ICTJ reporta: Verdad y Memoria

10/15/2014

Después de enfrentamientos armados o periodos de represión, las sociedades y los individuos tienen derecho a saber la verdad sobre las violaciones de derechos humanos masivas. El derecho internacional reconoce claramente el derecho de las víctimas y los sobrevivientes a saber en qué circunstancias se cometieron violaciones graves de sus derechos y quiénes fueron los responsables de las mismas.

En la presente edición, ICTJ reporta nos acerca todas las novedades sobre el trabajo de nuestro programa de Verdad y Memoria. A continuación, Félix Reátegui, asociado sénior del programa, habla sobre los principios en los que se basa el trabajo de la unidad y de la imperiosa necesidad de develar, reconocer y conmemorar el pasado. El experto aborda las complejas relaciones existentes entre la búsqueda de la verdad y otras medidas de justicia como las reparaciones y los juicios penales, fijándose detenidamente en países que, como Colombia, Nepal y Túnez, están iniciando procesos de esclarecimiento de la verdad.


En muchos sentidos, la verdad sobre el pasado es esencial para saldar cuentas con los legados de las violaciones de derechos humanos. Las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre los abusos graves y este derecho está reconocido por la legislación internacional. ¿Podría resumirnos cuáles son los objetivos de la búsqueda de la verdad dentro de la justicia transicional? ¿Por qué es importante saber la verdad sobre el pasado?

La búsqueda de la verdad forma parte del proceso más amplio e integrado de justicia transicional, y también incluye otras iniciativas relacionadas con la justicia reparadora o las reformas institucionales. De manera que, al reflexionar sobre qué objetivos tiene la búsqueda de la verdad, siempre tendremos que relacionarlos con los de esos otros elementos.

En este sentido está claro que la búsqueda de la verdad juega un papel importante en las iniciativas para hacer justicia y también en las propuestas sensatas de reparaciones para las víctimas. Es evidente que, para poder llevar a cabo reformas institucionales, hay que saber algo sobre las causas de las violaciones masivas de derechos humanos. Así que la primera respuesta a la pregunta de por qué importa la verdad conduce a un enfoque integral. Pero si nos preguntamos por qué las sociedades buscan la verdad, podríamos decir que esa búsqueda constituye un primer paso de la voluntad de hacer justicia de forma amplia.
Después de las violaciones masivas de derechos humanos existe la tendencia a precipitarse a firmar la paz o a constituir un nuevo régimen y olvidarse de quienes más sufrieron las fechorías del pasado: las víctimas. Siempre genera muchas dudas reconocer la existencia de esas víctimas o ofrecer medidas que las reconozcan no sólo como ciudadanas, sino como personas con dignidad que tienen derechos.

Esto me lleva al segundo aspecto de la relevancia de la verdad, que es el de aclarar las cosas para que las víctimas tengan una mayor capacidad de exigir sus derechos. Si las víctimas y los sobrevivientes de pasadas violaciones de derechos pueden presentarse ante esos Estados y sociedades con algún relato objetivo de lo ocurrido durante el periodo de violencia –qué clase de violaciones de derechos se cometieron y cuál fue su intensidad–, estarán mejor situadas para exigir sus derechos y, por supuesto, para obtener el apoyo de otras redes sociales e instituciones al reivindicar el conjunto de los derechos de las víctimas.

Lo que pretende el programa de Verdad y Memoria es fomentar el derecho a la verdad de las víctimas en sociedades que están dejando atrás flagrantes violaciones de derechos humanos, sobre todo períodos de regímenes autoritario o conflictos armados. Fomentar el derecho a la verdad significa intentar conseguir que los mecanismos que establezca un Gobierno para cumplir con su obligación funcionen bien y respondan a las expectativas de las víctimas y del conjunto de la sociedad.


