Después de casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), principal grupo guerrillero del país, llegaron la pasada semana a un histórico y definitivo acuerdo de paz, que pone fin al conflicto armado interno más prolongado en el hemisferio occidental.
El acuerdo contempla la aplicación de varias medidas de justicia transicional —incluidas en el llamado “Acuerdo de víctimas”—, que pretenden responder a su derecho a la justicia, la verdad, las reparaciones y las garantías de no repetición. Las medidas se pondrán en marcha si el acuerdo es ratificado en el referéndum nacional que tendrá lugar el 2 de octubre.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nos enfocamos en una de las medidas acordadas en el marco del acuerdo de justicia transicional: la creación de una unidad especial que busque, localice e identifique a las personas desaparecidas forzosamente o dadas por desaparecidas durante los 50 años de conflicto armado.
Acordada por las dos partes negociadoras en octubre de 2015, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas supondrá un importante paso adelante para la resolución de un crimen atroz que durante mucho tiempo ha permanecido oculto en Colombia.
Se calcula que durante el conflicto armado más de 46.000 personas han sido desaparecidas forzosamente. Sin embargo, muchas más desaparecieron por otras circunstancias relacionadas con el conflicto, por ejemplo, al fallecer en cautividad después de ser secuestradas o porque murieron en combate y fueron enterradas en fosas sin identificar en zonas de conflicto. Si tenemos en cuenta todas las desapariciones, la cifra podría superar las 100.000 personas.
La unidad especial se ocupará de esta amplia gama de casos de desaparición, una tarea difícil que precisará de gran cantidad de fondos, personal y capacidad técnica.
“Esta unidad es una oportunidad para que Colombia salde la deuda histórica que tiene con las miles de víctimas de personas dadas por desaparecidas y los familiares que durante décadas han insistido en ubicar el paradero de sus seres queridos”, afirma María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia. “Es un logro muy importante para los familiares de las personas dadas por desaparecidas en este país”.
“Crear una instancia ad-hoc, especial, va a ser muy importante porque lo que ha mostrado el Estado hasta ahora es un avance muy lento no solamente en la ubicación de restos sino también en el esclarecimiento del fenómeno de la desaparición forzada”, añade Moreno.
Expectativas y preocupaciones de las víctimas
Durante décadas, los familiares de las víctimas de desaparición forzada han sido muy activos en su lucha por el reconocimiento y la actuación por parte del Estado. La creación de esa unidad especial suscita en ellas muchas esperanzas, pero también cierta desconfianza, ya que no es la primera vez que en Colombia se ha creado un organismo para buscar a los desaparecidos.
Las incansables demandas de las familias lograron que en 2000 se aprobara una ley que ordenaba la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, responsable de investigar los crímenes de desaparición forzada. Sin embargo, la comisión siempre careció del imprescindible apoyo económico y político, y para los familiares de los desaparecidos fue profundamente decepcionante. Apenas resolvió casos de desaparición y muchos de los procedimientos que diseñaron nunca llegaron a implementarse.
“La expectativa que tenemos los familiares es que esta unidad no repita los errores del pasado”, afirma Andrea Torres Bautista, abogada de la Fundación Nydia Erika Bautista, refiriéndose a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La tía de Andrea, Nydia Erika, desapareció en 1980 y, desde entonces, ella y su madre Yaneth iniciaron la búsqueda de justicia y verdad sobre su desaparición a manos de las fuerzas armadas colombianas. En la actualidad, la fundación apoya a los familiares de víctimas de desaparición forzada en su lucha por la justicia, la verdad y la reparación.
Para los familiares de las víctimas, la principal prioridad de la comisión debería ser dedicarse “seria y diligentemente” a la búsqueda de los desaparecidos.
“Esperamos que haga lo que ninguna entidad ha hecho, que es darle información a las víctimas sobre los procedimientos que se están adelantando para ubicar a todos los desaparecidos en Colombia”, afirma Torres.
Torres recalca que el papel de los familiares de víctimas no debe ser pasivo. “Los familiares deberían estar en un primer lugar, asesorando a todas estas entidades que se van a crear y participando activamente, porque son ellos quienes tienen la experiencia en el trabajo con los desaparecidos”, declara.
Capacidad técnica
Según explica Diana Arango, la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada o de otro tipo de desapariciones durante las décadas de conflicto conllevará enormes desafíos. Arango es directora ejecutiva de Equitas, la única organización independiente del país con capacidad para realizar investigaciones forenses.
