Después del Informe Ayotzinapa: ¿Podrían las herramientas de justicia transicional ser útiles para abordar las desapariciones en México?

5/25/2016

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Pocos sabían de la existencia de Ayotzinapa antes de 2014. Pero después del 27 de septiembre de ese año, esta pequeña comunidad a seis horas de la Ciudad de México se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha contra la impunidad.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa realizaron una parada a medio camino, en la localidad de Iguala, para reunirse por con otros compañeros. Viajaban hacia la Ciudad de México para participar en una manifestación conmemorativa de una matanza de estudiantes ocurrida en 1968.

En Iguala, los estudiantes tomaron pacíficamente cinco autobuses para desplazarse hasta la capital –algo que ya habían hecho, sin incidentes, en ocasiones pasadas y en otras localidades. La policía local hizo bajar a los estudiantes de los autobuses, supuestamente acusados de intentar sabotear un evento que estaba teniendo lugar en Iguala. Los metieron en vehículos policiales y se los llevaron. A la mañana siguiente, seis personas aparecieron muertas, y 43 de los estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos a día de hoy.

La Procuraduría General de la República (PGR) fue la encargada de investigar los terribles hechos por parte del Estado mexicano. En sus conclusiones, la PGR aseguró que los estudiantes habían sido entregados al cartel Guerreros Unidos. Quienes incineraron sus cuerpos en el basurero de la localidad de Cocula, y posteriormente echaron los restos al río.

A pesar de que diversos acusados confesaron haber cometido el crimen, muchos interrogantes siguieron abiertos y las contradicciones sobre el relato de los hechos se multiplicaban cada día.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para investigar lo ocurrido en Iguala y arrojar luz sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos. El GIEI, que ha estado investigando el caso Ayotzinapa desde marzo de 2015 hasta abril del 2016, está formado por cuatro abogados y un médico, todos de reputada experiencia internacional en la investigación y la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo en otros países de América Latina.

Marta Martínez conversó con Carlos Martín Beristain, uno de los cinco expertos que conforman el GIEI, sobre las conclusiones del informe Ayotzinapa, la lucha contra la impunidad en México y la posibilidad de usar herramientas de justicia transicional para enfrentar el grave fenómeno de las desapariciones forzadas en México.

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Beristain, que lleva 25 años trabajando en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares en países como Guatemala, Perú o Colombia, ve muchos parecidos entre las demandas de las víctimas que ha escuchado durante la investigación de Ayotzinapa en México y las de otros países.

“La verdad es un elemento fundamental de las demandas de las víctimas, y obviamente saber qué pasó con sus hijos desaparecidos”, explica Beristain. “Las demandas son muy parecidas, obviamente, porque forman parte de los elementos de la dignidad humana, de la experiencia de millones de víctimas en muchos países a la hora de enfrentar las violaciones de los derechos humanos.”

A pesar de que México no concuerde con la definición de “país en transición”, Beristain cree que ciertas herramientas propias de la justicia transicional podrían resultar muy útiles para abordar las masivas violaciones de derechos humanos que está padeciendo México: se calcula que en años recientes la violencia causada por el narcotráfico y las estrategias militares de “mano dura” empleadas para contrarrestarla han registrado más de 150.000 muertos y más de 25.000 desaparecidos, entre otros graves crímenes contra la humanidad.

“Creo que tenemos que tener una concepción mucha más abierta y mucho más apegada a lo que se necesita en los países cuando hablamos de justicia transicional. Yo no pondría énfasis tanto en la condición de transición política como el elemento central, sino más bien en cómo enfrenta un país las violaciones masivas de derechos humanos cuando los sistemas formales de justicia e investigación no tienen la capacidad de enfrentarlos, o a veces son cómplices de esa situación, o son negligentes frente los hechos, o a veces se ven sobrepasados frente a los hechos. Se necesitan nuevas herramientas”, dice Beristain.

Para el experto en atención de víctimas, la investigación de Ayotzinapa “muestra muchos fallos estructurales del sistema de investigación en México”, tanto en lo que respecta a la investigación puramente judicial como al trato con las víctimas, ya que no se han creado mecanismos que generen confianza.

“Si hay algo deteriorado en el caso de México entre las víctimas y el aparato del Estado es la confianza y la credibilidad. Sin confianza y sin credibilidad se puede tener una gran estructura investigativa, pero no se van a obtener nunca resultados que generen la confianza en las instituciones. Tiene que haber un cambio en la relación con las víctimas como elemento central para que haya una transformación de la situación de violencia que vive el país”, subraya Beristain.