En su calidad de unidad temática del ICTJ, el programa de Verdad y Memoria proporciona a Gobiernos, organizaciones ciudadanas e iniciativas de justicia transicional de todo el mundo lo que el ICTJ denomina “asistencia técnica”. ¿Qué significa esto exactamente en el contexto de la búsqueda de la verdad y la memorialización?

La asistencia técnica que proporcionamos significa por lo menos dos cosas distintas: la primera tiene que ver con la mejor forma de organizar las investigaciones, la estructura o las pesquisas de un organismo como una comisión de la verdad o de cualquier otra iniciativa orientada al esclarecimiento de la verdad. En este sentido, ofrecemos asesoría sobre cómo desarrollar las herramientas necesarias y la capacidad de investigar: por ejemplo, cómo diseñar mejor los formularios de recogida de testimonios, la celebración de vistas públicas o las estrategias de difusión que sirven para desarrollar una buena relación con la sociedad civil y las asociaciones de víctimas. Así que trabajamos mucho con los elementos técnicos de la organización, las estrategias y la metodología de esos mecanismos de esclarecimiento de la verdad.

Pero esa asesoría también se basa siempre en el deseo de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, sobre todo el derecho a la verdad. Esto es importante porque ahora que las comisiones de la verdad se están convirtiendo en un instrumento “estándar” de las transiciones, descubrimos que a menudo los países que inician un proceso de justicia transicional suelen optar por constituir un organismo de búsqueda de la verdad simplemente porque forma parte de una “lista de deberes”, pero que no siempre están convencidos del derecho a la verdad o no son necesariamente conscientes de los compromisos que son necesarios para tener una comisión sólida y eficaz. Una comisión de la verdad no se puede concebir como un mecanismo cerrado y oficial que, de alguna forma, le diga a la sociedad cuál fue la verdad: una comisión de la verdad debe ser participativa y estar dispuesta a escuchar las experiencias y reivindicaciones de las víctimas.

De manera que, en todas las labores de asesoría que proporcionamos, nuestra tarea es insistir, ante todos los sectores involucrados en el proceso, en que las iniciativas de búsqueda de la verdad giran en torno al derecho concreto que tienen las víctimas a conocer la verdad respecto a las violaciones de derechos que sufrieron y que ese mecanismo debe dar por lo menos una respuesta parcial a ese derecho.


El ICTJ ha participado activamente en la creación de la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez (CVD). ¿Qué clase de obstáculos ha sido preciso superar para constituir la CVD? ¿Cómo ha contribuido el ICTJ a ese proceso y qué papel ha desempeñado el programa Verdad y Memoria?

Ahora mismo, después de la aprobación de una importante Ley de Justicia Transicional, Túnez es un escenario muy interesante. La ley no sólo dicta la creación de una comisión de la verdad, sino que también contempla la aprobación de otras medidas de justicia y reparaciones.

La Comisión de la Verdad y la Dignidad (CVD), que es capital dentro de la ley, está a punto de comenzar sus labores más esenciales. Ya se ha nombrado a quince comisionados, que se encuentran en su fase preparatoria. Para nosotros, esto es interesante porque no todas las comisiones tienen una fase abiertamente preparatoria, un periodo esencial en el que se decide la estructura de la comisión, y ahora es cuando se determinará el enfoque general y el cometido que tendrán sus miembros. También es en este momento cuando se concebirán sus relaciones con la sociedad y la estrategia general de sus investigaciones.

En este momento crítico, el programa de Verdad y Memoria, colaborando estrechamente con nuestra oficina en Túnez, está dedicando muchos esfuerzos a ofrecer a la CVD asesoría técnica en muchos aspectos. El primero es la redacción de su reglamento, que, entre otras cosas, debería determinar las normas de funcionamiento básicas para la comisión, qué relación hay entre los trabajadores y los comisionados, y la presencia territorial del organismo en todo Túnez. Esas herramientas son esenciales para el buen funcionamiento de la comisión.

