Los representantes del gobierno nacional que tienen a su cargo la reglamentación de la ley de víctimas y el desarrollo de la política de memoria, Sergio Jaramillo Caro, asesor presidencial de seguridad nacional, y Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, presentaron sus avances y planteamientos ante los asistentes.

Sergio Jaramillo inició su presentación haciendo énfasis en la necesidad de “aterrizar las medidas que se han consolidado en la doctrina internacional sobre memoria al contexto colombiano, por tratarse de un conflicto de 30 o 40 años”, en el que los actores de violaciones de derechos humanos son múltiples.

Jaramillo expuso que entiende la verdad como una acción de esclarecimiento, “como la respuesta a la pregunta ¿qué pasó?” a la cual se debe una explicación más allá de los debates historiográficos, que satisfaga a las víctimas, y que sea un complemento a la lucha contra la impunidad.

Jaramillo se refirió a la iniciativa que tramita el gobierno actualmente para priorizar y seleccionar los casos que se llevan ante la justicia. Esto –aseguró-, obliga “a dejar casos por fuera, por lo menos en el tiempo y, por lo tanto hay la necesidad de complementar el esfuerzo que se está haciendo por vía judicial con estrategias para el esclarecimiento, para que el proceso tenga legitimidad. Esto nos pone un reto importante en verdad”. Asimismo, afirmó que será necesario definir qué se va a priorizar en esclarecimiento.

Para esto, es necesario definir los criterios que se tendrá en esclarecimiento. Jaramillo sugirió algunos criterios, entre los cuales destacó el criterio de “focalización coordinada”, es decir, que “si vamos a hacer reparación en un lugar, que esto tenga relación con los procesos judiciales y con el esclarecimiento. Debemos establecer una estrategia de esclarecimiento que engrane con la justicia y la reparación”, dijo.

Otro criterio expuesto por el asesor presidencial de seguridad nacional responde a la tensión entre la oportunidad de aprovechar este momento para realizar procesos de verdad, y la dificultad de pretender la verdad, cuando aún el país está en conflicto. Jaramillo considera que si bien la tensión existe y representa límites para los procesos de verdad, hay una exigencia cada vez mayor de las comunidades en materia de reparación, esclarecimiento y justicia. “La visión del presidente Santos es de darle autonomía al Centro de Memoria Histórica, para que sea una entidad empoderada, y que no dejemos pasar las oportunidades”.

Con ese desafío presente, aseguró, “el Centro de Memoria Histórica tiene que resolver cual va a ser la estrategia de verdad”, así como la estrategia de tratamiento y difusión de esta información, considerando que el conflicto sigue vivo. “Vamos a tener oportunidades, pero tenemos que tener claro que tenemos muros”, concluyó.

Por su parte, el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Miguel Samper, afirmó que uno de los principales desafíos de la verdad y la memoria es que “los relatos no sean instrumentalizados para justificar la violencia”, y se pregunta cómo hacer para que los análisis no se vean como propaganda de un sector, o polaricen aún más la discusión. “Es una pregunta que tenemos que hacernos como país y como gobierno, para no generar más espirales de violencia con estos relatos”, dijo.

Asimismo, destacó la necesidad de tener presente que la verdad histórica y la verdad judicial se complementan. “No queremos que la construcción de verdad sea totalmente archivística”.
Se refirió al resultado que se espera de medidas como la ley 1424, que brinda beneficios a los desmovilizados siempre y cuando comparezcan ante el Centro de Memoria Histórica: “no se quiere que la función se concentre solamente en archivar los testimonios de estas personas (. . .)

Las víctimas tienen una verdad que tiene que ser contada. Hay que darles voz y balancear los 19 mil testimonios que se van a revisar”.

Samper indicó también que es necesario preguntarse si “estamos preparados para un ejercicio serio de reflexión que conduzca a una catarsis colectiva sobre lo que sucedió. Desde el gobierno hemos sostenido que esto debe ser un mecanismo para cerrar brechas sociales, de manera que cuando se suscriba un proceso de paz, ese acuerdo se sustente sobre bases sólidas”.

Según él, ese es un argumento fuerte para la reparación, pero que “aplicado a la verdad histórica, cobra matices distintos. Si bien es cierto que la verdad es reparadora en sí misma, algunas narrativas pueden conducir a la revictimización de algunas personas”. Por lo tanto, considera que es necesario definir unos mecanismos apropiados para llevar a que la verdad sea en sí misma un mecanismo reparador y sirva para sembrar las bases para la paz.