Caminos hacia la priorización en la justicia colombiana

El primer pánel desarrollado en esta conferencia internacional aportó los primeros elementos de la discusión acerca de la pertinencia de un proceso de selección o priorización en la judicialización de crímenes masivos. Iván Orozco, docente de la Universidad de Los Andes, en Colombia, Dan Saxon, ex miembro del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, y Kai Ambos, profesor de la Universidad de Gottingen, Alemania, presentaron sus consideraciones y experiencia en el tema.

Iván Orozco introdujo la reflexión en torno a la selección de casos a judicializar en Colombia haciendo alusión a la herencia cultural dejada por el Tribunal de Nuremberg, y la manera como ésta influye en la mirada que sobre la justicia de crímenes de lesa humanidad se tiene en Colombia. Según él, el procedimiento judicial de Nuremberg produjo la representación de una separación excesiva entre los campos del victimario y de la víctima. “En la analogía de la dictadura esta separación es muy poderosa”, y está impactando la institucionalidad transicional. Orozco aseguró, además, que la respuesta a las formas de afrontar estas situaciones se da en el ámbito de lo político.

En relación a los procesos de justicia que se adelantan en Colombia, Orozco planteó que esto ha visibilizado la responsabilidad del Estado, como en el caso de los falsos positivos y la parapolítica. “En el mundo de hoy, es insostenible que un Estado haga su defensa bajo premisas en las cuales el Estado tiene el monopolio de la defensa y sus enemigos el de la responsabilidad”, afirmó.

Concluyó su presentación con una propuesta concreta en torno a un mecanismo de selectividad para Colombia. Esta consiste en que al calor de las negociaciones se establezca una mesa con representantes de la Iglesia, los partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, organismos de seguridad, entre otros, donde se negocie la selección de casos. Estos deben ser casos que puedan develar los problemas de los organismos militares y de seguridad, que han sido degradados, con el fin de promover la no repetición de casos.

Por su parte, Dan Saxon presentó los criterios de selección en que se basó el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, cuando en 2003, el Consejo de Seguridad instruyó a los tribunales ad-hoc para concentrar sus energías en la persecución y juzgamiento de los más altos dirigentes sospechosos de ser los máximos responsables de crímenes, y dejar los casos menores en manos de los tribunales nacionales.

Así, el TPI se enfocó en dos categorías de sospechosos: los líderes locales o centrales de los países cuyos militares, estructuras políticas y administrativas han participado en la comisión de graves crímenes internacionales, y algunas figuras clave que han sido particularmente importantes en la campaña criminal, es decir, “autores conocidos”.

En su intervención, Kai Ambos presentó otros criterios de selección, como la calidad y la representatividad del hecho, la representación del sospechoso y su estatus en las fuerzas militares, los más responsables, el interés público en el hecho, la viabilidad de la persecución, la situación probatoria y la capacidad de investigación del órgano de persecución penal, entre otros.

Según él, ningún sistema, ni siquiera el más consolidado, puede investigar todos los hechos punibles cometidos. “Colombia no es la excepción y necesita un mecanismo de selección”, dijo. Sin embargo, la normatividad colombiana es firme en la exigencia de investigación y judicialización de crímenes internacionales, lo que fue controvertido por el profesor Ambos.

Al explicar que en Colombia no se puede aplicar el principio de oportunidad en caso de crímenes internacionales, planteó que el país debería poder aplicar este principio en los casos en que un desmovilizado paramilitar haya incurrido únicamente en la pertenencia al grupo, es decir, en el delito de concierto para delinquir. Al mismo tiempo, Ambos preguntó “¿qué miembro de un grupo paramilitar no participó en crímenes internacionales?”

Según él, Colombia debería estar en capacidad de aplicar el principio de oportunidad en el proceso de alrededor de 19 mil desmovilizados del paramilitarismo que solamente son responsables de pertenecer al grupo armado ilegal.

Fotos: Camilo Aldana
Video: Mauricio Cardona