Estamos prestando atención a cómo los miembros de la comisión deciden entender y asumir sus competencias e identificar las actividades que deben comenzar a realizar. Todavía no está claro cómo abordará la comisión sus investigaciones, cómo recomendará medidas de reparaciones en el futuro y cómo entenderán sus miembros la relación entre la comisión y las salas judiciales especiales que también ha constituido la ley de justicia transicional para juzgar violaciones de derechos humanos. Además, sus miembros determinarán cómo van a realizar la recogida de información y de testimonios, y después, cómo van a recibir una cantidad de información tan enorme. La respuesta a todas estas cuestiones influirá en su estrategia global.

Al mismo tiempo, en nuestras conversaciones con los comisionados también estamos insistiendo en que en una buena comisión de la verdad no sólo importan las investigaciones, sino que hay que mantener buenas relaciones con el conjunto de la sociedad mediante programas de divulgación dirigidos tanto al gran público como a los medios de comunicación. Así que este es el momento en el que los miembros de la comisión deben desarrollar relaciones de confianza, abiertas y muy fluidas con las organizaciones de víctimas y también con otras asociaciones de la sociedad civil interesadas en el proceso y esenciales, como son las universidades, las agrupaciones profesionales y otras que pueden prestar un apoyo crítico, quizá no a las investigaciones, pero sí a la hora de ayudar a difundir la importancia de la labor de la CVD.

Confiamos en que este equipo de comisionados tan competente tome las decisiones correctas en esta fase inicial y que, con su trabajo, contribuya a la consolidación del Estado de derecho en su país.


Hace poco, los legisladores nepalíes votaron a favor de constituir una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y también una Comisión de Investigación sobre los Desaparecidos. Sin embargo, las organizaciones de víctimas y las de defensa de los derechos humanos han rechazado esas leyes, ya que permiten a la comisión de la verdad recomendar amnistías para los autores de crímenes contra la humanidad. ¿Cuál es la posición del ICTJ?

Nepal ha pasado por un largo y complejo proceso para constituir su comisión de la verdad. Es un caso típico en el que los actores que negociaban su creación estaban al mismo tiempo negociando un acuerdo para poner fin a un conflicto armado: en este caso, el enfrentamiento armado entre el Gobierno de Nepal y los rebeldes maoístas, que asoló gran parte del país entre 1996 y 2006.

El principal problema es que, lamentablemente, el derecho de las víctimas a buscar información sigue siendo esclavo del miedo que tienen actores políticos muy poderosos, que temen las posibles consecuencias judiciales del proceso. En consecuencia, las leyes que el Gobierno insiste en aprobar someten cualquier posibilidad de averiguar la verdad a instituciones que podrían recomendar amnistías para los responsables de los crímenes más atroces. Esto no sólo es lamentable sino ilegal, y el Tribunal Supremo de Nepal, ante la insistencia de los políticos de permitir la aplicación de amnistías a atrocidades bélicas, ya ha revocado varias versiones anteriores de la ley actual.

Un ejercicio de esclarecimiento de la verdad que la someta a una posible amnistía o que obligue a las víctimas a “perdonar” no cumplirá las normas internacionales básicas y tampoco ayudará a construirr una paz y un Estado de derecho duraderos en Nepal. En la actualidad, las asociaciones de víctimas del país están denunciando las deficiencias del marco legal de la comisión.


Es frecuente que durante y después de los procesos de revelación de la verdad se plantee cómo llevar ante los tribunales lo que presenta o descubre una comisión. Reconociendo que con frecuencia los criminales pueden arrojar mucha luz e información detallada sobre el pasado, ¿cómo abordan las comisiones el testimonio de esos individuos?

