El lunes, 28 de enero, fue un día histórico para Guatemala y para la comunidad del derecho internacional: los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad por una serie de matanzas y otros crímenes cometidos en 1982 y 1983, cuando éste era jefe de Estado de facto de Guatemala. Luego de 36 incidentes presentados por la defensa ante las cortes, el juez B de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez ha reiterado que el proceso debe continuar. Se trata del primer caso de genocidio que será juzgado por una corte nacional en todo el mundo.
Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas. De hecho, muchos activistas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, temían que la Corte de Constitucionalidad concediera la amnistía a Ríos Montt durante el periodo festivo. El presidente del ICTJ, David Tolbert, y varios destacados académicos y profesionales del campo de la justicia transicional escribieron una carta solicitando que no se le aplique. A este caso se sumó la aprobación (y rápida derogación) del Acuerdo Gubernativo 370-2012.
Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala, donde trabajó por 20 años.
Ríos Montt está acusado de genocidio, sin embargo, durante las navidades circularon muchos rumores sobre la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad le concediera la amnistía. ¿Cómo es posible que la Corte de Constitucionalidad, o en realidad cualquier otro tribunal, pueda llegar a barajar una amnistía para crímenes tan graves?
En 1996 se aprobó una ley de amnistía en Guatemala, dentro de los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto interno que se había prolongado durante más de tres décadas. En su momento, la amnistía suscitó encendidos debates. Y aunque en esa época el movimiento de defensa de los derechos humanos se mostró muy en contra de cualquier clase de amnistía, al final en Guatemala se llegó a un acuerdo que hasta ahora ha funcionado.
Ese acuerdo conllevaba una amnistía bastante amplia para los dos bandos del conflicto armado, pero dejando fuera crímenes que según el derecho internacional no pueden amnistiarse. Entre ellos, evidentemente, están los de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Así que hubo cesiones mutuas, pero por lo menos quedó claro que la amnistía no podía aplicarse a crímenes extremadamente graves que según el derecho internacional no son amnistiables. Y en ese sentido fue, hasta cierto punto, una amnistía modélica, porque sirvió para permitir la reinserción y la desmovilización de la guerrilla y también para que avanzara el proceso de paz, pero dejando fuera esos otros crímenes.
Lo que ha ocurrido más recientemente, desde 2009, es que se han producido algunos cambios, sobre todo en el Ministerio Público, pero también en algunas secciones de los tribunales, que se han mostrado más dispuestos a procesar realmente esos casos. Esta tendencia se ha intensificado desde que Claudia Paz y Paz fue nombrada fiscal general a finales de 2010.
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La actitud más decidida de los funcionarios ha hecho avanzar algunos de esos casos. Y el año pasado hubo algunos importantes. Quizá el más complicado sea el de las acusaciones contra Ríos Montt, además del caso de otro general, López Fuentes, que cuando era jefe del Estado Mayor de Defensa firmó una serie de órdenes. Esas órdenes se han recuperado y ahora disponemos de los documentos en los que aparece su firma y avalaban una serie de masacres. |
Resulta irónico que la ley de amnistía sólo haya comenzado a ser objeto de debate público ahora que el sistema judicial tiene fuerza suficiente para actuar. Así que, durante 16 años, a nadie le importó realmente el asunto. Ni al Ejército, ni a los que corren el riesgo de ser juzgados. Pero cuando las instituciones han cobrado realmente fuerza es cuando el tema ha saltado a la palestra.
Así que a lo largo del año pasado, 2012, hubo varios ataques contra la ley en la prensa. Ataques contra la actuación de la Fiscalía General de la República. Ataques contra los activistas que habían denunciado la situación. Y también acciones legales de los abogados defensores poniendo en cuestión la propia ley de amnistía.
Creo que la defensa ha interpuesto 19 recursos para detener el juicio por genocidio contra Ríos Montt y los otros dos acusados, y ha conseguido pararlo. Algunos de ellos son de índole constitucional. Varios ya se han resuelto. Creo que todavía hay cinco pendientes. Y además está otro recurso, de índole constitucional, contra la propia ley.
Esto es lo esencial. A finales del año pasado, por muchas informaciones procedentes de los activistas, pero también de la comunidad judicial guatemalteca, supimos que la Corte de Constitucionalidad estaba a punto de pronunciarse a favor de conceder la amnistía a Ríos Montt, independientemente de cuáles fueran los cargos contra él.
Es muy importante señalar cuándo surgieron esos rumores, porque fue en torno a Año Nuevo, y en cierto modo es tradicional tomar decisiones tan polémicas cuando la gente está en plenas fiestas. Además, hubo otro elemento, el Acuerdo Gubernativo 370-2012, que dictaminaba que la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no iba a aplicarse.
El presidente ha anulado el decreto, que se había publicado el 2 de enero, siguiendo esa costumbre de tomar decisiones importantes durante las vacaciones. ¿Qué importancia tiene el decreto? ¿Acaso la presión política que se ejerce sobre la judicatura es de tal magnitud que podría llegar a inclinar de un lado o de otro la balanza en la Corte de Constitucionalidad?
No quisiera decir categóricamente que eso es lo que está ocurriendo. En diversos momentos, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha sufrido importantes presiones, que en realidad en algunos casos tenían que ver con Ríos Montt, como cuando quiso presentarse a las elecciones presidenciales.
