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El 17 de julio de 2023 marcó 25 años desde que se adoptó el Estatuto de Roma en una conferencia en Roma, Italia. El estatuto creó la primera corte internacional permanente del mundo, la Corte Penal Internacional, que probablemente fue el hito más importante en la justicia penal internacional desde los juicios de Nuremberg y Tokio de mediados del siglo XX. Señaló la firme intención de muchas naciones de abordar la impunidad en curso de los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Sin embargo, después de 25 años, la CPI aún no ha alcanzado todo su potencial.

El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.

Hoy es un día histórico para Guatemala pero también para la justicia transicional. En el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala se ha iniciado hoy el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt. Se trata del primer intento genuino de juzgar este grave crimen en tribunales nacionales, en el país donde los crímenes fueron cometidos. Para hablar sobre este histórico paso de Guatemala en su camino hacia la rendición de cuentas entrevistamos a una de sus protagonistas: la fiscal general de Guatemala, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.

Para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas, en numerosos lugares del país se realizaron acciones de conmemoración y de reivindicación. En esta página encontrará algunos de los más importantes actos que se realizaron este día en el país.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

Hace cinco años, en agosto de 2018, para conmemorar sus 100 días en el cargo, el Primer Ministro armenio Pashinyan se dirigió a una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván para anunciar oficialmente las intenciones de su gobierno de incorporar mecanismos de justicia transicional en la agenda de reforma armenia posrevolucionaria. Desde entonces, Armenia ha estado implementando una serie de iniciativas de justicia transicional junto con otras reformas democráticas, y ha logrado algunos avances limitados, a pesar de reveses y desafíos importantes, incluido un nuevo conflicto con Azerbaiyán.

En un nuevo análisis , el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Esta es la traducción del comunicado realizado por el director del ICTJ, Fernando Travesí, el 5 de junio de 2020. Sucedió otra vez. El nombre de George Floyd se sumó a la trágica y larga lista de personas de color que han muerto como resultado directo de la larga historia de racismo y supremacía...

Los medios de comunicación de todo el mundo se han afanado en anunciar “el cierre de los juicios de la ESMA” en Argentina. Nada más lejos de la realidad, según Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado . El ICTJ conversó con Parenti para saber qué queda por delante, cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unidad Fiscal y qué supone para la sociedad argentina ver a los autores de los crímenes sentenciados, más de 20 años después.