Colombia lleva varios años debatiendo cómo abordar las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de 50 años. El gran volumen de delitos hace imposible procesar caso a caso, como sería típico en la justicia ordinaria. Por esto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal establecido por el acuerdo de paz de 2016, aplica un enfoque macrocriminal para investigar y procesar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) y la Fuerza Pública. Como parte de este enfoque, la JEP agrupa múltiples delitos en “macrocasos”. El propósito es revelar los patrones más amplios de macrocriminalidad (en lugar de centrarse en hechos individuales o aislados) y concentrar la acción penal en los máximos responsables de estos crímenes.
El estudio de la macrocriminalidad es de vital importancia para la justicia transicional y específicamente para lograr la rendición de cuentas después de violaciones sistemáticas y a gran escala de los derechos humanos. La constante evolución de los debates alrededor de esta disciplina informan y mejoran la práctica de la justicia penal en lo que se refiere a atrocidades masivas.
Para incentivar estos debates y ampliar el acceso a las fuentes de conocimiento sobre el tema, el ICTJ tradujo al español por primera vez el ensayo "¿Es criminalizable la política? ", escrito por el criminólogo alemán Herbert Jäger. El ensayo fue publicado originalmente por Nomos Publishing House en 1998 como parte de una colección de escritos sobre política criminal, titulada “¿Política criminal ilustrada o la lucha contra el mal?”. Jäger, fallecido en 2014, es ampliamente considerado un pionero en el estudio de la macrocriminalidad (Makrodelinquenz). Dedicó gran parte de su carrera a lo que describió como “criminalidad cometida por grandes colectivos, aparatos estatales de poder y sistemas políticos muy alejados de la ley”.
En el ensayo, Jäger explica el fenómeno de la macrocriminalidad y cómo lo ha abordado el derecho penal. Aborda la cuestión de si el derecho penal tradicional es adecuado para la investigación y el enjuiciamiento de delitos de nivel macro, como cuando el Estado u otros actores colectivos atacan sistemáticamente a individuos que comparten características comunes. Jäger sostiene que los cargos penales por delitos de nivel macro deberían tener en cuenta el contexto en el que se cometieron y tratar de revelar el modus operandi del aparato criminal en cuestión, ya sea un actor estatal o no estatal. Para ello, describe los tipos de sanciones que se deben imponer en estos casos, así como la estrategia procesal que se debe utilizar. También reflexiona sobre el papel del derecho penal nacional e internacional en el desmantelamiento y prevención de la macrocriminalidad.
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FOTO: En 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a la primera audiencia de reconocimiento del Macrocaso 1 que involucra crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con secuestros cometidos por las FARC-EP. Al crear el caso, la JEP aplicó el concepto de macrocriminalidad. (María Margarita Rivera/ICTJ)
