A continuación reproducimos el mensaje de cierre, elaborado por el director adjunto de Programas del ICTJ, Fernando Travesí:

Si bien en Colombia existe un avance importante de esclarecimiento de la verdad y construcción de la memoria histórica, gracias a la verdad develada en procesos judiciales, como Justicia y Paz, a los trabajos del Grupo de Memoria Histórica y del hoy Centro Nacional de Memoria Histórica, a las iniciativas no oficiales de la sociedad civil a lo largo y ancho del país y a experiencias previas de comisiones de la verdad oficiales que han abordado temas o periodos específicos, aún existe en el país una gran demanda de conocimiento y reconocimiento de la verdad del conflicto armado y persisten importantes déficits de verdad. Hemos escuchado algunos de ellos, como son los que conciernen a la desaparición forzada, e, insistentemente, aquellas relacionadas a las responsabilidades de actores institucionales, políticos y económicos.

Es cierto que el momento de esta conferencia internacional no ha podido ser más oportuno. La firma de un acuerdo en la Habana supondría la creación de una Comisión de la Verdad (la cual ya está mencionada en el Marco Jurídico para La Paz, en la agenda de negociaciones y, en gran medida, ya reclamada y esperada por los colombianos y colombianas). Hemos oído que no se debe adoptar una comisión de la verdad con una actitud mecanicista (es decir, como si fuera una obligación de todo proceso de paz o como si fuera un imperativo legal, como si fuera un formato que se debe replicar) o cegados por la fascinación del mecanismo y por sus mitos. Por eso, conviene realizar una reflexión crítica que abarque varios puntos: por qué es importante abordar y esclarecer la verdad sobre el conflicto armado en Colombia, y qué puede hacer, realmente, una comisión de la verdad por el país que no se haya hecho ya.

Para este análisis conviene pensar en el contexto que, como decía Pablo de Greiff, "nos toca vivir": las oportunidades y riesgos de tener una comisión de la verdad surgida de un pacto político, la complejidad del caso colombiano así como en las experiencias, aciertos y errores de otros países que han abordado procesos similares y han tenido ya su propia experiencia. Las Partes negociadoras en la Habana, antes de pensar en cómo va a ser una comisión de la verdad deben entender claramente qué quieren de ella. Para ello, las partes tienen que conocer y entender qué expectativas tiene la sociedad colombiana y qué puede hacer realmente una comisión. Son estas preguntas claves por las que se debe empezar el análisis, la concepción y, más tarde y cuando eso esté claro y acordado, se puede empezar a pensar en el diseño del mecanismo. Teniendo en cuenta que también hemos oído que no hay una comisión prefecta.

Por la discusión predominante que ha habido hasta ahora, y parecería que la concepción general que se ha mantenido hasta ahora en el país es de una comisión de la verdad en Colombia se ocuparía de un largo periodo de tiempo, de graves violaciones masivas de los derechos humanos y, además de causas estructurales, y otros muchos temas.. a veces, existe incluso la expectativa de que una comsisión colombiana surgida del proceso de paz haga un examen minucioso de cada hecho, de cada caso, de cada víctima, de cada contribución de un perpetrador.

Por lo oído hoy, esa aproximación podría quedar hoy en entredicho. O al menos, señalada con una marca roja de alarma y altro riesgo. La experiencia internacional que hoy hemos oído y que está recogida en el informe que hoy se presenta, señala que aún en el caso de una comisión de la verdad con mandatos amplios y ambiciosos, el esclarecimiento de cada hecho, desde una perspectiva de verdad forense, es imposible.

Hemos oído que una Comisión de la Verdad vive y existe en la tensión entre lo deseable y lo possible. Y que, es más sensato abordarla con un criterio de realidad y no fascinado por su mística: Una comisión de la verdad no es capaz de esclarecer todos aquellos hechos que no se aborden en los tribunales. Transmitir ese mensaje puede crear falsas expectativas y trasladar la lógica de los procesos judiciales ordinarios a un mecanismo no judicial como la comisión. Es importante recalcar y corregir la presunción errónea de que una comisión de la verdad pretende reemplazar a la justicia. No se trata de un valor de transacción para obtener beneficios ni tampoco puede entenderse como un mecanismo residual de los procesos penales.

Es importante destacar que, precisamente, hoy han sido recurrentes las intervenciones que, de distinta manera, ha señalado un enfoque que va más allá de la responsabilidad individual y que un objetivo principal de una comisión de la verdad en Colombia debería develar y esclarecer no tanto responsabilidades individuales, hecho a hecho, persona a persona sino lo que concierne a las responsabilidades colectivas de actores institucionales, políticos y económicos: las causas y consecuencias del conflicto en sus múltiples dimensiones, sus objetivos, motivaciones y estrategias, así como las estructuras de poder que tienen responsabilidad, directa e indirectamente, en el conflicto armado interno más largo del continente americano.

