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La violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos sobrepasan la capacidad del sistema de seguridad y justicia de México. A pesar de no experimentar una transición política, México puede utilizar experiencias de justicia transicional para diseñar una política de justicia y...

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Aunque la verdad de las víctimas en Colombia, largamente ignorada, necesita conocerse y escucharse, la historia completa de una guerra no puede saberse sin el relato de quienes tomaron las armas. Son ellos los que pueden dar razón de los por qué y para qué de su lucha, de los intereses que defendieron y con quiénes se aliaron, de cómo la guerra se degradó y les degradó hasta el punto de cometer violaciones y atrocidades y justificarlas, y del proceso posterior de reflexión y reconocimiento que es imprescindible para construir la paz del país.

El ICTJ resalta la importancia del Auto No. 19 de determinación de hechos y conductas , emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el día 26 de enero de 2021, en el marco del caso 01 que denominó “Toma de rehenes y...

En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad.

Mientras el mundo conmemora hoy el Día Internacional de la Juventud y Túnez el Día Nacional de la Mujer el 13 de agosto, el ICTJ lanza hoy el recorrido virtual “Voces de la memoria”, en conjunto con el colectivo Voices of Memory, un grupo intergeneracional de mujeres tunecinas, y la Universidad de Birmingham. El resultado de la colaboración de este colectivo con artistas tunecinos resultó en un tour virtual en el cual los visitantes pueden explorar e interactuar con una versión en línea de la exitosa exhibición “Voces de la memoria” que recorrió Túnez en 2018.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.