Don’t miss out on ICTJ's latest news. Subscribe to our newsletter.
Del combate al control territorial: recomendaciones para una política de seguridad adaptada a la violencia contemporánea en Colombia
En Colombia, múltiples actores armados compiten por el control territorial y social a escala local. Sin embargo, la respuesta estatal sigue anclada a un marco estratégico y operativo para combatir organizaciones centralizadas y jerárquicas. Este análisis propone avanzar en una reforma del sector seguridad que proteja efectivamente a la población y el control territorial sostenible, profundice la gobernanza civil y fortalezca las capacidades de investigación, judicialización, prevención y coordinación interinstitucional.
Imagen
Colombia se enfrenta a una fase de violencia sustancialmente diferente a la que la política de seguridad del Estado ha enfrentado durante décadas. La confrontación contrainsurgente ha dado paso a una forma de violencia fragmentada y policéntrica, orientada al control territorial y social, llevada a cabo por múltiples actores armados que compiten por los recursos, las poblaciones y el poder local. Sin embargo, la respuesta del Estado sigue anclada en marcos estratégicos, doctrinales y operativos diseñados para una guerra que ya ha terminado.
Este análisis sostiene que el principal problema de seguridad en Colombia no es la falta de capacidad estatal, sino su desfase frente a la naturaleza actual de la violencia. Persistir en un enfoque centrado en el combate, el despliegue militar y los indicadores tradicionales de éxito limita la protección de las comunidades, reduce la eficacia del Estado y, en algunos casos, contribuye involuntariamente a la reconfiguración de la violencia.
El documento propone un ajuste estratégico del sector de seguridad y defensa para pasar de un modelo predominantemente militarizado a uno basado en la gobernanza estratégica, el control civil efectivo, capacidades investigativas y judiciales sólidas , y una comprensión integral del control territorial. Las recomendaciones están dirigidas tanto a la fuerza pública como a los responsables de la toma de decisiones civiles, y se plantean como decisiones viables de política pública para un futuro gobierno.