Ha sido igualmente recurrente escuchar que una comisión de la verdad en Colombia debe garantizar la participación más amplia posible. Esto significa dar, por supuesto participación a las víctimas, para la que la participación debe darse en plenas condiciones de seguridad y debe ser reivindicadora y dignificante y debe servir para hacer visibles aquellas víctimas que aún no lo sean. Aun cuando no sea posible esclarecer y analizar todos y cada uno de los hechos, el reconocimiento de las víctimas es un aporte fundamental de la comisión de la verdad a una paz estable y duradera. Pero hemos oído también un matiz interesante hoy y quizá un tanto innovadora en la discusión Colombiana: una comisión de la verdad no es sólo sobre las víctimas, es sobre toda la sociedad. Debe ser capaz de involucrar y lograr la participación de actores directos del conflicto y también de otros sectores de la sociedad a menudo ausentes, lejanos o contrarios a estos procesos. También a aquellos que de una u otra forma han participado y se han beneficiado del conflicto. Se debe prestar atención a sectores usualmente ajenos a estos procesos. A romper los límites habituales y alcanzar a involucrar a toda la sociedad

Escuchando hoy, uno no puede sino concluir que una comisión de la verdad no es un hecho, es un proceso. Que no será el capítulo final de un proceso de esclarecimiento de la verdad sino un capítulo clave que debe dar paso y potenciar a otros muchos. En los casos que hemos oído hoy, las comisiones de la verdad suelen representar una oportunidad única para el reconocimiento y discusión de la verdad en una sociedad. La atención nacional que suscita su creación y el trabajo que despliega es una oportunidad para que la sociedad confronte su pasado. Un momento catártico, quizá doloroso y difícil pero que debe marcar un punto de inflexión en la sociedad.

Un proceso en el que no debe haber cabida a la negación ni exige el consenso final ni la creación de una narrativa única. Debe ser un proceso colectivo de reconocimiento de hechos y discusión social de aquello que se sabe pero que no se quiere aceptar, de lo que aún no se sabía y de las múltiples responsabilidades de actores institucionales, políticos y económicos, que deben emerger después de décadas de negación. Todo este proceso de la creación y desarrollo del trabajo de la comisión debe y puede ser parte de la actividad reparadora y contribuir a la reconciliación.

La experiencia escuchada hoy apunta a que comisiones con diseños sencillos y operativos obtienen mejores resultados. Grandes y complejas estructuras burocráticas, así como mandatos excesivamente ambiciosos, no logran cumplir con las expectativas que las sociedades depositan en ellas. Hemos escuchado hoy al Presidente del Gobierno y al Alto Comisionado para La Paz, y en el ambiente general resuena, hablar de la oportunidad histórica para que el país alcance La Paz: existen por tanto unas condiciones políticas y sociales propicias que no se deberían dejar pasar y por esta razón, el diseño de la comisión debería permitir ponerla en funcionamiento en un tiempo razonablemente corto una vez firmada la paz.

En Colombia existe una tradición de sofisticación legislativa e institucional que tiende a crear órganos complejos y, a veces, que dificultan su propia operación. Es necesario tener en cuenta los riesgos de esta tendencia en el país a la hora de crear la comsión de la verdad. Es cierto que "no repetir" es más fácil decirlo que hacerlo, por eso es importante subrayar que El mandato debe reflejar las demandas de verdad de la sociedad, pero al mismo tiempo debe ser realista y ejecutable.

Quiero, para finalizar, hacer una mención a otro aspecto recurrente y es el relativo al liderazgo de la Comision de la Verdad. El propio Kofi Annan lo señalaba como uno de los puntos claves. Seleccionar y nombrar los comisionados debe estar guiado por los criterios de independencia y capacidad. El criterio de representatividad demográfica no garantiza necesariamente idoneidad y legitimidad sino que puede reproducir (en el seno de la comisión de la verdad) polarizaciones que se quieren revertir. La comisión de la verdad no puede pensarse como una asamblea de delegados de los diferentes sectores de la sociedad, como un pequeño parlamento.. ya que esto la haría inoperante. Debe haber un elemento homogeneizador entre los comisionados: su profundo compromiso con los derechos humanos y con el mandato de la comisión.

Son muchas las preguntas que el Presidente del ICTJ, David Tolbert, planteaba al principio del día de hoy. Esperamos que, a lo largo de todos las intervenciones, se haya contribuido a darlas respuesta. En nombre de todos los que hemos trabajado para esta conferencia del día de hoy, quiero agradecer a todos los panelistas y moderadores por su participación y a todos y todas ustedes por acompañarnos.