GUATEMALA-Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), considera que la decisión del Congreso de ese país de crear una comisión que investigue la labor de la CICIG es un acuerdo inconstitucional que interfiere en asuntos que corresponden al Poder Judicial de ese país. En entrevista con Carmen Aristegui, Velásquez aclara que las investigaciones en las que colaboró la CICIG fueron hechas por la Fiscalía General y presentadas a los jueces, por lo que pareciera, dice, que esta decisión va contra ellos.

El nombre de Baltasar Garzón -que deja indiferentes a pocos en España y América Latina- se dio a conocer a nivel internacional en octubre 1998, cuando pidió desde España la detención de Augusto Pinochet en Londres... por crímenes cometidos en Chile.

Y esa es, en nuez, la esencia de la jurisdicción universal que Garzón lleva décadas impulsando y a la que dedica su último libro: que los crímenes de lesa humanidad -como genocidio, tortura o desapariciones- puedan ser juzgados en otros países si la jurisdicción nacional no quiere (o no puede) hacerlo.

EL SALVADOR- La lucha contra la corrupción se renueva en Centroamérica con la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (Cicies). Se trata de una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele. El mandatario firmó este viernes el acuerdo de creación del organismo con la Organización de los Estados Americanos. La Cicies busca apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones locales para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos.

COLOMBIA- La madrugada del jueves 29 de agosto, cuando Humberto de la Calle se enteró de que el excomandante de las Farc conocido como Iván Márquez había hecho un llamado a volver a las armas, por un momento pensó que se trataba de una noticia falsa.

Márquez —cuyo nombre es Luciano Marín Arango—, el exjefe de la delegación de las Farc durante las negociaciones de paz en La Habana, aparecía en un video junto a una veintena de hombres y mujeres con fusiles en el que declaraba que volvían a la lucha armada porque el Estado no había cumplido con el acuerdo de paz.

GUATEMALA- La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) informó que trabaja en un proceso de transición, debido a que su mandato vence el 3 de septiembre próximo, luego de que el gobierno no renovará el acuerdo. 

La decisión de no renovar el mandato de la Comisión ya fue notificado a la Organización de las Naciones Unidas, a través de una carta oficial firmada por Morales, y su canciller, Sandra Jovel.

EL SALVADOR- El diputado que coordina una subcomisión del Congreso de El Salvador para elaborar una ley de "reconciliación nacional", Roberto Ángulo, restó importancia este lunes a la opinión de la víctimas de la guerra civil sobre la iniciativa, catalogada de "amnistía encubierta".

El diputado, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), señaló que la opinión de la víctimas y de las organizaciones sociales podrá "influir" poco para realizar cambios en la iniciativa que preparan.

NICARAGUA- Ya han pasado diez años desde que un grupo de soldados irrumpió de madrugada en la residencia del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y lo sacó a la fuerza del gobierno y del país.

Pero en la nación centroamericana actualmente corren aires muy similares a los que se respiraron en los días, semanas y meses posteriores al primer golpe de Estado del siglo XXI. 

La última encuesta Gallup Poll refleja que el país ve el vaso casi vacío cuando se habla de paz, actuación de la JEP y disminución de la violencia después de la firma del Acuerdo de paz con las Farc. 

El pesimismo brota de forma generalizada en estos temas de la misma manera que ocurre en la popularidad del presidente Iván Duque, las instituciones del Estado y la calidad de vida en Colombia. 

Unidas Podemos es la única formación que incluye juzgar ante los tribunales a los responsables de la dictadura franquista que están vivos. Tanto PSOE como la candidatura de Iglesias recogen realizar un inventario del expolio franquista, aunque solo el segundo recoge su devolución. Vox y PP piden la derogación de la Ley de Memoria y niegan a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 

Lea más aquí.