Casos de estudio

KENIA

Contexto histórico

De 2007 a principios del 2008, Kenia atravesó un periodo de grave violencia poselectoral surgida de la persistencia de conflictos por toda la región, que se remontaban hasta la independencia de Kenia (el 12 de diciembre de 1963).
Había mucho en juego cuando las negociaciones de paz del Diálogo Nacional finalmente comenzaron a finales de enero de 2008. Los frecuentes brotes de violencia amenazaban con escalar a una guerra civil.

La Agenda Comentada y el Cronograma (la Agenda), firmada el 1 de febrero de 2008, dispuso los pasos para resolver la crisis política y para enfrentar las raíces del conflicto. El marco para lograr la paz involucraba los derechos económicos, políticos y civiles. La prioridad del Diálogo Nacional fue lograr la paz inmediata, seguida de la reforma integral.

El 14 de febrero de 2008, las partes del Diálogo Nacional comprometieron a establecer una Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR) como un mecanismo para la reforma y la transición. El acuerdo relevante se tituló Elemento Tres de la Agenda: cómo resolver la crisis política.

Se decidió que la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación sería creada por una ley del parlamento, que serviría como el mandato oficial de la comisión. Las partes decidieron establecer un cronograma de dos años, y un máximo de catorce días desde la presentación del informe final al presidente y su publicación general.

 

Casos de estudio

KENIA

Contexto histórico

 

La Ley de Verdad, Justicia y Reconciliación, el mandato legal estatutario de la comisión, se hizo oficial en 2008 con la aprobación de una ley parlamentaria que establecía un marco legislativo integral para la comisión e implementaba las disposiciones de los acuerdos firmados durante el Diálogo Nacional.

En agosto de 2009, defensores de derechos humanos y grupos de víctimas presentaron una demanda ante el Alto Tribunal keniano con la cual buscaban la disolución de la comisión. La Red de Justicia Transicional de Kenia, una red de organizaciones de la sociedad civil, anunció su separación de la comisión mencionando específicamente las acusaciones contra Bethuel Kiplagat, el presidente de la CVJR, como una razón de peso.

En febrero de 2010, un grupo de antiguos miembros de comisiones de la verdad, liderados por el Arzobispo Desmond Tutu, pidieron públicamente a Kiplagat que renunciara. La vicepresidenta Murungi también pidió públicamente al presidente que renunciara, antes de renunciar ella misma. Todos estos pedidos fueron rechazados. Kiplagat se mantuvo en su cargo.

En abril de 2010, ocho comisionados presentaron una petición al presidente del Alto Tribunal solicitando el nombramiento de un tribunal para investigar si Kiplagat debía ser removido de su cargo. Este tribunal no fue establecido hasta finales de octubre de 2010.

Seguidamente, Kiplagat anunció que se apartaba de sus deberes en la comisión, e interpuso una acción para impugnar la jurisdicción del tribunal. La investigación del tribunal fue suspendida en espera de una decisión acerca de su jurisdicción. En este tiempo, el mandato de seis meses del tribunal expiró; cesó sus actividades sin llegar a un resultado formal. La Corte Suprema se negó a otorgar una extensión.

En abril de 2012, Kiplagat volvió a su antiguo cargo como presidente.

 

La comisión de la verdad:

La Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación de Kenia

COMISIÓN MIXTA COMPUESTA POR:

6 CIUDADANOS NACIONALES Y # INTERNACIONALES

LAS OPERACIONES DURARON:

CASI 4 AÑOS

DECLARACIONES REGISTRADAS:

42.465

SE REALIZARON AUDIENCIAS EN:

TODAS LAS REGIONES

SE RECIBIÓ TESTIMONIO DE:

MÁS DE 680 INDIVIDUOS

SE REALIZARON AUDIENCIAS ESPECIALES PARA:

MUJERES

El mandato de la CVJR

El mandato de la CVJR estableció los tres componentes de la comisión:

1. Búsqueda de la verdad: la comisión buscaba establecer un registro histórico exacto de las violaciones de derechos y abusos que se habían cometido entre 1963 y 2008. La investigación se orientó a las causas de dichas violaciones, así como las perspectivas de las víctimas y los victimarios. La intención era proporcionarle al público una plataforma para contar la verdad, y finalmente entregar un informe accesible.

