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La Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO), aliada del ICTJ, inauguró recientemente un nuevo museo virtual/base de datos dedicados a las víctimas del conflicto afgano y los abusos contra los derechos humanos. La “Casa de la Memoria de Afganistán” no solo preserva la memoria de estas víctimas sino que también ayuda a allanar el camino hacia la verdad y la justicia. Para lanzar el museo virtual, el ICTJ y la AHRDO organizaron conjuntamente un panel de discusión sobre conmemoración, moderado por la periodista de la BBC Lyse Doucet, en la oficina del ICTJ en Nueva York el pasado diciembre.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.

A la vez que el Archivo Público de São Paulo anunciaba esta semana el acceso público a casi un millón de documentos secretos de la dictadura, y de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Verdad, Brasil parece estar aumentado sus esfuerzos por conseguir la rendición de cuentas sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el régimen militar entre 1964 y 1985 ante los tribunales. En esta entrevista hablamos con el fiscal federal Marlon Weichert, una de las personas que ha conseguido que en Brasil crezca la esperanza de lograr la rendición de cuentas.