por los crímenes, ofreciéndoles derechos plenos de ciudadanía y estableciendo las bases de un nuevo pacto social.
“Aun cuando estas violaciones sucedieron hace más de 20 años, muchas víctimas continúan esperando respuestas y compensaciones”, dice Cristián Correa, autor del informe del ICTJ.
“Han atravesado el largo proceso de registro para ser reconocidos como víctimas y titulares de derechos – sólo para encontrarse con que el gobierno no está listo para cumplir con los proyectos oficiales. Estas demoras son inconsistentes con el mensaje de una política de reparaciones.”
El plan integral de reparaciones peruano, que está basado en las recomendaciones hechas por la CVR en su informe final de 2003, ofrece reparaciones a las víctimas en diferentes formas, ayudándolas a reparar las peores consecuencias de la violencia.
Los programas varían desde la atención sanitaria especializada hasta educación para la conmemoración, y la compensación monetaria entregada como un solo pago en efectivo de 10.000 nuevos soles ($ 3.700 USD).
“El plan de reparaciones de Perú se ha enfocado no solo en ofrecer resarcimiento por los crímenes sufridos de forma individual por muchas personas”, explica Ruben Carranza, director del programa de Reparaciones del ICTJ. “Está también dirigido a las comunidades que sufrieron las peores violaciones durante el conflicto. En conjunto, estos programas están diseñados para ofrecer un mensaje de inclusión y reconocimiento a las víctimas.”
| De acuerdo con el informe del ICTJ, el gobierno hasta ahora ha implementado su plan de reparaciones de forma inconsistente, ya que algunos de los programas reciben gran atención y financiamiento, mientras que otros han sido prácticamente ignorados. |
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De acuerdo a las estadísticas oficiales, sólo una de cada cinco víctimas ha recibido Reparaciones Económicas y los programas de educación y atención a la salud han experimentado pocos avances.
Programa de Reparaciones Colectivas
Uno de los programas más ambiciosos que se busca implementar es el Programa de Reparaciones Colectivas, que ofrece compensación a las víctimas en forma colectiva. A través de este programa, las comunidades han recibido proyectos de inversión de hasta 100.000 nuevos soles ($37.000 USD) para ayudar a reconstruir su infraestructura e incrementar sus posibilidades de participar en el desarrollo.
La mayoría de los proyectos se han enfocado en la ganadería y la construcción de nuevos sistemas de riesgo así como salones comunitarios, desagües, carreteras o aulas adicionales. Para finales de 2013, 1.946 comunidades habrán sido beneficiadas.
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El programa, sin embargo, ha enfrentado algunas dificultades imprevistas. De acuerdo con el reporte del ICTJ, los habitantes no siempre ven los proyectos de inversión como reparaciones por las violaciones sufridas durante el conflicto. |
En vez de eso, muchos los consideran como una forma de desarrollo a la que ya tienen derecho, como los derechos sociales y económicos.
Por citar un ejemplo, la mitad de una calle fue pavimentada cerca de una clínica de salud como parte de un programa de reparaciones en Acomayo, que fue documentado por el ICTJ y la Asociación Pro Derechos Humanos en Perú (APRODEH).
La confusión entre las reparaciones y el desarrollo surge, en parte, debido a que los representantes del gobierno se han quedado cortos en su obligación de vincular los proyectos con un reconocimiento de los daños sufridos.
El resultado es que los proyectos de reparación colectiva no siempre han profundizado lo suficiente en el reconocimiento de los graves crímenes y en la conmemoración de las víctimas.
La CVR estimó que 54% de los violaciones de asesinatos y desapariciones forzadas eran atribuidos al grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso y el 37% a agentes del Estado, paramilitares o comités de autodefensa. Concluyó que estas violaciones no sólo eran el resultado de excesos individuales, sino que en algunos casos representaron casos de prácticas sistemáticas que constituyeron crímenes contra la humanidad y transgresiones al derecho internacional humanitario.
El país sigue dividido por el conflicto armado interno y algunos sectores de la sociedad se niegan a admitir que el Estado fue directamente responsable de muchas de las violaciones que ocurrieron.
Los discursos contradictorios y la falta de reconocimiento de responsabilidad por parte de muchos de los miembros de la élite peruana explican las dificultades que el país ha tenido para implementar las reformas y reparaciones contempladas por la CVR.
“La incapacidad del gobierno para cumplir con las reparaciones ordenadas muestra cierta falta de voluntad para superar la discriminación histórica y de considerar a las comunidades indígenas y campesinas como ciudadanos en igualdad de condiciones”, dice Correa.
“Por el bien de las víctimas y de la sociedad en general, se debe acelerar la velocidad con la que se otorgan las reparaciones y es necesario que se cumpla por completo con el plan integral de reparaciones.”
