La investigación y el procesamiento penal de los autores de crímenes internacionales -entre ellos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra- son esenciales para la justicia transicional.

Tienen sus raíces en compromisos legales internacionales que se remontan a los juicios de Núremberg y han continuado con los Tribunales Penales Internacionales de la Ex Yugoslavia (TPIEY) y de Ruanda (TPIR).

La investigación y el procesamiento de dirigentes poderosos (políticos o militares) ayudan a consolidar el Estado de derecho y suponen una importante advertencia: las sociedades que respetan los derechos humanos no toleran esos crímenes.

Los juicios siguen siendo una de las principales reivindicaciones de las víctimas. Cuando se realizan reflejando sus necesidades y expectativas pueden ser vitales para la restitución de su dignidad y la provisión de justicia.

Pero, de manera aislada, los procesos judiciales no son suficientes para lograr la justicia. La gran magnitud de esos crímenes hace que con frecuencia los tribunales penales ordinarios no puedan juzgarlos, lo cual genera una "laguna de impunidad". Las estrategias de enjuiciamiento eficaz de crímenes a gran escala suelen centrarse en quienes los planificaron y organizaron, no en los criminales de menor rango o responsabilidad.

La aplicación de estrategias de enjuiciamiento junto con otras medidas como programas de reparación, reformas institucionales e iniciativas de búsqueda de la verdad puede ayudar a salvar la "laguna de impunidad", ya que así es posible abordar crímenes con gran número de víctimas y de autores de abusos.

Enjuiciamientos dentro del país

Los procesos judiciales de crímenes internacionales que más impacto tienen son los que se efectúan en el país afectado, en la sociedad que los sufrió. Sin embargo, las sociedades que están saliendo de conflictos o están en periodo de transición pueden carecer de voluntad política para juzgar esos crímenes o contar con sistemas judiciales incapaces de llevar a cabo estos procesos.

Incluso sistemas legales sofisticados—que en general se ocupan de delitos corrientes—pueden carecer de capacidad para juzgar eficazmente esos crímenes.

Esos problemas pueden requerir una asistencia internacional que recurra a las mejores experiencias internacionales: por ejemplo, a la formación de instancias judiciales "híbridas", con miembros extranjeros y nacionales. Así se ha hecho en Sierra Leona, Kosovo, Bosnia, Timor Oriental y Camboya.

La Corte Penal Internacional

En 2002, el Estatuto de Roma instituyó la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga y juzga a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos desde el 1 de julio de 2002, en aquellos casos en los que los países no quieren o no pueden hacerlo.

En virtud del principio de "complementariedad" del Estatuto de Roma, los tribunales nacionales siguen teniendo el deber de administrar justicia, de manera que la CPI sigue siendo un tribunal al que se acude en última instancia. En los últimos años, los tribunales nacionales han ido asumiendo con más frecuencia esas funciones.

El papel del ICTJ

Proporcionamos asistencia especializada, análisis y asesoría a Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, y organismos judiciales y sus funcionarios. Compartimos lecciones aprendidas y las mejores prácticas que se han desarrollado de iniciativas penales de todo el mundo.

Contamos con particular experiencia en cómo pueden adaptarse los sistemas judiciales nacionales para investigar y juzgar crímenes a gran escala o sistemáticos como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio.

• En Uganda, Kenia y la República Democrática del Congo] (RDC) analizamos y recomendamos medidas para mejorar los juicios que se realizan a nivel nacional.
• En Colombia, proporcionamos asistencia jurídica a miembros del sistema judicial y a representantes de las víctimas que, al abrigo de la Ley de Justicia y Paz (2005), participan en causas penales contra exparamilitares.
• En Argentina, proporcionamos asistencia técnica sobre procesos penales a procuradores generales y ONG locales.
• En Bangladesh, aportamos análisis e información a la Iniciativa para el Tribunal de Crímenes Internacionales, que pretende juzgar a los autores de los crímenes perpetrados en 1971.
• En Afganistán, hemos ayudado al Comité Independiente de Derechos Humanos Afgano a documentar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad registrados entre 1978 y 2001.
• Hemos presentado análisis e informes, o testimonios de amicus curiae, para importantes procesos nacionales contra exdirigentes como Sadam Husein o Alberto Fujimori; estudiando también su impacto en las respectivas transiciones.
• Hemos realizado estudios comparados sobre los aspectos políticos y jurídicos de los tribunales híbridos de Sierra Leona, Bosnia, Camboya, Kosovo, Timor Oriental y el Líbano.
• Hemos preparado varias herramientas sobre políticas relevantes, entre ellas documentos sobre procesos penales nacionales e híbridos para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.