Toda la atención se centra estos días en Guatemala, donde el pasado viernes se consiguió una sentencia histórica: por primera vez, un ex jefe de Estado ha sido condenado por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en cortes nacionales, en el lugar donde los crímenes sucedieron. Un panel de 3 jueces condenó al general retirado Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por tener pleno conocimiento de la masacre de 1.771 ixiles y otras atrocidades que se estaban cometiendo contra la población ixil bajo su mando -como desplazamiento forzado, abusos sexuales y torturas- pero no hizo nada para detenerlas, a pesar de tener el poder para hacerlo.
El ICTJ tuvo el privilegio de entrevistar a uno de los protagonistas de este juicio, el fiscal Orlando López, quien ha representado al Ministerio Público en la acusación del caso de genocidio, y ha tenido la responsabilidad de presentar las pruebas que llevaron a la condena de Ríos Montt.
López admitió que fueron muchos los retos a los que los fiscales debieron hacer frente, com la estrategia de la defensa de retardar el juicio, e incluso intentar que se cancelase. “Fue una batalla entre el Tribunal de Sentencia y la defensa”, explicó López. “Por un lado el Tribunal, tratando de hacer justicia, tratando de cumplir con su función que constitucionalmente está obligado a llevar a cabo, y por el otro lado la defensa, tratando de generar impunidad tratando de que el proceso fuese anulado o suspendido”.
Escuche la entrevista al fiscal Orlando López
[Descargar](/sites/default/files/ICTJ-Podcast-OrlandoLopez-ES-051613.mp3) | Duración: 35:08 min | Peso del archivo: 28.8 MBEl fiscal destacó la colaboración de los querellantes adhesivos, la asociación de víctimas Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), en el proceso. “No fue una contribución sino más bien fue una participación directa entre AJR, CALDH y Ministerio Público”, enfatizó López. “Este es un caso demasiado grande, demasiado complejo. Con la participación activa de los dos querellantes se ha logrado la sentencia de genocidio en Guatemala”.
De forma inesperada, Ríos Montt decidió que quería declarar en el último momento, pero como ya se habían presentado los alegatos finales de la acusación, no pudo ser interrogado. López insistió en que la declaración de Ríos Montt fue una estrategia para ganar tiempo, y que de todas formas, la declaración de un acusado no puede usarse como prueba, así que la estrategia del Ministerio Público, en cualquier caso, hubiera sido no preguntar. Sin embargo, hay muchas preguntas que a López se le quedaron en el tintero: "Si acaso yo hubiese tenido la oportunidad de preguntarle tal vez antes del inicio del debate le habría preguntado por qué derogó la constitución, por qué disolvió el Congreso, quién nombraba y removía a los empleados del organismo judicial (...); por qué él, aparte de ser presidente de la república y comandante general del Ejército, conservó el cargo de ministro de la Defensa; si recibía órdenes y de quién, porque consideramos que por lo menos en Guatemala él no recibía órdenes de nadie, únicamente las impartía; también por qué no ordenó haber investigado los hechos que se estaban suscitando en el área ixil o por qué no lo recondujo".
Para López, el impacto de la sentencia en la sociedad guatemalteca es “muy positivo”. “En Guatemala, tanto la impunidad como la corrupción son dos flagelos que están enraizados y que caminan de la mano”, dijo López, pero con este juicio “se envía un mensaje de no a la impunidad, de que si se pueden juzgar hechos que ocurrieron hace treinta años, se deberían también juzgar o esclarecer hechos que ocurren recientemente”.
Lea el comunicado de prensa del ICTJ sobre la sentencia de genocidio contra Efraín Ríos Montt en Guatemala.
FOTO: El fiscal del Ministerio Público de Guatemala Orlando López en las oficinas del ICTJ en Nueva York. Hannah Dunphy/ICTJ.