A pesar de que fue el propio Gobierno mexicano quien invitó al GIEI a colaborar en la investigación de las desapariciones en Iguala, éste se convirtió en un obstáculo a medida que los expertos internacionales fueron develando “verdades incómodas” para el Estado –como, por ejemplo, el hecho de que la policía federal y el Ejército estaban al corriente y presenciaron los hechos, algo que las instituciones habían negado hasta entonces.

“Se lo señalamos al Estado desde el principio: No es una buena actitud, frente a la verdad, tratar de limitarla y tratar de simular las cosas; a pesar de que la verdad sea incómoda, es mucho mejor reconocerla, discutirla y asimilarla, porque eso va a ser transformador para México”, explica Beristain. “También le hemos dicho al Estado que si este caso no se resuelve, este va a perseguir a México durante muchos años. Además de ser, para los familiares, una herida permanentemente abierta que necesita una respuesta”.

Mirando a su larga trayectoria profesional, Beristain señala reflexiones clave basadas en su trabajo en otros contextos, pero que también se han repetido ahora en México. “Hay dos piernas con las cuales cada uno de nosotros hemos caminado”, cuenta el médico. “Una de ellas ha sido el expediente, la investigación oficial, la revisión, las declaraciones. La otra han sido las víctimas – o sea, la toma de testimonios, los sobrevivientes, la relación con los familiares, la confianza, la credibilidad. Las dos cosas han sido fundamentales”.

Lo que sí ha sido distinto en el caso de Ayotzinapa es el hecho de que el caso ha recibido mucha atención pública, tanto nacional como internacionalmente. “No hemos ejercido una asistencia técnica al uso, limitada a los funcionarios del Estado. El caso ha producido un gran impacto no solo para los familiares: el caso es una herida en México, en la historia de México, y en la sociedad mexicana”. Eso llevó a los expertos a desarrollar una política de comunicación pública desde el principio.

“Es una verdad que tiene que irse asimilando en el propio proceso. No se puede esperar a tener un informe final en el que uno va a sacar todo y esto va a hacer que esa verdad se asimile, sino que el proceso es parte de ese trabajo. Así como a veces una comisión de la verdad tiene audiencias públicas, y en ellas se discuten casos para hacer que esos casos se conozcan y se vayan asimilando, pues nosotros hemos tratado de mantener también una política pública de comunicación para dar cuenta del resultado de nuestro trabajo”, comenta Beristain.

En sus recomendaciones generales al Gobierno mexicano sobre las desapariciones en el país, el GIEI nombra muchos de los mecanismos que se han aplicado en procesos de justicia transicional en otros países, como la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, un registro nacional único de víctimas, la promoción de la memoria histórica o medidas de reparación material y simbólica.

El experto opina que la experiencia internacional y en particular de América Latina “es muy relevante para México”. “Pensar ‘eso es algo que pasó en Guatemala, o en la guerra en Perú, pero aquí las cosas son diferentes’, creo que esas formas de minimizar el impacto de lo que está viviendo México y no dejarse tocar por la experiencia de otros países es equivocada”, añade Beristain, quien señala que México “no tiene la experiencia que han tenido otros países en la construcción de muchas de esas herramientas”.

Subraya Beristain: “Los criterios como ‘estos países son diferentes’ o ‘aquí no estamos en un proceso transicional’, que a veces son las formas superficiales de negar la realidad, no deberían ser los elementos centrales del debate. El debate hay que ponerlo en las herramientas construidas en América Latina, mal que bien y con muchas dificultades en diferentes contextos y países, y creo que todo eso tiene que alimentar una discusión en México sobre las políticas públicas frente a la violencia y las violaciones de derechos humanos”.

En cuanto a la investigación de Ayotzinapa, ahora la Corte Interamericana tiene que decidir cuál será el mecanismo de seguimiento internacional que se pone en marcha. “Esperamos que haya una transformación en el propio Estado mexicano que ayude a que esto vaya adelante. Si no hay un cambio en la actitud con respecto a la investigación y los obstáculos, el mecanismo de seguimiento se va a enfrentar con los mismos problemas con que nos hemos enfrentado nosotros y eso sería la peor noticia para el caso y para México”, defiende Beristain.

Aunque para el médico lo más importante son, siempre, las víctimas: “Las víctimas son las que han hecho que el caso siga adelante. Su lucha por la memoria y por la verdad fue la causa de que nosotros llegáramos al país. Consideramos que tiene que haber formas de acompañamiento y reconocimiento a las víctimas en el camino porque son siempre, en este y en otros países, quienes no han dejado que los casos se caigan y quienes han mantenido esa memoria viva que ha tenido, en momentos muy puntuales, efectos transformadores para sociedades enteras”.

FOTO: Una delegación de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en Iguala testimonios de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014, así como con sobrevivientes, familiares de estudiantes heridos en los mismos hechos, y estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. 29 de septiembre de 2015. (Daniel Cima/CIDH)