En primer lugar, tengo que señalar que no hay demasiados ejemplos de comisiones en las que un gran número de criminales se haya presentado a contar su historia. Es evidente que el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica es muy destacado, aunque muy peculiar, porque existía la posibilidad de una amnistía. Aquí habría que añadir que entre los expertos existen discrepancias importantes sobre la idea de que esa amnistía a cambio de verdad fuera finalmente eficaz. Sin embargo, en general, la participación de victimarios en otras comisiones de la verdad ha sido y sigue siendo bastante infrecuente.

Las competencias de una comisión de la verdad pueden determinar que lo que los victimarios digan ante ella tenga consecuencias judiciales, por eso es necesario informarles adecuadamente de sus derechos y de la utilización que se hará de la información que proporcionen. Al llevar a cabo su trabajo, una comisión de la verdad debe respetar las bases fundamentales de la imparcialidad. Las comisiones cuyo cometido incluye la colaboración con la justicia penal deben llegar pronto a un entendimiento con las instancias judiciales en lo tocante a cómo se comparte la información, el trato que se da a quienes conocen datos esenciales y otros elementos.

A esta cuestión se está enfrentando actualmente la comisión de la verdad de Túnez, que tiene el mandato legal de contribuir a la lucha contra la impunidad. Creemos que es posible desarrollar una relación armoniosa entre la comisión y la fiscalía (Ministère Public), que respete las prerrogativas constitucionales de la Judicatura, aprovechándose igualmente del acceso privilegiado que la comisión tendrá al testimonio de miles de personas.


En junio, en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC que se adelantan en La Habana, se acordó la creación de una comisión de la verdad que investigue los 50 años de conflicto. En Colombia ya se han puesto en marcha varias iniciativas de verdad y memoria, a través de museos, organizaciones y comisiones de esclarecimiento histórico, todas ellas dedicadas a dejar constancia de lo ocurrido. En su opinión, ¿por qué la exigencia de verdad en Colombia ha tenido tanto vigor y por qué el ICTJ ha apoyado la propuesta de constitución de una comisión de la verdad?

El conflicto colombiano ha sido muy largo: ha durado por lo menos 50 años. Es interesante señalar que quizá durante 40 de esos años, cuando se hablaba, con dificultad, de cómo ponerle fin, no había un vocabulario que aludiera a cuestiones como las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la justicia transicional.

En muchas de las diversas oleadas de conflicto interno, lo tradicional en Colombia ha sido buscar la paz sin la participación de las víctimas. En este sentido, también es interesante señalar que durante la última década el vocabulario de los derechos de las víctimas y la justicia transicional se ha ido imponiendo poco a poco pero sin pausa, no sólo entre las víctimas y las organizaciones ciudadanas, sino en el propio Estado colombiano, hasta el punto de que ahora es muy habitual que el Gobierno hable de memoria, derechos de las víctimas, verdad, reparaciones y, en general, de justicia transicional.

Es evidente que fue en este contexto —y quizá sea éste uno de los rasgos más interesantes de la situación colombiana en la última década—, en el que comenzaron a surgir iniciativas de búsqueda de la verdad, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. En medio de las circunstancias de un conflicto todavía en curso, esas iniciativas han sido parciales e incompletas, pero muestran un país en el que el deseo de paz cobra impulso y donde existe el convencimiento de que una paz con verdad será más duradera y decisiva.

Dentro del complejísimo entramado institucional que se ocupa de la justicia transicional, en Colombia se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha realizado una gran labor a la hora de documentar diferentes masacres y escenarios de conflicto en el país. Ha publicado muchos libros e informes interesantes, que proporcionan reflexiones integrales sobre el significado histórico de esos conflictos internos.

De manera que, aunque el Centro Nacional de Memoria Histórica existe como organismo oficial encargado de la memorialización, la sociedad colombiana sigue esperando que se constituya una auténtica comisión de la verdad nacional. Se espera que una comisión de ese tipo salga de las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC. Sin embargo, no está claro qué clase de organismo será ni tampoco si podrá ganarse la confianza, la colaboración y la participación de las víctimas.

