Casos de estudio

GUATEMALA

Contexto histórico

Entre 1960 y 1996, Guatemala fue devastada por una sangrienta guerra civil. Las principales partes del conflicto eran el Gobierno autoritario y la alianza rebelde izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), liderada por la minoría étnica de los pueblos indígenas mayas y los campesinos ladinos.

Los peores episodios de violencia ocurrieron en los años 80, bajo los Gobiernos del general Romeo Lucas García(1978–1982), el general Efraín Ríos Montt (1982–1983), y el general Mejía Victores entre (1983–1986). Durante este periodo de intensa contrainsurgencia se ejecutaron masacres y tácticas de “tierra quemada” por toda la nación.

El 23 de junio de 1994, el Gobierno de Guatemala y la URNG firmaron un acuerdo para crear la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala (CEH) fue establecida durante el proceso de paz como un vehículo para desvelar la verdad y promover la reconciliación en toda la nación. Al igual que la mayoría de las comisiones de la verdad, la CEH comenzó con la firma de un acuerdo de paz, y a partir de ahí se embarcó en un camino hacia la paz plagado de obstáculos.

El 25 de febrero de 1999, después de dos prórrogas de seis meses, la CEH publicó su informe final.

La comisión de la verdad:

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala (CEH)

COMISIÓN HÍBRIDA COMPUESTA POR

1 COMISIONADO INTERNACIONAL y 2 NACIONALES

LAS OPERACIONES DURARON:

19 MESES

PRESUPUESTO EN DÓLARES:

$9.796.167

TOTAL DE OFICINAS MANTENIDAS:

CATORCE

ENTREVISTAS REALIZADAS:

MÁS DE 7.000

VILLAS VISITADAS:

MÁS DE 2.000

VÍCTIMAS GRABADAS

MÁS DE 42.000

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS ASESINADAS O DESAPARECIDAS

200.000

PORCENTAJE DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR EL ESTADO

93

 

Propósito de la comisión de la verdad:

El acuerdo de 1994 determinó que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico serviría tres propósitos:

1. Esclarecer las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia que tuvieron lugar durante el enfrentamiento armado interno.

2. Elaborar un informe objetivo basado en investigaciones de la comisión acerca de los hechos del conflicto armado.

3. Formular recomendaciones específicas para favorecer la transición a la paz en Guatemala, en particular medidas para preservar la memoria de las víctimas, fomentar un mayor entendimiento cultural en Guatemala, y fortalecer los derechos y las garantías democráticas.

 

Funciones y poderes de la comisión

El acuerdo de paz estableció las funciones y poderes que la comisión tendría para cumplir su mandato:

1. La Comisión recibirá antecedentes e información que proporcionen las personas o instituciones que se consideren afectadas, así como las Partes.

2. Corresponde a la Comisión aclarar plenamente y en detalle estas situaciones. En particular, analizará con toda imparcialidad los factores y circunstancias que incidieron en dichos casos. La Comisión invitará a todos los que puedan estar en posesión de información pertinente a que presenten su versión de los hechos. La no comparecencia de los interesados no impedirá que la Comisión se pronuncie sobre los casos.

3. Los trabajos, recomendaciones e informe de la Comisión no individualizarán responsabilidades, ni tendrán propósitos o efectos judiciales.

4. Las actuaciones de la Comisión serán reservadas para garantizar la secretividad de las fuentes así como la seguridad de los testigos e informantes.

5. Al estar constituida, la Comisión hará pública, su constitución y sede, por todos los medios posibles, e invitará a los interesados a que depositen su información y testimonios.

El informe final de la comisión

“Agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que viven en las cuatro regiones analizadas” — Informe Final de la CEH

El informe fue el resultado de un proceso de investigación complejo que consistió en varios elementos fundamentales, entre ellos:

• Recolección de testimonios de las víctimas y documentación del caso
• Investigación de casos
• Investigaciones sociohistóricas e informes contextuales
• Entrevistas de testigos clave
• Búsqueda de documentos y casos ilustrativos

No se permitió a la comisión atribuir ninguna responsabilidad individual por las violaciones, es decir, nombrar a presuntos autores individuales de crímenes. Por lo tanto, los comisionados se vieron obligados a poner particular énfasis en las responsabilidades institucionales. Esta decisión resultó útil para el esclarecimiento histórico y el derecho a la verdad de las víctimas.

Las conclusiones del informe reconocen que el Gobierno de Guatemala fue el principal responsable de la violencia durante la guerra civil, y de cometer genocidio contra el pueblo maya.

El informe de la CEH también incluyó una evaluación integral del alcance y penetración de la violencia. Esta importante sección contenía una explicación de las causas del conflicto, identificando injusticias históricas profundamente arraigadas y debilidades en las instituciones nacionales.

