Por Paul Seils, vicepresidente del ICTJ
El presidente Jacob Zuma se arriesga a dañar irreparablemente la credibilidad de algunos de los elementos fundamentales del pacto de Sudáfrica con las víctimas del apartheid con su actual plan de indultar a 149 responsables de delitos graves y posiblemente considerar otras 926 solicitudes que le han llegado. Esto constituiría un grave abuso de confianza hacia las víctimas y la sociedad sudafricana en general.
Si verdaderamente hay motivos para afirmar que estos indultos son necesarias 20 años después de la liberación del apartheid, se deberían cumplir criterios básicos de transparencia. La cuestión no es encerrar a las personas en la cárcel y luego tirar la llave. En muchos sentidos no se trata de los criminales en absoluto, sino de cómo se trata a las victimas durante el proceso.
Millones de sudafricanos negros cargaron con el peso de la lucha contra el apartheid, así como con sus abusos. Para muchos activistas de derechos humanos de mi generación que vivíamos y trabajábamos lejos de su cruda realidad, nuestras exiguas muestras de solidaridad con las víctimas del apartheid se sustentaban únicamente en la admiración y la esperanza. El camino hacia la libertad de Mandela en 1990 avivó las llamas del optimismo y la energía.
El mundo entero fue testigo cuando, acompañado de muchas mujeres y hombres sabios, se abrió camino a través de los escombros de una nación quebrada y, contra todo pronóstico, no solo comenzó a reconstruirla, sino que también pareció ofrecer la promesa de una reparación más profunda.
Gran parte del peso de esa promesa recayó sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (CVR), cuya esencia eran una serie de compromisos basados en principios morales y pragmatismo. Se concebía la justicia como algo que no se limita a buscar culpables y castigarlos, sino como un proceso positivo de restitución, inclusión y reparación. Se consideró que el sistema de justicia del país no estaba preparado para llevar a cabo juicios contra los responsables de los delitos más graves que respetaran el debido proceso, dados los prejuicios que aún mostraban las autoridades oficiales (fiscales, jueces y otros). También existía el temor de que cualquier enfoque punitivo sumiera la transición entera en el conflicto.
Un aspecto célebre y único de la CVR de Sudáfrica, a diferencia del resto de estos organismos, fue la facultad de otorgar amnistías a aquellas personas que confesaran su participación en delitos de motivación política o racial. El proceso se centró en actos que violaran las leyes penales existentes. Quienes no confesaran quedarían expuestos a ser sometidos a procesos penales.
La ley mediante la cual se creó la CVR no abordó el delito del apartheid en sí mismo, por lo que los arquitectos políticos y criminales del abominable régimen nunca se vieron obligados a rendir cuentas por haberlo diseñado, ni siquiera ante la comisión. No se les exigió que confesaran la criminalidad inherente del régimen y solicitaran la amnistía.
Por el contrario, el proceso de amnistía se centró en actos que violaran las leyes penales existentes, a manos de individuos pertenecientes a cualquier grupo, a favor o en contra del Gobierno.
Algo más de 7.000 personas solicitaron la amnistía. El 65% de esas solicitudes provinieron de personas que ya habían sido condenadas por delitos. De esas cerca de 7.000 solicitudes, más de 5.000 fueron rechazadas por motivos administrativos antes de ser consideradas en detalle – ya que no cumplían con los criterios básicos de admisibilidad. En resumen, se recibieron menos de 2.000 solicitudes de amnistía por delitos de motivación política o racial. Como señaló el entonces ministro de justicia, los responsables de los crímenes no estaban saliendo a la luz. Al finalizar ese proceso, se habían concedido 1.167 amnistías. Solo un puñado de aquellos a quienes no se les concedió una amnistía fueron sometidos a algún tipo de proceso penal.
Estoy seguro de que en ese momento se creía firmemente que aquellos con sangre en sus manos tomarían la rama de olivo que se les estaba tendiendo, pero pocos lo hicieron. Ni los arquitectos ni los esbirros del apartheid estaban dispuestos a confesar. Esta fue la primera violación de la promesa. El trato supuestamente era “confesar o ser procesado”, pero no se estaba enjuiciando a nadie. Esa fue la segunda violación de la promesa.
Esto supuso una burla tanto para las víctimas, que creyeron que el pacto por la verdad fue un sacrificio necesario en aras de la reparación nacional, como para los victimarios que habían confesado de buena fe. Al final resultó que no habrían sufrido consecuencias adversas si hubieran permanecido en silencio.
Por el contrario, los dos últimos presidentes han hecho de todo menos ayudar a promover el enjuiciamiento de aquellos que optaron por no participar y dar la cara. Mediante procesos opacos, que excluyen por completo la participación de las víctimas de los criminales que podrían ser indultados, el presidente Zuma sugiere que este podría ser un paso necesario para el proceso de reconciliación nacional.
Estas solicitudes de indulto surgen de la “dispensa especial para las solicitudes de indulto político” autorizada por el ex presidente Thabo Mbeki en 2007 con el fin de “promover la reconciliación y la unidad nacional” y “abordar las asignaturas pendientes de la TRC”. Entre los solicitantes se encuentran el ministro de la policía de la época del apartheid Adriaan Vlok, el comisionado de policía Johann van der Merwe, y otros responsables de gravísimos delitos como asesinatos en serie, el asesinato de familias enteras, brutales ataques contra manifestantes negros y el bombardeo de una tienda de comestibles.
A pesar de las numerosas denuncias de representantes de las víctimas y grupos de la sociedad civil y una sentencia de 2010 de la Corte Constitucional, el proceso se llevó adelante en secreto, y las víctimas fueron excluidas por completo.
Como mínimo, cualquier indulto presidencial deberá cumplir cuatro criterios: 1) las víctimas de los delitos deben ser incluidas en una conversación honesta acerca de los motivos del gobierno y las razones por las cuales el proceso de amnistía es moral y legalmente defendible, a pesar de que los sospechosos eligieron no dar la cara y confesar ante la CVR; 2) cualquier indulto debe estar basado en delitos de motivación política o racial y la confesión plena de todos los hechos relevantes; 3) quienes confiesen deben contribuir de manera significativa a un fondo de reparaciones; y 4) no se concederá ningún indulto por delitos cometidos después de la era del apartheid.
Incluso bajo estas condiciones, los indultos serían una derrota para la credibilidad del acuerdo original, pero al menos tratarían a las víctimas con un mínimo de respeto.
Sería preferible un proceso parecido al que se ha visto recientemente en Colombia, donde los victimarios confesaban a cambio de una condena y una sentencia muy reducida – no una amnistía. Un modelo así permitiría al Gobierno sudafricano afirmar con honestidad que no aceptar la oferta original de confesar los crímenes realmente conllevaba un riesgo moral.
El presidente Zuma debería ponerse a la altura de la autoridad moral que sustentan las víctimas. Desde allí podría ver más claramente los valores morales que son necesarios para construir la nación. De lo contrario, estará intentando construir la nación sobre la base de promesas incumplidas. Y la verdad prometida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación habrá resultado estar basada en una mentira.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Huffington Post.
FOTO: Mural en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (BEN SUTHERLAND/Flickr).