El Programa Verdad y Memoria colabora estrechamente con nuestro equipo en Colombia, que se ha mostrado muy activo en los últimos años, y en la actualidad estamos trabajando en muy diversos frentes. Estamos intentando promover un debate público sobre esclarecimiento de la verdad y sobre qué cabe esperar y exigir de una comisión de la verdad. Desde luego, estamos dispuestos a asesorar a esa comisión en cuanto finalmente se constituya.


Colombia es sólo uno de los países en los que una comisión de la verdad surgiría de una negociación de paz. Hace poco el ICTJ ha colaborado con la Fundación Kofi Annan (KAF) para redactar conjuntamente una publicación titulada "Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Strengthen Peace Processes?" [Cuestionando las convenciones: ¿pueden las comisiones de la verdad afianzar los procesos de paz?] ¿Podría usted explicarnos brevemente por qué hemos impulsado esta iniciativa con la KAF y cómo se identificó la necesidad de esta investigación? ¿Cuáles son algunas de sus conclusiones?

Nuestra colaboración con la Fundación Kofi Annan constituyó un interesante proyecto, cuyo punto de partida fueron una serie de interrogantes fundamentales relativos a cómo se crea una comisión de la verdad en el contexto de unas negociaciones de paz. Habíamos constatado que muchas de esas negociaciones habían comenzado a considerar obligatoria la creación de una comisión de la verdad, una práctica que quizá se remonte a los acuerdos de paz centroamericanos, en países como El Salvador y Guatemala. Lo mismo ha pasado en Sierra Leona, en la RDC y en muchos otros lugares.

Queríamos saber por qué los negociadores y los mediadores de paz deciden que es necesaria una comisión de la verdad; hasta qué punto son conscientes de las obligaciones y compromisos que conlleva su establecimiento y cómo determinan los mandatos el éxito o el fracaso de las comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz. De manera que esas primeras cuestiones nos llevaron a analizar otras tendencias que habíamos observado, como son la de complicar cada vez más los mandatos de esas comisiones y la expectativa, cada vez mayor, de que den respuesta a una gama demasiado amplia de cuestiones durante un periodo de investigación limitado.

En la Fundación Kofi Annan (KAF) encontramos un colaborador muy estimulante. Entendieron e hicieron rápidamente suyas nuestras inquietudes y preguntas, y descubrimos que compartíamos la misma intención de realizar una reflexión profunda de lo que ocurre durante las negociaciones de paz.

El otoño pasado celebramos una importante conferencia, que reunió a expertos en desarrollo de la paz, comisiones de la verdad y otros campos, para discutir, de forma integral, qué consideraciones hay que hacerse en medio de unas negociaciones de paz cuando se decide crear una comisión de la verdad. Por ejemplo: ¿qué intereses tienen las partes negociadoras? ¿Qué esperan y no esperan conseguir de la búsqueda de la verdad?

También analizamos cuestiones relativas al momento que se elige para crear una comisión de la verdad; si es algo que demanda la sociedad local y si se puede realmente acometer su creación. Evidentemente, también se habló del alcance de los mandatos y de cómo influye en la capacidad que tiene una comisión de cumplir su cometido, y si se considerará que ese organismo es eficaz o si, por el contrario, siempre se pensará que es deficiente porque sus competencias son tan grandes que nunca podrá responder a sus importantes exigencias.

De manera que tenemos las primeras comisiones de la verdad, que eran organismos de investigación y después, por otra parte, tenemos esas imponentes comisiones a las que se les pide que reflexionen, entre otras cosas, sobre problemas como la injusticia económica. Las situaciones son tan diversas que conducen a diferentes evaluaciones sobre lo que una comisión pudo o no pudo hacer.


