Tras dos intensos días de discusiones y ponencias, el evento Memoria, política pública para la transformación terminó dejando claro que la memoria es todavía un ámbito delicado en Colombia y en el que todavía queda mucho por desarrollar. En el turno final de preguntas, tras las conferencias de los expertos internacionales, Camilo González, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, subrayó que en el caso colombiano nos encontramos con “memorias en conflicto, muchas veces antagónicas”. Eso se debe en gran parte al hecho de que el conflicto armado no ha terminado, como muchos de los conferenciantes y asistentes destacaron con preocupación, lo que hace que las memorias tengan una profunda intencionalidad política. “El antagonismo de las memorias no se solucionará con el fin del conflicto interno”, insistió González, quien además abogó por “trabajar la memoria en función de la democracia y la paz”.

La metáfora “batallas por la memoria” fue utilizada por varios ponentes a lo largo de la jornada. Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, criticó el carácter “belicista” de la construcción literaria, y recomendó en cambio el uso de la expresión “trabajos de la memoria”, ya que evoca “trabajo, conflicto pero no belicista, invita a la cooperación”.

Varios ponentes, entre ellos Heeder Soto, de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), pusieron ejemplos de cómo la memoria sigue siendo un terreno de batalla, a veces incluso física en el caso de las agresiones a los sitios de memoria, como ha ocurrido con el Ojo que Llora en Lima.

Los participantes en el evento, principalmente representantes de universidades y de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones de víctimas, desarrollaron discusiones en torno a cinco temas importantes en el proceso de reglamentación de la Ley de Víctimas, que actualmente realiza el gobierno: la creación de un museo nacional de la memoria; la protección de archivos, en especial los documentos del Estado relacionados con la violación de los derechos humanos; el papel de las iniciativas locales y comunitarias en la creación de la memoria nacional; cómo construir una memoria de país en la que poblaciones específicas como la afrocolombiana, la indígena y la de mujeres estén representadas en forma adecuada; la vinculación de los estudios académicos en esta memoria, y la manera como esta va a ser incorporada en la manera de narrar la historia de país en el sistema educativo.

Las recomendaciones presentadas por estas mesas de trabajo fueron entregadas en el evento a los representantes del gobierno nacional Sergio Jaramillo Caro, asesor presidencial de seguridad nacional, y Miguel Samper Strouss, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, quienes tienen a su cargo la reglamentación de la Ley.

Entre estas recomendaciones, se destacan: la inclusión no sólo de la memoria del dolor y la barbarie, sino también de la resistencia; reconocer la orientación sexual y la identidad de género como variables de caracterización de las víctimas como motivo de violencia; la necesidad de establecer una reglamentación en materia de desclasificación de archivos para fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos, e incorporar los estudios de memoria histórica del conflicto armado y de derechos de las víctimas en la educación superior con un enfoque interdisciplinario.

Una de las principales recomendaciones de la sociedad civil allí presente fue enmarcar los procesos nacionales de memoria -los memoriales, los museos, las acciones de memoria- en el derecho a la verdad. De esta manera, garantizar que sean procesos democráticos e incluyentes, en los que se asegure la participación de las víctimas y la sociedad civil, y que lleve el enfoque diferencial.