Creo que en tres ocasiones consecutivas la Corte de Constitucionalidad decidió que la Constitución no se lo permitía. En ella hay un artículo que prohíbe ser presidente a quien haya sido jefe de Estado por la fuerza, es decir, quien ha sido un dictador, sin ser elegido, no puede ocupar ese cargo.
| En tres ocasiones la Corte de Constitucionalidad falló adecuadamente, determinando que no podía ser candidato. Después, a la cuarta, sin explicación alguna, decidió que sí. Se presentó a las presidenciales y en esa ocasión fue derrotado. Pero nunca se explicó cómo podía el tribunal haber decidido tres veces en un sentido y a la cuarta cambiar de opinión. Así que ya han pasado cosas así. No sería la primera vez. Evidentemente, Guatemala no es el único país en el que la judicatura sufre presiones en casos de enorme carga política. |
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Pero sí es tradicional que ocurran cosas durante los periodos vacacionales, ya sean intentos de golpe de Estado, muy habituales en la década de 1980 en Semana Santa, como toda clase de decretos como éste durante las Navidades, una época en la que el sistema judicial cierra prácticamente durante un mes. Todo el mundo se va. Es el principal periodo vacacional del año. Y este año, a la gente le preocupaba mucho que la Corte de Constitucionalidad pudiera emitir un fallo sobre la cuestión de la amnistía en esos días. Afortunadamente, no fue así.
Guatemala reconoció la jurisdicción del sistema de la Corte Interamericana, y de ese tribunal en concreto, en 1987. Cuando lo hizo, fue con la salvedad de que el tribunal sólo pudiera entender de hechos ocurridos después de 1987.
Sin embargo, el tribunal, que por supuesto reconoció esa salvedad, no ha dejado de pronunciarse sobre las violaciones relacionadas con esos hechos que siguen hasta la actualidad. Esto incluye casos de desapariciones forzadas, en las que la jurisprudencia del tribunal no tiene dudas respecto a su condición de crimen continuado. Hasta que no se entregan los restos, hasta que no se resuelve el caso, se considera que la situación constituye un crimen continuado.
Y la otra cosa sobre la que el tribunal se ha pronunciado es la denegación de justicia. El Pacto Americano de Derechos Humanos (o Pacto de San José) proclama inequívocamente que el derecho a la justicia es un derecho fundamental. Y al no haberse juzgado esos casos dentro del país, el tribunal no ha dejado de indicar que ha habido denegación de justicia, privación de libertad y todo eso. Lo cual constituye una grave vulneración del pacto. Y que la culpa era del Estado.
Uno tras otro, los Gobiernos han reconocido la jurisdicción del tribunal en esos pronunciamientos, en las sentencias que la corte ha ido dictando con el paso de los años. Pero en este decreto, el Gobierno dice que la Corte ha malinterpretado a Guatemala desde 1987. Lo que se pretendía señalar es que no reconocerían la jurisdicción de la corte en relación con ningún tipo de violación de derechos que esté relacionada con hechos ocurridos anteriormente a ese año.
Así que lo que hace es negar la jurisprudencia del propio tribunal, exigiéndole en realidad que haga caso omiso de su propia jurisprudencia. También decía que ya no iba a reconocer las sentencias de reparación dictadas para casos de crímenes ocurridos también antes de 1987, salvo en el nivel acordado por el plan nacional de reparaciones.
Ha habido sentencias de reparaciones por millones de dólares, que en realidad el Estado ha abonado en varios casos, aunque solían ser cuando había múltiples víctimas. Ahora lo que el Estado decía es que no iba a pagarlas más.
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La comunidad de defensores de los derechos humanos, nacional e internacional, reaccionó de inmediato ante esta situación, a pesar de las vacaciones. Y de hecho consiguió reunirse con el presidente en el plazo de una semana. Por razones difíciles de comprender, el presidente decidió anular el decreto.
Así que me parece que estamos ante un caso claro de equivocación por parte del Gobierno, en el que hubo voluntad de escuchar y de reconocer que había habido un error. |
El debate no ha acabado. Quien, desde dentro del Gobierno, había presionado para que esto ocurriera ostenta el puesto de secretario de la Paz. Antonio Arenales Forno es el que ha estado presionando para que haya una amnistía total, incluido el genocidio, y probablemente también sea el autor del propio decreto firmado por el presidente.
Arenales Forno ha seguido declarando públicamente que así es como la corte debería interpretar la posición de Guatemala. Y, como representa al Estado ante el tribunal, no está claro qué hará cuando vuelvan a plantearse casos problemáticos.
Una cosa está clara: seguiremos pendientes de lo que ocurra en Guatemala; los derechos de las víctimas y la rendición de cuentas son algo capital para nosotros.
Es una situación muy relevante, porque, en concreto, este caso de genocidio es, hasta donde nosotros sabemos, el único en el que una jurisdicción nacional ha hecho un auténtico esfuerzo por juzgar un crimen de genocidio cometido en su propio territorio.
Nuestra organización ha puesto mucho empeño en comprender qué conlleva especialmente la complementariedad. Y aunque Guatemala no ratificó el Estatuto de Roma hasta el año pasado, es muy importante ver en esto un ejemplo muy concreto de jurisdicción nacional que asume su responsabilidad en relación con un crimen contemplado en el Estatuto de Roma. Así que creo que, también para nosotros, para el ICTJ, es muy importante ver cómo se plasma realmente nuestra propia concepción de la complementariedad.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
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FOTO: El general retirado Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, durante una de las vistas judiciales en Ciudad de Guatemala. Por Sandra Sebastián / Plaza Pública.