Costa de Marfil es otro de los países en los que trabaja el ICTJ y donde se ha creado una comisión de la verdad, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), para investigar violaciones de derechos humanos, sobre todo las relacionadas con el ciclo de violencia registrado durante las elecciones presidenciales de 2010, que enfrentaron al expresidente Laurent Gbagbo con el presidente actual, Alassane Outtara. ¿Qué opinión le merecen las iniciativas de búsqueda de la verdad de ese país y qué participación tiene en ellas el Programa Verdad y Memoria?

Se puede decir que el caso de Costa de Marfil tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. En primer lugar, hasta el momento la experiencia de la CDVR no ha sido positiva. Entre los factores que le han complicado la vida está el largo retraso que sufrió el comienzo real de sus actividades, agravado por la poca información que se ofreció a la sociedad sobre sus planes y prioridades. La comisión alcanzó su fecha límite –septiembre de 2013, dos años después de su creación– sin haber entrevistado a víctimas y sobrevivientes de los actos de violencia. Cuando se le concedió una prórroga para finalizar su mandato, la escasez de tiempo precipitó procesos como la toma de declaraciones y la celebración de vistas públicas. Está por ver qué eficacia y qué calidad tendrán los resultados de la comisión.

Nuestra experiencia en Costa de Marfil nos ha llevado a plantearnos una serie de preguntas. ¿Cuál es la mejor estructura para una comisión de la verdad? No parece que las comisiones muy centralizadas tomen decisiones muy eficaces ni que elaboren planes de acción razonables. Si su organización, en lugar de ajustarse a una visión y a unos objetivos concretos, gira principalmente en torno a sus miembros, la comisión se convierte en algo inmanejable y desorganizado.

También podríamos preguntarnos si la sociedad exigía realmente iniciativas de búsqueda de la verdad sobre el pasado y si estaba deseosa de participar en ellas. Cuando una comisión se crea “en el vacío”, sin procesos sociales que la hagan suya y reflexionen sobre ella, puede enfrentarse a importantes problemas posteriormente, ya que resultará más difícil conseguir aliados en la búsqueda de la verdad y que ésta se considere una necesidad nacional imperiosa.

Viendo la parte positiva del asunto, también hay que tener en cuenta las oportunidades de que se respeten más los derechos de las víctimas en áreas como las reparaciones. Por nuestra experiencia sabemos que se pueden realizar labores útiles con niños y jóvenes, y con otros grupos de la sociedad civil.


¿Las iniciativas de búsqueda de la verdad extraoficiales o las promovidas por la sociedad civil pueden utilizarse para cimentar procesos oficiales más amplios o para contribuir a solventar las deficiencias de una comisión de la verdad anterior? ¿Cómo está investigando el ICTJ este tipo de iniciativas?

Para el Programa Verdad y Memoria esas iniciativas extraoficiales de búsqueda de la verdad por parte de la sociedad civil son estrategias valiosas para desbrozar el camino hacia el esclarecimiento de la verdad en contextos en los que el Estado no está deseando iniciar un proceso oficial. Evidentemente, antes de optar por ese camino siempre es muy importante y esencial proclamar que los Estados tienen la obligación legal de esclarecer la verdad, y que ningún proceso extraoficial, por eficaz que sea, puede librar al Estado de la obligación de ofrecer esa verdad a las víctimas y al conjunto de la sociedad. Dicho esto, hemos descubierto que en muchos casos una iniciativa de búsqueda de la verdad extraoficial sirve para comenzar a desbrozar el camino a los procesos oficiales.

Hay muchos ejemplos y puede que el más famoso se encuentre en Guatemala. Allí hubo una comisión de la verdad oficial, muy importante, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), pero antes de que esta iniciara su andadura, hubo una iniciativa de recuperación de la memoria histórica promovida por la Iglesia católica (el proyecto REMHI), que podría ser un buen ejemplo de lo que puede conseguir una buena iniciativa de búsqueda de la verdad extraoficial. El Informe REMHI ayudó a ponerle el listón muy alto a la siguiente comisión de la verdad. Por otra parte, los mecanismos extraoficiales contribuyen a acabar con la costumbre que supone el silencio y, por supuesto, a mitigar el miedo a hablar que tiene la población afectada.

