Artículo de opinión escrito por el presidente del ICTJ, David Tolbert, y Alan Doss, asesor político principal de la Fundación Kofi Annan
La reciente reelección del presidente Juan Manuel Santos en Colombia aporta esperanza a un país que intenta poner fin a medio siglo de conflicto. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de paz, puede resultar difícil llegar a un equilibrio entre un acuerdo estable y el reconocimiento de las terribles injusticias que han tenido lugar durante los enfrentamientos.
Desde Nepal hasta Irlanda del Norte, muchos países y comunidades han tenido que lidiar con legados de división y violencia de carácter étnico, ideológico o religioso, en muchos casos con escaso éxito. A menudo esto se debe a que los mecanismos establecidos después de los conflictos para enfrentar la reconciliación, la verdad y la justicia han sido inadecuados.
En Bosnia-Herzegovina el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) ha hecho importantes aportaciones a la búsqueda de la verdad. Pero las víctimas se quejan de la lentitud e inaccesibilidad del proceso. Además, muchos serbo-bosnios están convencidos de que el tribunal es selectivo y tiene motivaciones políticas.
En Nepal, el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla maoísta para crear una comisión de la verdad e investigar las desapariciones se pospuso durante siete años. Cuando los legisladores promulgaron por fin la ley de capacitación en mayo de 2013, las víctimas se quedaron consternadas al descubrir que ese organismo tendría potestad para recomendar amnistías en casos de crímenes contra la humanidad, algo que va en contra de los principios internacionales y de las directrices de las Naciones Unidas.
En Irlanda del Norte, el Acuerdo de Viernes Santo, justamente aplaudido por detener el derramamiento de sangre e iniciar la reconciliación, se ha topado - para gran frustración de las víctimas- con resistencias políticas derivadas de un elemento esencial del proceso de paz: la creación de mecanismos de esclarecimiento de los crímenes pasados.
Con razón, los negociadores de paz temen que la asunción de responsabilidades por los crímenes cometidos ponga en peligro a líderes y partidarios de su propio bando. Muchos, basándose en una interpretación errónea de la experiencia sudafricana, habían dado por hecho que las comisiones de la verdad constituyen una alternativa “blanda” a la justicia. En consecuencia, las incorporaron de buen grado a los acuerdos de paz (ignorando así el hecho de que de esta forma las víctimas se ven obligadas a elegir entre la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de la verdad).
Como era de prever, al irse convirtiendo las comisiones de la verdad en elementos consolidados de la justicia transicional, entre los excombatientes ha ido aumentando la preocupación de que su reputación y su credibilidad políticas puedan correr peligro si los crímenes del pasado salen a la luz. La búsqueda de la verdad puede ser incómoda y dolorosa para todos, pero conlleva graves consecuencias para quienes tienen razones para temer a la justicia.
En realidad, la mediación en conflictos y la justicia transicional recurren a las comisiones de la verdad porque las consideran uno de los fundamentos de la paz, no porque concedan impunidad frente a los peores crímenes, sino por lo contrario, porque refuerzan las políticas de derechos integrales y el acceso a la justicia.
Como ha concluido un simposio reciente, organizado por la Fundación Kofi Annan y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, cuando las comisiones de la verdad contribuyen mejor a la paz es cuando reivindican el Estado de derecho, reconocen a las víctimas y apoyan la reforma institucional. Sin embargo, para poder cumplir su misión, estos organismos deben ser eficaces, independientes y legítimos. Las medias tintas no sirven.
En consecuencia, las comisiones de la verdad nunca deben ser ejercicios retóricos destinados a complacer a la opinión pública local o a la comunidad internacional, como se ha observado en Nepal. Las comisiones de la verdad, incluso cuando —con la mejor intención— se las dota amplias competencias y funciones, suelen carecer de los recursos necesarios, lo cual incrementa la frustración y la desilusión. Además, una comisión de ese tipo no debe estar dirigida o compuesta por individuos de integridad cuestionable, ya que eso socava la legitimidad del proceso.
Lo primordial es que las comisiones de la verdad se adapten a las circunstancias de cada país. Como hemos visto en Bosnia, Colombia, Nepal, Irlanda del Norte y otros lugares, el carácter de los conflictos y su resolución difieren enormemente, y lo mismo debería ocurrir con las respectivas comisiones. Una solución estereotipada acaba por no satisfacer a nadie.
Es esencial comprender en profundidad las características de cada proceso de justicia transicional después de un conflicto. A los líderes políticos les resulta demasiado fácil dejar de lado a las víctimas o censurar la verdad al buscar un acuerdo de paz. Pero el reconocimiento de los derechos de las víctimas es una condición indispensable para una paz duradera. El sufrimiento humano y la dignidad de las víctimas son factores demasiado poderosos como para ser sacrificados por los pactos políticos firmados por otros. Al final, el pasado acaba exigiendo lo que se le debe: la justicia no es sólo un ideal, es una inversión en un futuro mejor.
Este artículo ha sido previamente pubicado por El Tiempo.
