GUATEMALA- La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) informó que trabaja en un proceso de transición, debido a que su mandato vence el 3 de septiembre próximo, luego de que el gobierno no renovará el acuerdo. 

La decisión de no renovar el mandato de la Comisión ya fue notificado a la Organización de las Naciones Unidas, a través de una carta oficial firmada por Morales, y su canciller, Sandra Jovel.

EL SALVADOR- El diputado que coordina una subcomisión del Congreso de El Salvador para elaborar una ley de "reconciliación nacional", Roberto Ángulo, restó importancia este lunes a la opinión de la víctimas de la guerra civil sobre la iniciativa, catalogada de "amnistía encubierta".

El diputado, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), señaló que la opinión de la víctimas y de las organizaciones sociales podrá "influir" poco para realizar cambios en la iniciativa que preparan.

NICARAGUA- Ya han pasado diez años desde que un grupo de soldados irrumpió de madrugada en la residencia del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y lo sacó a la fuerza del gobierno y del país.

Pero en la nación centroamericana actualmente corren aires muy similares a los que se respiraron en los días, semanas y meses posteriores al primer golpe de Estado del siglo XXI. 

La última encuesta Gallup Poll refleja que el país ve el vaso casi vacío cuando se habla de paz, actuación de la JEP y disminución de la violencia después de la firma del Acuerdo de paz con las Farc. 

El pesimismo brota de forma generalizada en estos temas de la misma manera que ocurre en la popularidad del presidente Iván Duque, las instituciones del Estado y la calidad de vida en Colombia. 

Unidas Podemos es la única formación que incluye juzgar ante los tribunales a los responsables de la dictadura franquista que están vivos. Tanto PSOE como la candidatura de Iglesias recogen realizar un inventario del expolio franquista, aunque solo el segundo recoge su devolución. Vox y PP piden la derogación de la Ley de Memoria y niegan a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 

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El miércoles pasado, en el centro de la ciudad de Guatemala, activistas de derechos humanos y representantes de asociaciones de víctimas del conflicto armado pegaron en las paredes del Congreso fotos de desaparecidos y claveles rojos; desplegaron pancartas y expresaron su rechazo a lo que los diputados pretendían hacer esa tarde en el pleno legislativo.

Desde hace varias semanas se debatían las implicaciones que tendría que el presidente Duque vetara la norma estructural de la justicia transicional de esta manera. Finalmente, Duque aprovechó la noche del domingo para explicar en un discurso corto y claro su posición respecto a este espinoso asunto. El primer mandatario acogió casi la totalidad de las críticas más fuertes a la estatutaria, muchas de estas defendidas por la Casa de Nariño y él mismo en la campaña presidencial, pero en las que coincide con el fiscal general de la nación y el expresidente Álvaro Uribe.