2. Reconciliación: La comisión ofrecería a las víctimas un foro “para ser escuchados y para restaurar su dignidad”, y a los victimarios “un foro para confesar sus acciones como una forma de brindar reconciliación”. La comisión además haría recomendaciones a las autoridades kenianas, además de la concesión de amnistías a victimarios que hicieran una divulgación completa.

3. Justicia:

Las disposiciones sobre el componente de justicia de la comisión se expresaban únicamente en relación a su autoridad para hacer recomendaciones. La CVJR determinaría las “vías y los medios para reparar a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos” y recomendaría parámetros para el “enjuiciamiento de los victimarios de violaciones flagrantes de los derechos humanos”.

Nombramiento de comisionados

La CVJR estaría compuesta por nueve comisionados: tres extranjeros, elegidos por el Panel de Personalidades Africanas Eminentes, y seis kenianos, elegidos según un proceso de cuatro pasos:

Proceso de selección para La Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación de Kenia

El presidente nombró a Kiplagat como presidente. Poco después, la idoneidad de Kiplagat se vio cuestionada públicamente. Los cargos eran serios: incluían una posible participación en el asesinato del Dr. Robert Ouko, la planificación de la Masacre Wagalia en 1984, y transacciones ilegales o irregulares de tierra.

 

Desafíos

 

Mandato amplio

La Ley de Verdad, Justicia y Reconciliación presentó desafíos que habrían sido significativos para cualquier ente investigativo. La comisión tuvo un mandato extraordinariamente amplio, cubriendo 45 años y un catálogo diverso de violaciones, incluidos crímenes de lesa humanidad, genocidios, desapariciones forzadas, violaciones flagrantes de los derechos humanos e incluso transacciones ilegales de tierra.

Mas allá de las violaciones del derecho humanitario, la comisión también iba a abordar crímenes económicos de trascendencia, en particular “casos grandes de corrupción, e injusticias históricas respecto a la tierra y la adquisición irregular de la tierra” según lo dispuesto en el acuerdo del 4 de marzo. La Ley de Verdad, Justicia y Reconciliación ofreció definiciones de la mayoría de violaciones de derechos humanos cubiertas por la misión, pero no definió los términos relacionados con los crímenes económicos.

Controversia

“La controversia desvió y distrajo la atención y la energía de la Comisión para que ejecutara su misión principal..”—  Informe Final de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación

La Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación se vio envuelta en controversias y acciones legales casi desde el inicio. Sus dificultades más públicas fueron las que se centraron en la credibilidad e idoneidad de su presidente, Kiplagat.

Algunas actividades de comunicación y educación cívica de la CVJR tuvieron que recortarse o descontinuarse frente a las protestas contra Kiplagat. Las víctimas y sus familias se mostraron reacias a ser asociadas con la comisión. Su legitimidad y capacidad para obtener apoyo se vieron erosionadas a raíz de esta controversia.

 

Desafíos

 

Dificultades financieras

Ni los fondos asignados por el parlamento, ni las subvenciones, regalos o herencias aportaron suficientes fondos para satisfacer las necesidades operacionales de la comisión. Debido a la falta de fondos, la CVJR operó sin un secretario general o una secretaría durante su primer año fiscal. En su lugar, fue administrada por el Ministro de Justicia de Kenia hasta julio de 2010. Durante su segundo año fiscal, la comisión volvió a recibir tan solo la mitad del presupuesto propuesto. Una vez más, se pospuso la contratación de personal y se vieron afectadas operaciones esenciales relacionadas con su mandato. La situación financiera de la comisión era tan grave que en ocasiones tuvo que pedir préstamos a los comisionados.

