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In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

Este informe de investigación ofrece orientación sobre la aplicación de un marco de justicia restaurativa en contextos de violaciones masivas de derechos humanos, sus ventajas y desafíos. Basado en las experiencias de Colombia, Sierra Leona, Túnez y Filipinas, el estudio examina cómo ...

A man and audience member holds his phone to record proceedings of panel on the stage in front of him.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

Este estudio comparativo examina las estrategias utilizadas por los actores locales para ayudar a operativizar las reparaciones para las víctimas de violaciones generalizadas de derechos humanos, al tiempo que destaca las sinergias entre estos esfuerzos y el desarrollo sostenible. Se ...

A women in colorful African dress holds a megaphone to her mouth

El estudio de la macrocriminalidad es de vital importancia para la justicia transicional y específicamente para lograr la rendición de cuentas después de violaciones sistemáticas y a gran escala de los derechos humanos. Para incentivar estos debates y ampliar el acceso a las fuentes de conocimiento sobre el tema, el ICTJ ha traducido al español por primera vez el ensayo "¿Se puede criminalizar la política?" escrito por el criminólogo alemán Herbert Jäger.

Hace cinco años, en agosto de 2018, para conmemorar sus 100 días en el cargo, el Primer Ministro armenio Pashinyan se dirigió a una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván para anunciar oficialmente las intenciones de su gobierno de incorporar mecanismos de justicia transicional en la agenda de reforma armenia posrevolucionaria. Desde entonces, Armenia ha estado implementando una serie de iniciativas de justicia transicional junto con otras reformas democráticas, y ha logrado algunos avances limitados, a pesar de reveses y desafíos importantes, incluido un nuevo conflicto con Azerbaiyán.

Nousha Kabawat y Elena Naughton El 15 de septiembre, el ICTJ organizó un evento paralelo sobre los desaparecidos en Siria, patrocinado por los gobiernos de Luxemburgo y Finlandia, durante la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El evento fue oportuno, ya que abordó una propuesta...

Del 21 al 23 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento en Bogotá para el caso 01. Siete exdirigentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconocieron su responsabilidad de mando en los delitos de secuestro que fueron política de las FARC-EP de 1993 a 2012 ante la presencia de víctimas, funcionarios de la JEP y sociedad civil representantes y miembros de la prensa. Esta es la primera vez que los líderes de las FARC-EP reconocen públicamente su rol de mando y ejecución en estos crímenes sistemáticos. Este paso decisivo en el proceso de justicia restaurativa del país no hubiera sido posible sin una detallada preparación.

La pandemia del COVID-19 forzó a muchos países a imponer medidas de emergencia tales como toques de queda y cierres locales para detener la aspersión del virus. Para reforzar estas medidas, algunas sociedades han aumentado el poder de las fuerzas policiales, mientras otros han recurri...

El ICTJ resalta la importancia del Auto No. 19 de determinación de hechos y conductas , emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el día 26 de enero de 2021, en el marco del caso 01 que denominó “Toma de rehenes y...

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

En un nuevo análisis , el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

Uno de los puntos cruciales de la negociación ha sido, y sigue siendo, el adecuado tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El debate, aún no concluido, ha girado sobre la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales como el indulto o l...

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

El ICTJ y la Fundación Konrad Adenauer organizaron el foro “Buscando la cuadratura del círculo: penas y proceso de paz” para presentar el reciente análisis del ICTJ al respecto y generar reflexión sobre los objetivos y la aplicación de penas en el contexto del proceso de paz colombiano.

Este análisis aborda la complejidad que conlleva fijar objetivos para castigar a aquellos miembros de las FARC que se consideran responsables principales de los crímenes más graves. Según el articulo, para que en este caso se alcancen los objetivos que persigue el castigo es preciso: ...

Casi 30 años después de los lamentables hechos de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la desproporcionada acción militar para recuperarlo, los familiares de las víctimas de los desaparecidos han conseguido avanzar un paso más en su larga lucha por conseguir justicia.

Con el fin de presentar experiencias internacionales y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia en materia de justicia penal, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre que reunirá a reconocidos expertos que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal en Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y el Líbano.

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.

Este Manual fue elaborado en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Fiscalía General de la Nación, suscrito con el fin de brindar asistencia técnica a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y apoyar...

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

Este informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por la consultora Olga Lucía Gaitán para el Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), con el propósito de analizar las sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte Su...

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional publica una selección de extractos de los autos y sentencias proferidos por la Corte Suprema de Justicia con relación al proceso de Justicia y Paz, durante el séptimo año de funcionamiento de este mecanismo judicial. Entre otros as...

En diciembre de 2012, el Congreso colombiano aprobó una reforma constitucional sobre la justicia penal militar. Este documento de Análisis del ICTJ, publicado durante la etapa de debate de la reforma, contiene comentarios y recomendaciones a la propuesta de reforma presentada por el C...

De diversas maneras, las mujeres juegan un papel fundamental en la aplicación de mecanismos de justicia, verdad y reparación en Colombia. Por una parte, son las principales abanderadas del reclamo por la verdad y la justicia en los casos de violencia cometida contra un ser querido. Por otra parte, han sido víctimas de diversas formas de violencia, que aún poco se reconoce. Pero, sobretodo, porque las organizaciones feministas y las que luchan por los derechos de las mujeres han empezado a incluir en sus agendas la reparación de mujeres víctimas.

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.

Siete años después de su aprobación, la ley colombiana de Justicia y Paz, el ambicioso proyecto para desmovilizar a los grupos armados ilegales, se encuentra inmersa en una crisis. El hecho de contar únicamente con siete condenas, la mayoría de las cuales han sido apeladas y solo una ...

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

En esta segunda entrega de nuestra serie especial de podcasts, “Lecciones de América Latina”, nos adentramos en los 30 años de experiencia en la región sobre justicia transicional de la mano de Pablo de Greiff, director de la unidad de investigación del ICTJ. Con él damos un repaso a los grandes hitos de la justicia transicional en América Latina, desde finales de los años setenta hasta los muchos retos que todavía quedan por afrontar, y descubrimos por qué la región es considerada la cuna de la justicia transicional.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

En los seis años de vigencia del proceso de Justicia y Paz, establecido en Colombia para la persecución de las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por grupos paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2005, la Corte Suprema...

La necesidad de priorizar la investigación y judicialización de los comandantes paramilitares fue la principal conclusión del encuentro de magistrados de Justicia y Paz organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) entre el 1 y 2 de septiembre de 2011 en Bogotá. “El...