Unidades especiales, responsabilidades especiales: ¿Cómo pueden los organismos de búsqueda ofrecer respuestas a las familias de los desaparecidos?

8/30/2016

Por Marcie Mersky, Directora de Programas del ICTJ

“Hasta encontrarlos”. Esas son las palabras que expresan, una y otra vez, la decisión, el pesar y el amor de los familiares y amigos de personas desaparecidas a las que se sacó a la fuerza de su casa, su trabajo, un autobús abarrotado o una calle desierta, a menudo por sus supuestas creencias, y cuya captura niegan las autoridades o las fuerzas que se los llevaron, y cuyo paradero y cuya suerte ha sellado el silencio durante años, a veces para siempre. Sin embargo, la voluntad de “encontrarlos” es un compromiso que moviliza y que se reproduce a través de generaciones y geografías.

En las últimas décadas, muchos países se ha llevado a cabo la búsqueda de desaparecidos, siempre por motivos humanitarios y con frecuencia como elemento primordial de la lucha política por la justicia.

“Encontrarlos” no solo expresa la débil esperanza de recuperar a un ser querido o de encontrarlo vivo, también la imprescindible exigencia de que se reconozca el crimen y se pueda acceder a información plena sobre las circunstancias de la desaparición: quién fue su responsable, la suerte del desaparecido y el paradero de sus restos. Conlleva la entrega del cuerpo a sus familiares para que puedan llevar a cabo los ritos funerarios pertinentes, cualesquiera que sean. Y, para muchos, también supone pedir cuentas a los victimarios.

En varios países en los que los Gobiernos se han negado a dar información o a emprender esta búsqueda de manera eficaz, las asociaciones de la sociedad civil se han dotado de cualificación profesional para localizar fosas clandestinas, exhumar restos, realizar análisis forenses para esclarecer las identidades y las circunstancias de las muertes o sus causas, y entregar los restos a las familias de forma digna y respetando sus costumbres culturales. El trabajo de esos equipos de antropología forense, por ejemplo, en Argentina, Guatemala, Perú y Bosnia, ha permitido a miles de familias recuperar los restos de sus seres queridos. Y esa labor ha resquebrajado el silencio y la negación sobre las desapariciones, al proporcionar pruebas fehacientes sobre cómo ocurrieron las muertes. En algunos casos, sus descubrimientos han servido para articular denuncias penales que han conseguido llevar ante la justicia a los responsables de esos terribles crímenes.

En la actualidad, dentro de los procesos de justicia transicional y pacificación que tienen lugar en varios países, observamos una tendencia que está surgiendo gracias a las decididas y constantes reivindicaciones de asociaciones de víctimas y grupos de la sociedad civil. Los Gobiernos están aceptando la creación de organismos especiales que, con mandatos bastante sólidos, busquen a los desaparecidos mientras las comisiones de la verdad y los tribunales trabajan de forma paralela. Todos esos organismos se enfrentan a numerosos problemas, entre ellos uno muy enrevesado: ¿pueden los hallazgos forenses de las comisiones de investigación utilizarse en los tribunales?, ¿cómo y cuándo? Los organismos de Nepal, Colombia y Sri Lanka se encuentran en diversas fases de constitución. En Nepal, la comisión especial lleva trabajando varios meses y ha recibido casi 3.000 denuncias. En Sri Lanka, donde se ha denunciado la desaparición de decenas de miles de personas, la comisión solo existe aún sobre el papel. En Colombia, después del histórico acuerdo de paz alcanzado hace pocos días, el país tendrá la oportunidad de solventar las carencias de iniciativas pasadas que intentaron esclarecer las desapariciones forzadas mediante la creación de una unidad especial.

En todos los casos, el desafío radica en pasar del compromiso formal inicial, de gran importancia, a la obtención de resultados efectivos y dentro de un margen de tiempo razonable. Esas iniciativas deben encuadrarse en un marco definido por las necesidades de los familiares de los desaparecidos, tal como ellos las articulen, así como en su participación, su dignidad y la de sus propios seres queridos. A través de esas iniciativas, los Gobiernos afectados no solo tienen la oportunidad de reflejar su compromiso con los derechos de las víctimas, sino que, al realizar adecuadamente su labor, podrán comenzar a recuperar la confianza de unos ciudadanos que han sido víctimas de un crimen atroz.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nos enfocamos en la lucha por la verdad y la justicia de los desaparecidos en Nepal y Colombia. Las desapariciones forzadas fueron jugaron un papel central en los conflictos internos de ambos países, y los procesos de paz que se han logrado firmar establecen un marco para abordar las necesidades de estas víctimas.

En Nepal, el acuerdo de paz de 2006 estableció las bases de un organismo de investigación, pero diez años después las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas. ¿Hay realmente una voluntad política de responder? En Colombia, el reciente acuerdo de paz incluye la creación de una unidad para la búsqueda de los desaparecidos, pero no es la primera vez que en el país se ha creado una entidad responsable de esa tarea. ¿Cómo podrá Colombia evitar los errores del pasado y trabajar conjuntamente con las víctimas, que hasta ahora han liderado la búsqueda de los desaparecidos?

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nos adentramos en los casos de Colombia y Nepal – cuyos procesos de paz se encuentran en puntos radicalmente distintos – para conocer qué esperan las víctimas de los organismos oficiales encargados de buscar, localizar y entregar a los desaparecidos. Acompáñennos.


FOTO: Dos mujeres miran un poster con imágenes de los desaparecidos durante una ceremonia de recuerdo de los desaparecidos que dio inicio a la exhumación de la fosa común de La Escombrera, en las afueras de Medellín, Colombia. (AP Photo/Luis Benavides)