“En Colombia en estos momentos tenemos un gran problema en materia de búsqueda, identificación y entrega digna, y esperamos que la unidad pueda superar esos problemas”, afirma. “Necesitamos una unidad que sea capaz de innovar, en términos de investigación científica, para poder encontrar personas que por ejemplo han sido arrojadas a los ríos. O que se encuentran en fosas clandestinas en zonas de difícil acceso, o que están perdidas en los cementerios del país”.
Arango también señala la necesidad de contar con un banco de perfiles genéticos “robusto”, para que los restos que se encuentren se puedan identificar y devolver a sus familias. Añade que es esencial que el Estado se comprometa a respetar las costumbres y creencias de la gente, para que la devolución de los restos se produzca con dignidad.
Cómo contribuir a una paz sostenible
Familiares y expertos coinciden en que será imposible alcanzar una paz sostenible si no se aborda con seriedad el problema que presentan todas las desapariciones en Colombia. “Un país sin desaparecidos”, en deseos de Torres.
Arango señala: “Nosotros no podemos construir una sociedad democrática, un Estado de derecho y una sociedad en paz si no reparamos a ese 13% de la población colombiana que ha sido víctima del conflicto. ¿Cómo vamos a superar las heridas, cómo vamos a iniciar procesos de reconciliación, y cómo vamos a generar una paz sostenible y duradera si no sabemos qué pasó con nuestros desaparecidos? ¿Si no somos capaces de buscarlas y entregarlas a sus seres queridos para que puedan cerrar el ciclo de incertidumbre y de dolor? ¿Cómo podemos construir una paz si no somos capaces de reconocer que en Colombia hubo desapariciones forzadas y una desidia por parte del Estado para buscarlas?”
Para el éxito de esta unidad especial será esencial manejar las expectativas de los familiares de las víctimas, ganarse su confianza y responder a sus necesidades. La información que la comisión obtenga de todos los actores armados — el Ejército, las FARC, los paramilitares y otros grupos—, de los familiares de las víctimas y de otras fuentes será fundamental para ese proceso.
María Camila Moreno, del ICTJ, subraya: “El pasado tiene que ser asumido con toda la claridad y con toda la información necesaria y por eso es muy importante que esta unidad trabaje y logre en un tiempo razonable resultados que les muestren a las víctimas que efectivamente sí es posible y que este tema el país se lo toma en serio”.
Cronología: momentos clave en la búsqueda de los desaparecidos en Colombia
- 1985: Toma del Palacio de Justicia - Integrantes del M-19 ocuparon el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Colombia. El Ejército intervino y el enfrentamiento terminó con 30 o 40 guerrilleros muertos, además de varios rehenes y 11 miembros de la Corte Suprema. Después de la incursión, los militares se llevaron a varios sobrevivientes, de los que no se volvió a saber. Algunos militares han sido juzgados por esas desapariciones. Vea el documental "La Toma".
- 2000: Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos - Colombia aprobó por ley la constitución de un órgano central para investigar los casos de desaparición y le autorizó a crear un Registro Nacional de Desaparecidos. Sin embargo, pocos casos se han resuelto gracias a su trabajo.
- 2005: Ley de Justicia y Paz - Colombia aprobó la Ley de Justicia y Paz, concebida para ofrecer a los paramilitares incentivos para el desarme, como la reducción de penas de cárcel a cambio de que confesaran sus crímenes o contribuyeran a reparar a las víctimas. Las confesiones emanadas de Justicia y Paz sirvieron para obtener importantes logros, entre ellos un registró que identificó por su nombre a 400.000 víctimas. Sin embargo, la opinión pública perdió la confianza en el proceso, ya que consideró que se quedaba corto en su petición de cuentas a los criminales y en el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos.
- 2008: Escándalo de los “falsos positivos” - Los medios de comunicación revelaron que el Ejército asesinaba a civiles y que después los vestía con uniformes de guerrilleros o paramilitares para registrarlos como muertos en combate. Se cree que hay miles de víctimas de ese tipo. Algunos oficiales han sido procesados por estos crímenes.
- 2015: Exhumación en Medellín - En julio, las autoridades comenzaron a exhumar la que se considera la mayor fosa común urbana del país, en la que podrían yacer los restos de 300 desaparecidos.
- 2015: Comunicado conjunto # 62 - Anunciado en octubre, el Comunicado conjunto número 62 supuso la presentación por parte del Gobierno y las FARC de medidas a corto y medio plazo para esclarecer la verdad sobre los desaparecidos. Acordó la aplicación inmediata de diversas iniciativas destinadas a identificar a los desaparecidos y presentar sus restos a sus familias, abogando también por la creación de una unidad especial de búsqueda de los mismos.
PHOTO: Investigators from Colombia's prosecutor's office analyze the bones from three bodies found in a grave in San Cristobal, near Medellin, Colombia. (AP Photo/Luis Benavides)