En la actualidad estamos llevando a cabo nuevas investigaciones, junto con un experto que participó en una comisión muy sólida, promovida por la sociedad civil en Greensboro, Carolina del Norte. Estamos analizando cinco iniciativas en diversos continentes, intentando identificar los elementos clave que profesionales, víctimas y asociaciones ciudadanas tienen en cuenta cuando piensan en la creación de uno de esos organismos.

Lo que hemos constatado es que en sociedades en las que surgen mecanismos extraoficiales, quizá su legado más importante sea el desarrollo de una nueva dinámica social, orientada hacia el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad. Y aunque hemos descubierto que la búsqueda de la verdad extraoficial contribuye al trabajo de la comisión oficial, también está claro que los mecanismos extraoficiales ayudan a dejar las cosas claras cuando los oficiales no han estado a la altura del cometido que tenían.


¿Hay otros proyectos en los que esté trabajando en la actualidad el Programa Verdad y Memoria?

En la actualidad estamos intentando reflexionar sobre diversas maneras de colaborar con iniciativas de esclarecimiento de la verdad como las extraoficiales que antes he mencionado. Por otra parte, también nos interesa prestar más atención al componente de memoria que tiene la cuestión: hemos hablado mucho de esclarecimiento de la verdad, pero hay otro aspecto relacionado con la vertiente simbólica de esas iniciativas, que tiene que ver con la memorialización y con cómo transformar el discurso público respecto a la revelación de la verdad. De manera que la memoria y la memorialización, así como los métodos simbólicos y artísticos que hay de ahondar en la verdad, son cosas a las que tenemos pensado dedicar más atención en el futuro.

El otro aspecto de nuestro trabajo que no hemos mencionado es el relativo a la formación y el desarrollo de capacidades. Tenemos intención de continuar con nuestros cursos de formación, por ejemplo, el curso que se imparte en Barcelona sobre comisiones de la verdad, y también queremos buscar otras oportunidades de seguir formando y desarrollando capacidades en otros entornos.


Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

FOTOS: Familiares de víctimas muertas durante una masacre acarrean ataúdes durante una ceremonia de reenterramiento (Enrique Castro, Reuters/Corbis); Visitantes del nuevo Museo de la Paz, ubicado en la antigua sede del Tribunal Especial para Sierra Leona (Seth Frankel/Studio Tectonic); El presidente tunecino Moncef Marzouki habla durante una ceremonia de presentación de la «Comisión de la verdad y la dignidad», celebrada el 9 de junio de 2014 en la capital tunecina. La comisión, que se constituyó para identificar y compensar a las víctimas que sufrieron abusos durante décadas de dictadura, se compone de activistas de derechos humanos, representantes de asociaciones de víctimas, oponentes al régimen de Ben Ali y jueces, y tiene como cometido identificar los casos de homicidio voluntario, violación, asesinato extrajudicial y tortura, así como delitos de carácter económico y casos de corrupción (FETHI BELAID/AFP/Getty Images); Ceremonia y vigilia públicas con motivo del Día de los Desaparecidos en Nepal, 2013 (Santosh Sigdel/ICTJ); Una niña visita el Museo de la Memoria de Chile (Flickr); Líderes comunitarios de varias zonas de Costa de Marfil acuden el 28 de septiembre de 2011 a la ceremonia de inauguración de la nueva Comisión Diálogo, Verdad y Reconciliación a la Fundación Felix Houphouet-Boigny de Yamusukro. La comisión marfileña tenía el mandato de ayudar al país a cicatrizar las heridas de una crisis postelectoral que costó la vida a unas 3.000 personas (ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images); Manifestantes en la Plaza de Bolívar, Bogotá, durante una marcha celebrada el Día Nacional de las Víctimas, 9 de abril de 2014 (Geraldkurt).