En el panorama del conflicto armado colombiano, la región del Urabá ha sido un botín de particular interés para las organizaciones armadas al margen de la ley, y por lo tanto una de las regiones más victimizadas de Colombia. Desde hace aproximadamente cincuenta años, grupos guerrilleros y paramilitares se han arraigado en esta zona que cumple una serie de características: primero, ser un corredor de movilidad y tráfico de armas y estupefacientes; segundo, ser un territorio apto para proyectos de agricultura extensiva, ganadería, cultivos de uso ilícito y minería, y tercero, ser un territorio que ha sufrido la ausencia del Estado.

Por estos motivos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) se han disputado el control del Urabá en distintos momentos del conflicto.

Cacarica está localizado en la región noroccidental de Colombia en el departamento del Chocó. Para llegar, los visitantes deben cruzar el Golfo de Urabá desde Turbo y luego bajar por el Río Atrato durante dos horas y media. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)

Los municipios localizados en el Bajo Atrato y en la frontera entre los departamentos de Chocó y Antioquia fueron los más afectados por enfrentamientos entre los diferentes grupos. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 1997 más de quince mil personas salieron desplazadas del Bajo Atrato chocoano a causa de distintos hechos victimizantes.

Uno de esos fue el caso de las comunidades afrocolombianas e indígenas del corregimiento de Cacarica, en el Municipio de Riosucio, Chocó, víctimas de una ofensiva del Ejército coordinada con los paramilitares de las AUC bajo el pretexto de sacar del territorio a la guerrilla de las Farc.

La Operación Génesis y la Operación Cacarica

A las 5:30 am del 27 de febrero de 1997 iniciaron de forma conjunta las operaciones Cacarica y Génesis: la primera ejecutada por los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas  de las AUC, y la segunda por la Brigada XVII del Ejército Nacional en cabeza del General Rito Alejo del Río Rojas.

De acuerdo con la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 2003, las Fuerzas Militares utilizaron bombardeos y ráfagas de metralleta para hostigar a los habitantes de toda la cuenca de Cacarica en una ofensiva que duró una semana. Mientras tanto, miembros del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC disparaban y arrojaban granadas a las casas de los campesinos, porque supuestamente estaban buscando a miembros de la guerrilla entre la población civil. Esta situación, sumada a las amenazas, obligó a las comunidades a salir del territorio.

Chozas al lado del río son los hogares de las personas del Chocó a lo largo del río Atrato, pero también son guarida de grupos ilegales que aún rodean el área. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)

En esta incursión los paramilitares asesinaron a Marino López Mena, un líder campesino del caserío de Bijao a quien acusaron de ser guerrillero para después perseguirlo y decapitarlo.

Más de 3.500 personas de la cuenca de Cacarica huyeron atemorizadas hacia Turbo, Bocas del Atrato y Panamá.

Dos años después de su desplazamiento, las comunidades de Cacarica obtuvieron la titulación colectiva de su territorio, al que retornaron en el año 2000, y constituyeron la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica: CAVIDA.

Verdad, libertad, dignidad, fraternidad y solidaridad son los valores que rigen CAVIDA. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)

El territorio de Cacarica comprende 103.024 hectáreas, y colinda con el Parque Nacional Natural Los Katíos por el norte, por el sur con el Consejo Comunitario de Salaquí, por el oriente con el río Atrato y por el occidente con Panamá.

El territorio está conformado por 23 comunidades y dos zonas humanitarias ubicadas en cinco subcuencas en las que habitan más de 2800 personas.

Dentro del territorio de CAVIDA se encuentra la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, una ecoaldea de paz que no permite la entrada de ningún actor armado y se rige por los valores de justicia, verdad, libertad, solidaridad y fraternidad, en homenaje a los más de 86 desaparecidos y asesinados.

Aproximadamente 120 personas asistieron a las 4ta versión del Festival de las Memorias. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)

Festival de las memorias Somos Génesis

Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2019, 22 años después de los hechos por los cuales fueron expulsados de su tierra, se llevó a cabo en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios la cuarta versión del Festival de las Memorias Somos Génesis.  

A esta versión del festival asistieron aproximadamente 180 personas entre víctimas de diferentes regiones del país, responsables de los dolorosos hechos ocurridos en el conflicto armado en el Bajo Atrato, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil colombiana. Entre ellos, el excomandante guerrillero del Frente 57 de las Farc, Ubaldo Zúñiga alias Pablo Atrato; Antonio García, hermano del fundador del Bloque Metro de las AUC alias Doble Cero y Óscar Monterrey, desmovilizado de las AUC. Estos excombatientes y representantes compartieron un panel moderado por Lucía González, comisionada de la Comisión de la Verdad y les contaron a las víctimas de Chocó, Antioquia, Putumayo y Cauca sus motivaciones para vincularse a procesos de reconciliación.

La agenda incluyó la inauguración del primer módulo de la Universidad de Paz en el territorio de Cacarica. Se trata de una apuesta de más de 16 consejos comunitarios para crear en su territorio un espacio físico en donde no solamente se promulguen los saberes locales y ancestrales, sino que se promuevan espacios de discusión, verdad y reconocimiento de responsabilidad entre víctimas y todo tipo de excombatientes.

Durante la cuarta versión del Festival de Memorias en Cacarica, Colombia, víctimas, excombatientes y miembros de los mecanismos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición se unieron para presenciar la inauguración del primer módulo de la Universidad de la Paz en este territorio. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)

El festival culminó con la presencia de dos magistradas de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes viajaron al territorio para desarrollar su primera audiencia en zona rural con el fin de que las víctimas de las comunidades aportaran sus testimonios al caso 004 de la JEP, que trata sobre la situación territorial de la región de Urabá y Bajo Atrato.

Isabelino, de la comunidad negra de la cuenca del Río Naya, es uno de 16 miembros de otras comunidades que están dispuestos a construir una sede de la Universidad de la Paz en sus territorios. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)

Verdad, justicia, reparación y no repetición

La presencia territorial de los mecanismos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición establecido en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc fortalece la noción de que existe un compromiso verdadero con la búsqueda de la justicia en el país. Este compromiso se ve opacado por la continuidad de la guerra, en la que el Bajo Atrato aún sigue sumida. Ahora son el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia las que amenazan la subsistencia de la población y siguen causando desplazamientos masivos.

A pesar de esto, existen muchos territorios resilientes que construyen la paz y se mantienen firmes en la convicción de que la reconciliación, por compleja que sea, es el camino a seguir para acabar definitivamente las guerras recicladas que erosionan a Colombia. Cacarica, que este año conmemora 22 años de resistencia, es uno de ellos.


Foto de portada: Mientras otros niños juegan frente a una fogata recién encendida, este niño mira las llamas. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)