Los problemas financieros socavaron la independencia de la comisión y resultaron en numerosos retrasos operativos. De hecho, la necesidad de encontrar fuentes de financiación independientes para preservar la credibilidad y eficacia de la comisión se discutió durante el Diálogo Nacional. Sin embargo, las partes del diálogo no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo diseñar una comisión con este tipo de financiación.

Falta de voluntad política

En su informe final, la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación encontró que el nivel de voluntad política ofrecida en apoyo a la comisión por parte del Gobierno había sido insuficiente. El informe cita la corrupción, la acumulación de riqueza y la sed de poder como las principales motivaciones de los actores políticos para rehuir las reformas.

Según el informe, la falta de cooperación por parte del Gobierno tuvo un impacto negativo tanto en las “operaciones” de la comisión como en “la percepción pública de su trabajo”.

El informe se ha topado con una fuerte resistencia política y ha sido objeto de impugnaciones en el ámbito judicial por parte de los sectores indignados con sus hallazgos sobre crímenes económicos en los que involucra a líderes políticos del pasado. El Parlamento de Kenia ha debatido el significado último de su obligación de “tomar en consideración” el informe y las instituciones que deben implementar las recomendaciones. La sociedad civil keniana y la comunidad internacional tendrán un rol importante en el monitoreo y la implementación de las recomendaciones.

Logros

 

A fin de cumplir las elevadas expectativas de su mandato dentro de una ventana de tiempo limitado, la comisión redujo el alcance de sus investigaciones. Las violaciones se priorizaron a lo largo de siete contextos específicos:

• La guerra de Shifta (1965–1967)
• Operaciones de seguridad en el sector nororiental, oriental superior y la fosa norte (1963–2008)
• Intento de golpe de Estado (1982)
• Represión a activistas por la democracia y por el sistema multipartidario (1986–1991)
• Confrontaciones étnicas e instigadas políticamente (1991/1992–1997)
• Actividades y represión de grupos (2006–2007)
• Violencia poselectoral (2007–2009)

Así, a pesar de los diferentes obstáculos y de algunas deficiencias, la CVJR fue capaz de presentar un informe final que responde de forma significativa a los elementos clave de su mandato en términos de hallazgos y recomendaciones. Cabe destacar que el informe incluye una detallada evaluación autocrítica del periodo de vigencia de la comisión.

Lecciones aprendidas

 

Acuerdo fundacional fuerte

El Acuerdo que estableció la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación ayudó a proporcionar una base vinculante y una visión moral, garantizando que las partes del diálogo cumplieran con su compromiso de establecer la comisión, alcanzando un objetivo que que muchos kenianos anhelaban desde hacía mucho tiempo.

Mandato poco realista

Las falencias de la comisión se manifestaron en formas muy atípicas. Lo extraordinario y paradójico del caso keniano es que los participantes se las arreglaron para crear una instancia profundamente cuestionada al mismo tiempo que recibían y aceptaban de forma ostensible las mejores prácticas y principios posibles identificados internacionalmente.

El parlamento no produjo un mandato anémico; más bien demostró ser muy intrincado y por lo tanto irrealizable. El mandato de la comisión podría haber apoyado a una comisión eficaz de no ser por factores agravantes como el conflicto entre voluntades políticas, los intereses privados de las élites políticas y el miedo de algunos actores poderosos a ser procesados. Muchos individuos en el poder habían jugado algún papel en los eventos que estaban siendo investigados por la comisión.

Selección de comisionados

Sobre el papel, la Ley de Verdad, Justicia y Reconciliación parece haber proporcionado un proceso de selección adecuado y un procedimiento para abordar las acusaciones de abusos de los derechos humanos por parte los comisionados. Sin embargo, la ley no ofreció ninguna oportunidad para evaluar públicamente a los candidatos nominados, lo cual podría haber evitado el problemático nombramiento de Kiplagat. Asimismo, si se hubieran incorporado motivos adicionales de exclusión de un comisionado, como la no revelación de información, podría haber evitado el largo proceso de desafíos y tribunales jurisdiccionales.