Las recomendaciones del informe abarcaron todos los aspectos estipulados en el mandato original de la comisión. Además, el informe abordó el establecimiento de un mecanismo para garantizar la implementación de estas recomendaciones.

Desafíos

 

Poderes limitados de la comisión

El acuerdo de 1994 que estableció la comisión limitó sus poderes; en particular le prohibió emitir citaciones judiciales y atribuir responsabilidades individuales en su informe. Asimismo, el acuerdo también estableció un corto periodo de solo seis meses a un año para que la comisión desarrollara su trabajo.

Dudas de la sociedad civil

Los activistas de la sociedad civil tenían sus propias dudas acerca de las limitaciones del mandato de la comisión y la forma en que fue formulado. Los acuerdos que establecieron la comisión surgieron de la discusión entre las partes, sin haber realizado consultas públicas más amplias. Asimismo, el mandato de la comisión no requería un debate o una promulgación adicional por parte del parlamento o de otro ente gubernamental. La comisión, por lo tanto, no tenía ni un decreto ejecutivo ni una ley que cimentara su mandato.

Inseguridad financiera

Si bien la comisión gozó de considerable apoyo y atención internacional, experimentó una inseguridad financiera considerable y escaso apoyo a nivel doméstico. Finalmente, la comunidad internacional aportó más del 90 por ciento de los fondos de la comisión.

 

Logros

 

En general, se considera que la comisión guatemalteca fue un éxito, dado que:

1. recolectó vastas cantidades de información de primera mano de víctimas del conflicto y las procesó de forma efectiva;

2. produjo un amplio informe final que estableció un registro de crímenes y violaciones de los derechos humanos;

3. se ganó la confianza de las víctimas, cultivando que estas sintieran el proceso de búsqueda de la verdad com propio y que sus voces quedaron reflejadas en el informe final;

4. tuvo un impacto a largo plazo en la vida social, política y judicial de Guatemala (a pesar de que el Gobierno no siguió de forma diligente los hallazgos y las recomendaciones de la CEH después de que se presentaron). Por ejemplo, más tarde, en 2003, se estableció un programa de reparaciones para víctimas, y en 2013 el exdictador José Efraín Ríos Montt fue juzgado por genocidio y crímenes contra la humanidad.

 

Logros

 

Comisionados fuertes

“La apertura, independencia de las partes en conflicto, y su voluntad de llevar a cabo operaciones con la máxima transparencia permitida por el mandato culminaron en la presentación del Informe Final en el Teatro Nacional, delante de miles de ciudadanos y representantes del Gobierno y la URNG.”— Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, Las operaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, 41

La elección de los comisionados fue extremadamente afortunada. El presidente de la comisión había sido un experto de la ONU en Guatemala, y ya contaba con el respeto de los defensores de la sociedad civil.

La percepción pública de la comisión fue reforzada por su adopción inmediata de una política de puertas abiertas, garantizando el acceso de los defensores a la comisión y asegurando la participación de la sociedad civil.

La ambigüedad del mandato de la comisión surgido del acuerdo de paz resultó ser una ventaja gracias a las decisiones que tomaron los comisionados, que gozaban de legitimidad. Ofreció amplio espacio para la interpretación de los parámetros de la comisión, lo que exigió un buen juicio por parte de los comisionados.

 

Logros

 

Apoyo internacional

Las operaciones de la comisión recibieron un sustancial soporte logístico, técnico y financiero tanto de la ONU como de la comunidad internacional. Los comisionados tomaron una decisión crucial al inicio solicitando “apoyo de las Naciones Unidas en la búsqueda del mejor mecanismo para diseñar y organizar la estructura de soporte operativo de la Comisión”. En respuesta, en mayo de 1997 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos asumió la responsabilidad de “gestionar fondos de la comisión y su Oficina de Apoyo” (el personal de la comisión).

Gracias a este apoyo de las Naciones Unidas y la apertura de los comisionados a la intervención internacional, la comisión se convirtió en la mayor comisión de la verdad jamás constituida, y recibió expertos de varios programas internacionales.

Lecciones aprendidas

En el contexto de un marco de construcción de paz grande y complejo, las limitaciones y las debilidades registradas al inicio de una comisión de la verdad pueden ser superadas durante las fases de desarrollo y en el trabajo de campo.

En Guatemala, se evitó que el proceso de búsqueda de la verdad se descarrilara o se transformara en algo superficial gracias a las fortalezas personales y profesionales de los comisionados, así como una intensa atención internacional. Al mismo tiempo, la franqueza de la comisión permitió que poco a poco los líderes de la sociedad civil superaran su escepticismo inicial y finalmente decidieran apoyar el proceso.